¿Son imparciales los medios públicos? / Hay que cerrarlos todos

¿Que las televisiones y radios públicas están al servicio del poder? Me pinchan y no sangro. Pero es que, a estas alturas, se da por hecho que los medios públicos de comunicación siguen las consignas del gobierno del que dependen, lo que da como resultado el ofrecer a sus audiencias una parte pequeña de información y otra, cada vez mayor, de propaganda. Y nadie se escandaliza, porque es lo normal.

Esta utilización partidista de los medios públicos se pone aún más de manifiesto cuando surgen casos de corrupción o un político acaba procesado. Si se trata del partido que ejerce el poder, el tratamiento de estos asuntos en sus medios de comunicación puede llegar a extremos realmente bochornosos. Ejemplos los hay a patadas y si no, basta con poner cualquier televisión autonómica cuando surge un escándalo político: solo viendo cómo lo presentan, uno puede deducir, sin el menor temor a equivocarse, de qué partido se trata. En Murcia, como en todos los sitios, también hemos tenido ejemplos recientes de burdas manipulaciones periodísticas al servicio, en este caso, del PP.

La existencia de medios públicos de comunicación es un anacronismo que carece de justificación en la era de las telecomunicaciones. En los albores de la industrialización solo el Estado podía poner en marcha mastodontes televisivos y radiofónicos capaces de llegar a todos los rincones de la geografía. Pero eso cambió radicalmente con la irrupción de las nuevas tecnologías, que ofrecen al consumidor un abanico casi inabarcable de opciones de ocio televisivo, radiofónico y por internet. En la situación actual, la existencia de RTVE y de las radios y televisiones regionales, emporios mastodónticos financiados con el erario, es un atentado contra la verdadera libertad de información, un caso de clara competencia desleal contra las emisoras privadas y un insulto al contribuyente, que tiene que financiar estos paquidermos politizados quiera o no.

El servicio público del que alardean los políticos para presumir de los medios que controlan es, en realidad, el servicio privado del partido con cargo al bolsillo de los ciudadanos. 

La libertad de prensa y el derecho a recibir una información veraz ya se sustancia en los medios privados de comunicación, los únicos que ejercen (o deberían ejercer) un adecuado control de los poderosos en un sistema democrático. Los medios dependientes del Estado y sus chiringuitos afines son, simplemente, mecanismos para contrarrestar las opiniones libres y las informaciones veraces, fabricando noticias al dictado de los que mandan en el cotarro. Es decir, todo lo contrario de lo que debería ser un medio de comunicación veraz.

Pero es que las televisiones públicas ni siquiera aspiran a cubrir esa cuota de información neutral que, de alguna manera, justificaría su existencia. Al contrario, su programación diaria está trufada de espacios infumables destinados al espectador con encefalograma débil, que tiene todo el derecho a disfrutar de ese forraje catódico, pero en las televisiones privadas, que para eso están. ¿Han visto la parrilla de La 7? ¿Han tenido los arrestos de ver, siquiera un minuto, de algunos de sus programas en horario estelar? Háganlo y verán cómo no hay mejor argumento para pedir la cancelación de la concesión pública y ahorrar el dineral que todos los murcianos gastamos en el engendro.

Pero no se trata solamente de una televisión autonómica o una radio pública regional cualquiera. Hay que cerrar todos los medios de comunicación dependientes de los organismos públicos. Si los políticos quieren propaganda, que la paguen con el dinero de sus afiliados y dejen de insultarnos diciendo que ellos defienden unos medios públicos imparciales y de calidad.

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