La Comunidad autorizó durante años el aumento de cerdos en granjas sin medir su impacto ambiental

Las granjas porcinas no logran escapar del foco de la polémica. El Gobierno de la Región de Murcia autorizó durante años el cambio del modelo de producción a numerosas granjas de cerdos sin estudiar primero qué impactos podía tener sobre el medio ambiente. Al menos desde 2008 y hasta 2020, la Comunidad, saltándose las evaluaciones ambientales, dio luz verde a las peticiones de aquellos ganaderos que reclamaron un permiso para cambiar la orientación productiva de sus explotaciones, es decir, que pasaban de mantener cerdas reproductoras a producir una cría intensiva de animales (cebo). 

La reconversión de las granjas a cebaderos fue el proceso más seguido por los dueños de las explotaciones durante ese periodo de tiempo. Muchos pasaron de tener centenares de madres dedicadas a la gestación de crías a mantener miles de cerdos para engordarlos, un modelo más rentable pero con muchos más animales. Para culminar a nivel administrativo ese cambio, la Consejería de Ganadería debía autorizar esa transformación, tras lo cual hacía oficial ese cambio en el Registro Regional de Explotaciones Porcinas. Únicamente se llevaba a cabo una inspección veterinaria y la elaboración de un informe de Sanidad Animal, que debía ser favorable. Sin embargo, entre los pasos de la Comunidad no estaban los trámites ambientales. 

Los ganaderos debían lograr una autorización integrada y pasar una evaluación de impacto ambiental

No fue hasta 2020 cuando los servicios jurídicos del Gobierno regional advirtieron del error a la Consejería, que llevaba al menos doce años sin exigir las evaluaciones de posibles daños en estos cambios de orientación productiva en las granjas. En concreto, se omitieron dos pasos: el trámite de autorización ambiental integrada y el de evaluación de impacto ambiental. Muchas granjas pasaban de tener entre 300 y 700 cerdas para reproducción a más de 2.000 animales para cebo, lo que supone más espacio, más consumo de agua, más emisiones o más excrementos que gestionar. 

Advertido ese error, la Consejería lleva más de un año revisando de oficio todos los expedientes que autorizó durante los mandatos de Ramón Luis Valcárcel, Alberto Garre, Pedro Antonio Sánchez y Fernando López Miras como presidentes de la Comunidad. Esta revisión implica anular la decisión que tomó el Gobierno sobre autorizar esos cambios, un hecho que ha causado un gran malestar dentro del sector ganadero. Este periódico consultó el pasado miércoles a la Consejería que dirige Antonio Luengo cuántas explotaciones tuvieron luz verde para modificar su modelo de producción, por qué motivo no se iniciaron esos trámites ambientales o qué solución se ha planteado a los ganaderos, sin obtener respuesta por el momento. 

Licencias de actividad

El periodo de tiempo señalado corresponde al de una profunda crisis en el sector ganadero derivada del desplome de la economía a nivel mundial. Los modelos que imperaban en aquella época eran los denominados ‘ciclo cerrado’ o ‘tipo mixto’, donde los ganaderos se dedicaban en su explotación a cubrir la gestación, los partos, la cría y el cebo antes de mandar los cerdos al matadero, o dedicarse al nacimiento y parte de la cría hasta mandar los lechones a otras granjas de engorde o al matadero. Este modelo sucumbió en parte ante la falta de rentabilidad para la mayoría de las granjas en la Región, que apostaron por un sistema integrado, es decir, cada granja cubre una función dentro del ciclo de vida del animal, lo que ha llevado a muchas pequeñas o medianas explotaciones a depender de una gran empresa o una cooperativa. 

Las explotaciones sólo pasaron una inspección veterinaria y un informe favorable de Sanidad Animal

Estas evaluaciones ambientales debían pasarlas, en el caso de cambiar de tipo de producción, aquellas granjas que destinaran a engorde más de 2.000 cerdos. Entre los casos que están siendo revisados hay granjas que pasaron a tener casi 5.000 cerdos. Ahora, la duda que ronda la cabeza de los ganaderos es qué pasará con sus licencias de actividad o si deben someter ese cambio de producción a los dos trámites que se saltó la Comunidad. Esto les obligaría a encargar previamente un informe de evaluación de impacto ambiental para justificar que cumplen con todos los requisitos ambientales, una auditoría que tiene un coste muy elevado para ellos, denuncian. 

La Consejería tampoco ha aclarado si ha tratado este tema con el propio sector, aunque, según ha podido saber esta redacción, ya se han producido distintas reuniones entre ganaderos de varios municipios para hablar del tema. Ellos tratan de alegar que ya obtuvieron los permisos ambientales cuando iniciaron la actividad o, en algunos casos, cuando ampliaron sus instalaciones. Queda por ver qué solución se plantea para un sector que está continuamente señalado.