Las leyes no son intocables

La propuesta del grupo parlamentario Vox de modificar la Ley del Mar Menor ha provocado cierta contestación en los medios izquierdistas como si el mero hecho de proponer una reforma legal fuera un delito de lesa democracia. Todas las leyes se cambian y, de hecho, esa es la labor de los parlamentarios en un sistema democrático, donde las normas de obligado cumplimiento cambian para adaptarse a nuevas circunstancias o, en no pocos casos, por cuestiones meramente ideológicas. Ahí tienen a Sánchez, que ha puesto patas arriba el ordenamiento jurídico de España y, además, por la vía del decreto-ley, hurtando el necesario debate parlamentario con el que se enriquecen los borradores elaborados por el Ejecutivo y los grupos que le apoyan.

En el caso de nuestra Ley del Mar Menor es plenamente legítimo que un partido político proponga a la Asamblea Regional la modificación de los artículos que considere oportuno para, tras el debate pertinente, llegar a una votación que otorgue carta de naturaleza a esos cambios o, por el contrario, los rechace.

Nadie debería escandalizarse por que se intente cambiar una ley, salvo que se pretenda que las leyes aprobadas con el voto de los partidos de izquierda deben ser intocables por los siglos de los siglos o hasta que la izquierda lo disponga. En el caso que nos ocupa se trata, además, de una ley elaborada y aprobada apresuradamente para tratar de acallar el clamor popular desatado por las imágenes infames de la mortandad de peces en las orillas de las playas, un documento que, por tanto, no tuvo tiempo material de incluir determinadas apreciaciones o puntos de vista científicos que, con el paso de los años, se han revelado también muy pertinentes.

Por otra parte, estamos ante una norma que, sencillamente, no se cumple, por lo que mantener el engendro jurídico sin afrontar su necesaria actualización es un sinsentido que solo trae perjuicios hacia el bien jurídico que se quiere proteger, en este caso el ecosistema marmenorense.

Por si eso fuera poco, hay un aspecto esencial en que se ha obviado por completo, como ocurre con los vertidos urbanos al mar, un hecho aberrante que a día de hoy sigue ocurriendo a causa del estado deficiente de los alcantarillados o, directamente, de la falta de separación entre las conducciones de aguas pluviales y fecales, lo que provoca que cualquier tormenta haga desembocar en el Mar Menor toneladas de residuos de todo origen y condición.

La ley vigente se centra únicamente en castigar a la agricultura, algo mucho más fácil que afrontar los problemas del Mar Menor en su conjunto porque, en tal caso, PP y PSOE tendrían que explicar en qué se han gastado los millones recaudados con el urbanismo de las zonas ribereñas durante décadas para no haber destinado ni un euro a mejorar los sistemas de alcantarillado y depuración. Esta es una de las grandes cuestiones que aborda la propuesta de reforma elaborada por el partido conservador, que incluye un sano sistema de auditoría anual de infraestructuras para revisar periódicamente las mejoras y avances de los ayuntamientos del Mar Menor en las conducciones y tratamiento de sus aguas residuales.

Si a algún partido le parece mal esa propuesta de mejora puede elaborar su texto alternativo y someterlo al criterio del parlamento regional, cuyos miembros decidirán finalmente por mayoría. Eso es lo que implica la democracia, la posibilidad de cambiar las cosas pacíficamente por la fuerza de los votos. Por el contrario, los vetos apriorísticos como si aquí hubiera leyes intocables es lo que ocurre en otros sistemas, donde unos pocos deciden lo que se puede o no cambiar.

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