Opinión | La Feliz Gobernación

En la oposición Vox vivía mejor

Vox gobierna, pero no gobierna lo que quiere gobernar. Y sus electores, junto a los grupos de presión que los Representan, se dan cuenta. Votaron a Vox para crear disrupciones en la política del PP, no para confirmar el estatus precedente

Ilustración de Leonard Beard.

Ilustración de Leonard Beard.

¿Cuándo empezaron a desinflarse los partidos que venían a corregir el bipardidismo? Pueden localizarse distintos puntos de inflexión, pero todo análisis pasará por admitir que el inicio de su decadencia se registra a partir del momento en que se incorporan a la gobernación. 

Ciudadanos se desmoronó desde dentro de los Gobiernos territoriales, con origen en el de Murcia, después de crecer en una primera fase en la oposición, cuando se negaba a tocar poder y prefería manejarse mediante pactos parlamentarios. Podemos no ha levantado cabeza desde que Pablo Iglesias cumplió efímeramente su ilusión de ser vicepresidente del Gobierno, hasta el punto de que el partido que aspiró alguna vez a dar el sorpasso al PSOE se encuentra en vías de desaparición. En cuanto a Sumar, basta decir que no es un partido y tiene una existencia frágil, una armonía interna precaria y un liderazgo providencial, es decir, su solidez se presta al pairo de los vientos. Por lo que respecta a Vox, su coalición autonómica y municipal con el PP no parece proporcionarle mejores expectativas que las que alimentó cuando funcionaba desde fuera como partido testimonial de la ‘derecha sin complejos’. 

En Vox observan cómo han venido siendo afeitadas las barbas de los otros satélites y no parecen dispuestos a poner las suyas a remojar. En la Región de Murcia están en el Gobierno, forman coalición con el PP en importantes Ayuntamientos, y disponen de un nutrido Grupo Parlamentario que los sitúa como tercera fuerza política, pero esta buena salud puede acabar siendo el principio de su decadencia si se resignan a ser una simple apoyatura del PP

En la Región de Murcia, Vox es víctima de una hábil envolvente de López Miras. Éste aguantó la decisión de incorporarlos al Gobierno hasta el último día en que, de no hacerlo, habrían de repetirse las elecciones. De este modo, pudo forzar por la vía exprés un pacto que, aun satisfaciendo formalmente las aspiraciones de Vox, no le entregaba las cartas que pretendía. Con la perspectiva del tiempo es más fácil constatar esta estrategia dilatoria, pues cuando el líder del PP transigió en pactar con Vox ya lo habían hecho el resto de sus colegas en otras Comunidades que, como él, necesitaban a los abascales para cuadrar las mayorías. En último extremo (no había tiempo para más negociaciones bajo la presión del reloj), Vox accedió a la Mesa del Consejo con dos consejerías: Fomento e Interior, esta última con rango de vicepresidencia. 

Pero la cruda realidad es que el cargo de vicepresidente es un pegado postizo, una especie de título nobiliario sin derecho de pernada; que la Comunidad carece de competencias directas en política de seguridad ciudadana, y que Fomento es una consejería muy interesante, sobre todo si dispusiera de los recursos de inversión que se supone que debería tener, pero a Vox no lo votaron sus simpatizantes para arreglar carreteras. En definitiva, Vox está en el Gobierno, sí, pero en funciones que no se acercan a sus políticas referenciales, aquellas que conforman si identidad básica. 

Para Vox resultaría una catástrofe que en las elecciones europeas surgiera una opción alternativa sectorizada en un ámbito, el sector primario, que constituye una buena parte de su respaldo en la Región. Por esto promueven la reforma de la Ley del Mar Menor, a sabiendas de que el PP ‘no dará un paso atrás’ y aun a riesgo de facilitar a éste ajustes a costa de su iniciativa

En cuanto a su papel en los Ayuntamientos, sean cuales sean las competencias atribuidas a sus concejales, su papel es irrelevante, pues la política municipal no es el campo de actuación propicio para un partido definido por una ortodoxia ideológica que tiene miras más altas y para el que la gestión de los asuntos prácticos es hasta una molestia. La tercera pata del poder de Vox, el Grupo Parlamentario, es un quiero y no puedo, pues ha de ser leal al Gobierno y asumir la política del PP so pena de crear fisuras en la coalición. Al menos durante los tres primeros años de legislatura sus nueve diputados están sometidos a la disciplina general que establece la política del Gobierno, dirigido por el PP.  

Así pues, los dirigentes de Vox se han visto atenazados por su propio éxito. Gobiernan, pero no gobiernan lo que quieren gobernar. Y sus electores, junto a los grupos de presión que los representan, se dan cuenta. Votaron a Vox para crear disrupciones en la política del PP, no para confirmar el estatus precedente. La clave del especial arraigo de Vox en la Región deriva de la presión agrícola y ganadera sobre el Mar Menor. Su posición ha consistido en una defensa a ultranza del sector contra todo tipo de restricciones y controles a sus actividades, salvándolo de cualquier responsabilidad sobre los efectos contaminantes de la laguna. Según Vox, los vertidos de los municipios ribereños son los causantes prácticamente únicos de la degradación ecológica de ese ecosistema. Es una visión plenamente coincidente con la de la poderosa Fundación Ingenio, el lobby de las grandes corporaciones de la agricultura intensiva y de las macrogranjas de la comarca cartagenera que arrastra consigo también a pequeños y medianos explotadores. 

