¿Impacto medioambiental o electoral?

El presidente de Repsol admitió hace ya unos cuantos años que antes de acometerse el ‘Proyecto C-10’ de ampliación de la refinería de Escombreras, llegaron a barajar el cierre de la planta. Comentó que hubo dos factores claves para descartar esta opción. Uno de ellos era la vinculación del complejo con Cartagena durante décadas. El otro, la decisión de la Autoridad Portuaria de ampliar la dársena y disponer tanto de más puntos de atraque para los buques como de explanadas para operar y para atraer nuevas inversiones. Aquel proyecto se bautizó como el ‘Superpuerto’. Y así, en lugar de cerrar, la petrolera optó por acometer la mayor inversión industrial en la historia de nuestro país, de unos 3.200 millones de euros, pese a estar inmersos en una de las peores crisis económicas justo en ese momento.

Aventurarnos a analizar las consecuencias para nuestro municipio y para nuestra Región del cierre de la refinería es jugar a la ciencia ficción a la inversa, y no sirve de nada. Lo que sí sabemos es cómo han evolucionado los datos del que muchos señalan como el principal motor de la economía regional, el Puerto de Cartagena. Las estadísticas del último ejercicio de 2023 lo sitúan en el primer puesto en movimiento de graneles líquidos, lo que lo impulsa directamente al cuarto lugar en el tráfico de mercancías en la lista de Puertos del Estado y al ‘top ten’ en la clasificación de los puertos europeos.

A esto hay que sumar que la ampliación de Repsol ya ha atraído a nuevas compañías a Escombreras y que la multinacional española ha transformado su complejo cartagenero en el primero de toda la Península dedicado a la producción a gran escala de combustibles renovables. La nueva planta tiene capacidad para fabricar 250.000 toneladas anuales de combustibles renovables a partir de residuos, como el aceite de cocina usado, que se pueden utilizar en aviones, barcos, autobuses, camiones o coches. De este modo, se evitará la emisión a la atmósfera de 900.000 toneladas de CO₂ al año. Y Repsol también ha contribuido a la recuperación y promoción del patrimonio histórico de la ciudad que tan buenos resultados está dando en la transformación urbana y en las estadísticas del turismo.

No hay que ser un experto ni en microeconomía ni en macroeconomía para saber que cuando una empresa o institución deja de renovarse, de acometer nuevos proyectos, de adaptarse e incluso adelantarse a las situaciones futuras y de invertir para seguir creciendo, no es que se estanque, sino que comienza a decrecer. Y una decisión como dar carpetazo a la construcción de una gran dársena portacontenedores en El Gorguel, sumado a poner piedras en el camino al proyecto Barlomar -que consiste en una nueva ampliación de Escombreras para este tipo de tráfico como paso previo, no como alternativa- no son precisamente buenos augurios para el futuro del puerto. Puede que lo de El Gorguel, cuyos primeros pasos se acometieron hace dos décadas, fuera nuestro cuento de la lechera, con una inversión multimillonaria, unos incrementos del tráfico desorbitantes que, probablemente, nos hubieran llevado a liderar el movimiento de mercancías en España y a situarnos entre los primeros del continente europeo, y con una creación de empleos que habría supuesto un descenso del paro a niveles mínimos en nuestra Región. Lo curioso, lo llamativo y, por qué no decirlo, también lo penoso, es que el cántaro nos lo haya roto el Gobierno central dándole carpetazo al proyecto de El Gorguel precisamente ahora, cuando el auge de nuestro puerto es tal que nos codeamos como iguales con los más importantes de nuestro continente. Quizá habíamos cogido demasiado impulso y avanzamos demasiado a toda máquina y tenían que rajarnos las velas. La excusa han sido las trabas medioambientales, que no digo que no las haya, pero suena más a eso, a una excusa. Porque ojalá los impactos medioambientales influyeran realmente más en las decisiones de quienes gobiernan este mundo que los impactos electorales. Dudo de que un proyecto de estas características impulsado por otras comunidades como Valencia o Andalucía, por no recurrir siempre al País Vasco o a Cataluña, no hubiera salido adelante y estoy convencido de que, al menos, le hubieran prestado más atención. El cuidado del medioambiente, que tan en boga está, para contrarrestar el evidente cambio climático, también va por barrios y, seguramente, y lamentablemente, obedezca más a una cuestión de peso político que a los impactos que pueda acarrear esta o aquella infraestructura. Poco o nada podremos hacer en nuestra querida Región de Murcia mientras las urnas solo aporten diez diputados al Congreso, frente a los 61 de Andalucía, los 48 de Cataluña o los 33 de la Comunidad Valenciana, las tres regiones con las que competimos en la franja mediterránea. Visto así, hasta parece lógico que los sucesivos gobiernos nos desprecien por un puñado de votos. Aquí jugamos en otra liga.

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