Los afectados por la falta de autorizaciones ambientales temen el cierre de sus granjas

La falta de autorizaciones ambientales para 70 explotaciones porcinas de la Región de Murcia que cambiaron su modelo de producción sin los obligatorios controles puede terminar con el cierre de muchas de estas granjas. La organización Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de la Región de Murcia (UPA) advierte que si la Consejería de Ganadería no autoriza los cambios de orientación productiva a los que dieron el visto bueno hace años, "sería inviable mantener la actividad".

La Consejería permitió que decenas de granjas de cerdos pudieran dedicarse al cebo intensivo de estos animales sin que los expedientes fueran sometidos a una evaluación ambiental ni tampoco lograran una autorización ambiental integrada. UPA ha exigido al Gobierno Regional "soluciones con carácter de urgencia ante la crítica situación a la que se están viendo abocadas" muchas explotaciones ganaderas de carácter familiar, al verse atrapados en una “maraña burocrática”.

La Comunidad autorizó durante años el aumento de cerdos en granjas sin medir su impacto ambiental

Según Carlos Esparcia, Secretario de Ganadería de UPA-Murcia, “los ganaderos afectados, que de forma mayoritaria son propietarios de explotaciones familiares que realizan la producción bajo el sistema de integración, son las víctimas de una situación que ni mucho menos ellos han generado, ya que han ido desarrollando su actividad en base a las diferentes autorizaciones que les legitimaba para ello, bajo una exigente normativa de ordenación. Pero ahora, de forma incomprensible, la administración Regional actúa de una forma que puede desencadenar en la pérdida de un tejido socioeconómico muy importante para la economía de la Región de Murcia, pero, sobre todo, para el medio rural”.

UPA-Murcia recuerda que lleva muchos años reclamando al Gobierno Regional la puesta en marcha de estrategias de planificación y adecuación para el sector ganadero, que permitiera que el desarrollo que estaba experimentando, se hiciera de una forma compatible con aspectos urbanísticos y medioambientales. Pero, a día de hoy, se puede observar que nunca ha habido una voluntad decidida de abordar esta realidad, lo que ha desembocado ahora en que muchos ganaderos se encuentren en una situación de “alegalidad”, poniendo en riesgo el mantenimiento de su actividad. 

La Comunidad admite que autorizó la ampliación de 70 granjas porcinas sin evaluar el daño ambiental

La organización manifiesta que más que “buscar culpables” de esta situación, que hará, si lo estima oportuno, la administración de justicia valorando las decisiones que se tomaron en el pasado, es el momento de definir los mecanismos y actuaciones dentro de la legalidad y con decisión política, acordes a la dimensión e importancia que tiene el sector ganadero en la Región de Murcia.

La gravedad de la situación para estos ganaderos, tanto por la contundencia de las notificaciones administrativas de revocación de las licencias que están recibiendo como por la cuantía económica de los expedientes sancionadores a la que están expuestos, no da margen de espera al sector. Lo que nos lleva a reclamar al Gobierno Regional que, aun estando en funciones, atienda la reivindicación que UPA-Murcia viene planteando de forma reiterada. Esto es, la imperiosa necesidad de establecer un marco jurídico regional que permita desarrollar unas Directrices Sectoriales y un Plan de Ordenación Territorial. “Para UPA, la falta de respuesta pondría de manifiesto la decisión del Gobierno Regional de abandonar a los ganaderos en el laberinto administrativo provocado por la propia Administración”, concluye Esparcia.