¿Hay que expropiar las viviendas vacías para darlas en alquiler? / La propiedad es sagrada

Partamos de un hecho elemental: cualquier ciudadano puede tener su vivienda vacía el tiempo que considere oportuno sin pedir permiso a los políticos, un principio básico sobre el que debería reposar el armazón de nuestro Estado de derecho. Ningún gobernante tiene derecho a hacerse con la propiedad privada de los particulares, salvo en casos extremos debidamente tasados en la ley, pero no, desde luego, para hacer política social con los bienes ajenos como pretende la izquierda en asuntos inmobiliarios.

¿Que el Gobierno considera que hay pocas viviendas en alquiler en España? Pues que incentive a los propietarios para que les resulte atractivo poner en el mercado sus casas improductivas, única manera de que la oferta se amplíe y, en consecuencia, los precios bajen. Pero con el Gobierno sanchista ocurre al revés: todos los incentivos van dirigidos a los delincuentes que se instalan en propiedades ajenas, a los que la actual legislación protege frente a los legítimos propietarios, despojados de su vivienda en muchas ocasiones por la vía de los hechos. En esta situación es lógico que el mercado se restrinja y el precio aumente, como compensación al riesgo que asume el dueño de una casa cuando la da en alquiler.

La izquierda primero provoca un problema y luego amenaza a los ciudadanos con hacérselo pagar, bien con más impuestos, bien arrebatándoles su propiedad. Teniendo claro algo tan elemental, el debate posterior sobre la necesidad o no de regular el mercado de alquiler resulta innecesario. No hacen falta más leyes de vivienda, sino aumentar las garantías de que los dueños de los pisos vacíos no van a sufrir un calvario si el inquilino decide dejar de pagar la renta mensual, que es lo que ocurre ahora.

Los voceros mediáticos del sanchismo vienen esparciendo por las tertulias la idea de que el Gobierno ha de expropiar las viviendas vacías. La propuesta es inaudita en el contexto civilizado de la Unión Europea, pero como esta tropa se ha formado y financiado en los gorilatos caribeños, cree que aquí también puede arrasar con las leyes y costumbres que nos distinguen de la barbarie totalitaria a la que tanto admiran. Pero no es así. Aparte de la fuerte contestación social que surgiría si pusieran en marcha una medida confiscatoria como la que anuncian, los tribunales de justicia rechazarían ese ataque tan zarrapastroso contra la propiedad privada, que no en vano es el primer derecho que todo gobierno democrático tiene la obligación de proteger.

El mercado es sabio y establece sus precios en función de infinidad de factores psicológicos que ningún gabinete de ungidos puede determinar, porque es sencillamente imposible. Son millones las interacciones sociales que se producen cada segundo y, en función de su resultado, los precios y las demás condiciones de esos acuerdos particulares van modificándose. Pretender que el ministro de Vivienda sabe a qué precio tiene que alquilarse un apartamento de 60 metros en el centro de Madrid o un chalet de 500 con parcela en un pueblo de la España profunda es una osadía estúpida que, de llevarse a cabo, solo provoca una mayor descoordinación y no pocas frustraciones.

Otro argumento de los partidarios de que el Gobierno expropie las propiedades de los ciudadanos es que hay casi 200.000 viviendas vacías en España. En efecto, así es, pero lo que no dicen es que en su mayoría están destrozadas o situadas en zonas de baja o nula demanda, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística.

Seguridad jurídica e incentivos fiscales para los propietarios que decidan arrendar sus casas. Lo demás es agravar un problema, provocado, precisamente, por esos mismos políticos.

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