Los sindicatos aplauden el pacto y la Croem muestra su "repulsa"

CC OO y UGT consideran que el acuerdo para la investidura alcanzado por el PSOE con Junts y ERC es «plenamente respetuoso con el resultado de las elecciones celebradas el pasado 23 de julio». En un comunicado conjunto, ambos sindicatos se pronuncian sobre el pacto y dicen que «la llamada ley de amnistía puede ser un terreno polémico y resbaladizo, pero es necesario apostar por la normalización de la vida política y social en España y en Cataluña. España necesita recuperar cuanto antes un gobierno en plenas funciones que afronte con sensibilidad social los importantes retos que tenemos como país», defienden.

Ante las reacciones que el pacto alcanzado con Carles Puigdemont ha originado este jueves en la Región, CC OO y UGT responden que «la ciudadanía española ha apostado por una mayoría parlamentaria plural, que refleja la diversidad de nuestro país, y ha rechazado la posibilidad de un gobierno con presencia de la extrema derecha. Rechazamos cualquier intento de inestabilización institucional de nuestro país y, como siempre, seremos corresponsables defendiendo los intereses de las personas trabajadoras en cumplimiento del mandato constitucional que tenemos atribuido». También ven positivas las negociaciones que contemplan la condonación parcial de la deuda ligada al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

Los sindicatos agradecen la constitución de «un gobierno de coalición entre PSOE y Sumar, reeditando una fórmula de gobierno progresista, cuya actividad legislativa deberá apoyarse en una mayoría parlamentaria heterogénea. Para UGT y CCOO, superada la investidura, debe abrirse paso una legislatura llamada a emprender una agenda social y de reformas, y para ello es necesaria la estabilidad parlamentaria».

Por el contrario, la Croem ve «amenazada la unidad de España» con el pacto de investidura. La patronal regional expresa su «repulsa ante una forma de hacer política que antepone intereses partidistas y personales a los generales». Añade que «los empresarios de la Región consideran gravísimo aplicar una amnistía a personas condenadas por delitos contra el Estado».

La patronal acusa al presidente del Gobierno en funciones de incumplir «las más elementales normas de la convivencia que consagra la Constitución Española. No se ha respetado la separación de poderes, deslegitimando al judicial. A cambio, se ha legitimado a un prófugo de la Justicia como interlocutor. Y se ha dado un trato privilegiado a determinados territorios en detrimento de otros». También dice que «el agravio comparativo entre regiones está alcanzando cotas inadmisibles. Se ahonda la diferencia, convertida en algunos casos en abismo, entre comunidades autónomas».