Ecologistas llevará a la Fiscalía las autorizaciones a granjas sin evaluación ambiental

Ecologistas en Acción ha decidido llevar ante la Fiscalía de la Región de Murcia las autorizaciones concedidas por la Consejería de Ganadería a los titulares de explotaciones porcinas para cambiar el modelo de producción sin haber pasado los controles ambientales. Al menos entre los años 2008 y 2020, los expedientes sobre cambios de orientación productiva, como pasar de la cría de madres al cebo intensivo de cerdos, se tramitaron sin que se midieran los impactos sobre el medio ambiente, tal y como desveló La Opinión la semana pasada.

Estas autorizaciones implicaban dar el visto bueno a una ampliación de la cabaña ganadera de las explotaciones, ya que la mayoría de los casos buscaban pasar a un sistema de cría intensiva de cerdos de más de 2.000 animales. La organización ecologista explica que este tipo de tramitaciones «cambia sustancialmente las condiciones de las granjas», como la capacidad de la misma, el consumo de agua, las emisiones emitidas, la cantidad de purines o generación de otros residuos. «Es como crear una granja nueva pero sin que se evalúen los impactos ambientales.

Por ello, Ecologistas reclamará a la Fiscalía que investigue por qué el Gobierno regional se saltó el trámite de autorización ambiental integrada y el de evaluación de impacto ambiental. En 2020, los servicios jurídicos alertaron de este problema a la Consejería, lo que ha obligado a la misma a revisar de oficios todos los expedientes y a anular las autorizaciones que concedió en su momento. Este departamento del Gobierno regional sigue sin contestar a las cuestiones planteadas por este periódico respecto a estos casos.

«Todos los sectores económicos que se someten a un cambio de orientación productiva deben someterse a estas evaluaciones ambientales». La organización apunta a que estas decisiones que se tomaron durante años en la Comunidad pretendían «no molestar al sector primario» para «tratar de beneficiarlo». Los conservacionistas añaden que este tipo de trámites ambientales son «esenciales» para cuantificar «impactos mucho mayores» sobre el medio natural si la actividad de una granja aumenta por el mayor número de cerdos que alberga. «Estamos hablando de llegar a multiplicar por tres, por cinco o por diez la contaminación que genera una explotación».

La Consejería autorizaba a inscribir los cambios en las granjas en el Registro Regional de Explotaciones Porcinas sin pasar todos los trámites que debían por ley. Únicamente se llevaba a cabo una inspección veterinaria y la elaboración de un informe de Sanidad Animal, que debía ser favorable. Preocupa en la organización la posible llegada al Gobierno regional de Vox en caso de un hipotético pacto con el Partido Popular, ya que creen que se apostaría por rebajar aún más las exigencias medioambientales tras una última legislatura donde se han aprobado varias normas para la simplificación administrativa.