Crónica de un enfado anunciado de los agricultores de la Región

La expresión que mejor representa la situación del sector primario español es ‘Caldo de cultivo’. Hay un ambiente propicio para que el malestar constante que se vive entre agricultores y ganaderos de la Región de Murcia se desarrolle y explote en forma de protesta. Pero, exactamente, ¿qué piden las organizaciones agrarias?

Una de las principales exigencias es la de las cláusulas espejo, es decir, que la Comisión Europea incluya en los acuerdos comerciales con terceros países que importan productos a la Unión las mismas condiciones que piden para los productores comunitarios.

Para ello la Comisión tiene que revisar todos los acuerdos comerciales y exigir la reciprocidad en las importaciones para evitar la competencia desleal, lo que supondría que las producciones extracomunitarias estén bajo los parámetros europeos.

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A la misma vez se pide la creación de un observatorio europeo de importaciones, exigen que la Unión Europea sea un mercado común real, por lo que se tiene que legislar contra medidas proteccionistas nacionales. Consideran que es urgente la aprobación de una ley de agricultura familiar que proteja a este modelo productivo frente a los fondos de inversión y la agricultura industrial.

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Paralizar el pacto verde

Los agricultores opinan que las políticas ambientales de la Unión Europea van «contra el sector» y que la «incesante normativa ambientalista que se impone al sector primario, carente de sentido en muchas ocasiones, está presionado la producción de alimentos». Por ese motivo piden su paralización. Argumento ligado a la modificación de la PAC porque «es posible una Política Agraria Común (PAC) que mantenga la ambición ambiental sin reducir la capacidad de producción y la rentabilidad, simplificando la normativa».

Para ello, tienen que ajustarse los requisitos de los «Ecorregímenes» a la realidad climatológica y productiva de los cultivos del Levante, remarcan. La Ley de la Cadena Alimentaria y su cumplimiento es otro de los caballos de batalla. Para lograrlo, más recursos económicos y humanos para la inspección de oficio, lo que repercutirá en unos precios justos y relaciones comerciales transparentes. Además de la creación de un organismo de control en la Región de Murcia.

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Por último, consideran necesaria una actualización de la Ley del Mar Menor, «manteniendo los objetivos y ambiciones» pero teniendo en cuenta las prácticas agrarias y los avances técnicos que se aplican en su ámbito de aplicación, así como las «conclusiones científicas aceptadas». Sin olvidarse de medidas para paliar la sequía con la seguridad de mantener el trasvase Tajo-Segura.