Vox actúa en la práctica como correa de transmisión de Ingenio, pero en este núcleo se ha constatado que el partido al que apoya no está resultando un instrumento útil, y se plantea promover para las elecciones europeas una opción netamente agrícola, SOS Rural, al rebufo de las tractoradas que todavía persisten en distintas provincias españolas, un movimiento que en gran parte se ha producido al margen de las organizaciones sindicales del campo que venían controlando el malestar. Un síntoma claro de esa voluntad es que, según algunas fuentes, se le habría ofrecido la cabeza de la candidatura al sevillano Manuel Pimentel, exministro de Trabajo de Aznar, que se viene pronunciando en libros y artículos muy en línea con las reivindicaciones recientes del campo y es un decidido partidario de los trasvases. Aunque por su perfil no parece que el intento de fichaje pudiera tener éxito, el dato es una prueba de que el laboratorio de ideas actúa con inteligencia.

Para Vox resultaría una catástrofe que en las elecciones europeas surgiera una opción alternativa sectorizada en un ámbito que constituye una buena parte de su respaldo, muy especialmente en la Región de Murcia. Por otra parte, en las locales ya pudo constatar que incluso en la zona del Mar Menor su electorado es muy volátil, pues la derecha se decantó por el PP en los municipios ribereños, con la excepción clásica de Los Alcázares, feudo del PSOE. En el sector agrícola es habitual escuchar: «Confiábamos en Vox, pero...». 

Estas son las razones por las que los abascales han decidido reponerse las pilas y han presentado una proposición para reformar la Ley del Mar Menor. Un asunto, tal reforma, que no constaba en el pacto de Gobierno con el PP (si acaso una mención leve a ‘mejorar la ley’) y que, en teoría, cuenta con el rechazo firme del PP. «En el Mar Menor, ni un paso atrás», es el lema que mantiene López Miras. Pero en la tramitación parlamentaria los populares deberán pronunciarse sobre cada uno de los capítulos a reformar y ¿es previsible que rechacen cualquier retoque? Veríamos al PP votando con el PSOE y Podemos contra Vox, su socio de Gobierno. Sería la primera incomodidad gráfica de la coalición, ya en el año inicial de la legislatura. 

La reforma que pretende Vox es sustantiva. Aspira a delegar a los reglamentos las restricciones y controles ahora con rango de ley, que es un modo de hacerlos desaparecer o de adaptarlos con posterioridad a conveniencia: «Haced las leyes, que yo haré los reglamentos», se pronunciaba Romanones. Inicialmente hasta suprimían el Comité Científico, aunque en el texto definitivo lo siguen incluyendo, pues tal vez suponen que facilitan así las cosas al PP. Mientras tanto, el Gobierno de López Miras no respira al efecto. No se pronuncia sobre la idoneidad de la reforma y tampoco critica la iniciativa. Está en stand by. Ni un paso atrás, pero tampoco un paso al frente.

La propuesta de reforma de la ley no llega en el mejor momento. Bruselas acaba de condenar a España por contaminación con nitratos en ocho Comunidades autónomas, entre ellas la murciana. Es cierto que las incidencias que registra la sentencia se refieren al periodo inmediatamente anterior a la aprobación de la Ley del Mar Menor, lo cual permite al Gobierno regional presumir de que con ella ha instrumentado las medidas necesarias para paliar esa dinámica. Pero si en este momento aceptara reformar la ley en los términos que sugiere Vox estaría dando una respuesta improcedente a los dictados europeos. Un acuerdo PP/Vox al respecto, aunque fuera de resultas, no transmitiría la mejor imagen para deducir que se pone coto a la contaminación agrícola. Aunque quién sabe, pues el PP también está condicionado por la presión de las movilizaciones del campo, y en Castilla y León acaba de exigir junto a Vox y por iniciativa de éste la derogación de medidas contenidas en la Agenda 2030 y en el Pacto Verde europeo que considera nocivas para el desarrollo de la agricultura. Lo que es posible en Castilla y León puede serlo también en Murcia. «Ni un paso atrás» puede significar también no retroceder en cuanto a la plataforma reivindicativa de los agricultores.

Y es por esto que en Vox tienen la mosca detrás de la oreja. Sospechan que con su iniciativa de modificar la Ley del Mar Menor tal vez contribuyan involuntariamente a hacerle el juego al PP. Éste no quiere practicar ninguna reforma, o eso dice, pero podría justificar algún retoque con el pretexto de la proposición de Vox, especialmente en lo relativo a la incompatibilidad de las multas por incumplimiento de la ley del Mar Menor con las ayudas de Europa, lo que significa una doble sanción para los afectados. Es decir, el PP podría aprovechar la iniciativa de Vox para suavizar las medidas coercitivas a la vez que rechaza las reformas estructurales que propone su socio de Gobierno. De este modo, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, los populares reformarían la ley en el aspecto que les interesa sin que parezca que corresponde a su iniciativa a la vez que podrían vender que rechazan prácticamente el proyecto de Vox.  

A su vez, a Vox lo que le interesa es proyectar a su electorado la voluntad de reforma, a sabiendas de que el PP no les va a dar esa satisfacción. Así, cada cual juega su papel en una partida que se produce en el delicado espacio de un electorado compartido. 

En definitiva, Vox tiene la necesidad de gesticular para que la confianza depositada en él no se frustre como la de quienes han ido abandonando a otras formaciones tangenciales a los dos principales partidos, PP y PSOE

Moraleja: en la oposición se vivía mejor.  

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