Sánchez, una marioneta de Puigdemont

La democracia española está viviendo uno de los momentos más críticos de su historia. El jueves, día de la infamia, y gracias al voto de una exigua mayoría, se dio en el Pleno del Congreso un paso más hacia la aprobación de la ley de la amnistía. Un verdadero engendro legal que concede impunidad total a golpistas y delincuentes, rompe el principio de igualdad entre los españoles y quiebra el Estado de derecho.

Una ley de amnistía con la que avanza todavía más la arbitrariedad del Gobierno de Sánchez, de un presidente que trabaja solo para la conveniencia de los independentistas. Consiente ser la marioneta de un prófugo de la Justicia con tal de seguir viviendo en la Moncloa.

Una ley que ha empeorado más si cabe con las últimas modificaciones que se han introducido, todas ellas vergonzosas cesiones al independentismo. Ahora se pretende amnistiar absolutamente todo: terrorismo, corrupción, alta traición y lo que haga falta. Hasta las multas que se han impuesto en cumplimiento de la ley de seguridad ciudadana, cuyos intereses, encima, esperemos no tener que pagar entre todos.

No es convivencia, ni justicia, ni democracia, ni reconciliación: es sumisión. Los independentistas ya se han encargado de dejar claro que su próximo objetivo es la autodeterminación, y así lo ha subrayado Junqueras nada más aprobarse la ley en el Congreso. Cabe preguntarle al PSOE qué reconciliación ven en las amenazas del independentismo de volverlo a hacer, y si el próximo paso va a consistir en ceder también al referéndum de una parte de España para decidir el futuro de todos.

Una ley de amnistía que, al contrario de lo que vienen propagando las mentiras del PSOE, ha obtenido un auténtico varapalo de la Comisión de Venecia por rebasar los límites del derecho europeo y vulnerar la independencia judicial y la separación de poderes. Esta ley no pasará el filtro del Senado, ni el de la Justicia, ni el de las instituciones europeas que la tienen que evaluar, ni por supuesto tampoco el de la calle. Desde el Partido Popular seguiremos defendiendo la ley y la igualdad de todos los españoles en todas las instancias.

Pero la arbitrariedad de Sánchez no tiene límites. Ahora, en una nueva vuelta de tuerca, ha decidido contravenir un precepto constitucional, el artículo 134.3 de la Constitución, con su decisión de no presentar unos presupuestos generales del Estado. Decisión que es fruto de la inestabilidad del Gobierno y del chantaje de los independentistas.

Al respecto, cabe recordar sus palabras de hace seis años, cuando exigía a Mariano Rajoy que convocara elecciones si no aprobaba unos presupuestos, porque, aseguraba, «un Gobierno sin presupuestos es un Gobierno que no gobierna nada». Desde luego, si aplicamos este mismo razonamiento, Sánchez debería pensar que su Gobierno ha fracasado, la legislatura se tambalea y que más pronto que tarde habría que convocar a los españoles a las urnas. Pero sin duda estaremos ante uno más de sus muchos ‘cambios de opinión’.

Sea como fuere, se trata de una decisión que perjudica a todos, y particularmente a los ciudadanos de la Región, ya que se suspenden todas las inversiones no periodificadas y comprometidas. Se paraliza cualquier modificación y ampliación, y además se para en seco la nueva financiación autonómica, o la congelación de las entregas a cuenta a las CCAA y a los ayuntamientos.

La renuncia de Sánchez a presentar presupuestos afectará a las obras del AVE, y en concreto la línea a Cartagena. No se podrán iniciar las conexiones ferroviarias de las ZAL, ni la circunvalación de Alumbres, ni la conexión de Lorca con Águilas, entre otras actuaciones. Tampoco se podrán empezar las obras del Arco Norte. Además, los Palacios de Justicia de Cartagena y Molina o las obras de la Comisaría de Alcantarilla no podrán ver la luz. Las obras de la Bahía de Portman o las presas en las ramblas de Guadalentín seguirán durmiendo en el cajón. Castigo sobre castigo a la Región de Murcia.

Por desgracia, estamos ante una nueva demostración de que Pedro Sánchez no defiende los intereses generales, sino sus intereses particulares. Un presidente que tiene por delante, no una legislatura, sino una auténtica agonía, cuya duración depende de lo que diga Puigdemont y de lo que calle el señor Ábalos. Frente a la inestabilidad e incertidumbre que encarna un Sánchez acorralado por la corrupción política y económica, el Partido Popular, de la mano de Alberto Núñez Feijóo, representa la estabilidad, la solvencia, la defensa de la igualdad y del interés general de los españoles, la esperanza y la ilusión por el futuro de España.

Suscríbete para seguir leyendo