La Comunidad admite que autorizó la ampliación de 70 granjas porcinas sin evaluar el daño ambiental

El Gobierno regional ha admitido que autorizó la ampliación de ganado porcino en al menos 70 granjas de la Región de Murcia sin medir su impacto ambiental. Este proceso habría afectado a la regularización de más de 200.000 cerdos, ya que se concedieron permisos para pasar de un modelo de cría de cerdas reproductoras a uno de cebo intensivo que implica sumar miles de animales a cada explotación. Todo ello sin pasar por los trámites ambientales que vigilan las emisiones de gases contaminantes, el consumo de agua, la gestión de purines o el control de los nitratos para evitar que dañen el entorno.

En concreto, las granjas que lograron el visto bueno de la Consejería de Ganadería esquivaron la autorización ambiental integrada y la evaluación de impacto ambiental, un hecho del que llegaron a alertar los servicios jurídicos de la Comunidad hace tres años. Las solicitudes presentadas, que discurren al menos entre 2008 y 2020, sólo conllevaron una inspección veterinaria y un informe de Sanidad Animal, para más tarde inscribir su cambio productivo en el Registro Regional de Explotaciones Porcinas, tal y como desveló La Opinión.

La Comunidad autorizó durante años el aumento de cerdos en granjas sin medir su impacto ambiental

El consejero en funciones de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Antonio Luengo, ha señalado al respecto que su departamento está «regularizando y adaptando a la norma actual» las explotaciones. Y es que desde hace más de un año la Consejería ha tenido que revisar de oficio todos los expedientes de cambio de orientación productiva a los que dio el visto bueno sin analizar el impacto ambiental. Esto supone anular directamente las autorizaciones, por lo que cada granja debería ser sometida ahora a una evaluación ambiental, aunque este punto no lo ha precisado el consejero.

Nuevas o por ampliación

La Consejería se ha negado hasta ahora a responder por qué autorizó estos cambios sin los informes ambientales. A consultas de este periódico, el pasado viernes Ganadería especificó que en junio de 2020, tras una consulta a los servicios jurídicos, estos dictaminaron que «tanto la instalación de nuevas explotaciones porcinas, como sus ampliaciones o cambios de orientación productiva que supongan un determinado aumento de plazas, se encuentran sujetos al régimen de autorizaciones ambientales vigente».

Ante ello, los juristas de la Comunidad concluyeron que era necesario comenzar una revisión de oficio de todos los expedientes que se aprobaron «en diversas fechas» (no especifican desde cuándo se está dando el ‘ok’ a estas ampliaciones en las granjas). En total, cuantifican, son 70 casos.

Ocho veces ‘no’ a la ampliación de una granja en Fuente Álamo

Luengo califica este asunto como «complejo» y avanza que «están trabajando en ello» tanto los técnicos de Ganadería como los ayuntamientos, ya que la revisión del expediente afecta también a la autorización administrativa que se concede a nivel municipal. En esta labor, subraya el consejero, también están participando las organizaciones agrarias y las agrupaciones de defensa sanitaria. Algunos de estos expedientes ya han logrado la autorización ambiental, mientras que otros siguen en proceso.

Ganadería defiende que "un procedimiento de cambio de orientación productiva no es una ampliación de la explotación ganadera". Se amparan en que la legislación diferencia lo que es una ampliación de las instalaciones y, en estos casos, remarcan, "no lo es". En estos procedimientos no ha habido, justifican, un modificación de la UGM (Unidad de Ganado Mayor) ni construcción de nuevas naves. Sin embargo, estos casos sí conllevan un aumento del censo en las explotaciones.

Denuncia en Fiscalía

El consejero define la revisión de los expedientes como algo «muy técnico y administrativo», en lo que se está procediendo de forma «sigilosa» pero «ágil». Añade que habrá que esperar a que finalicen estos procesos administrativos para calcular el impacto de la resolución de estos expedientes. Este caso será llevado ante la Fiscalía de Medio Ambiente de la Región de Murcia por Ecologistas en Acción, que aprecia posibles delitos de prevaricación y de daños al medio ambiente.