La huelga de secretarios judiciales atasca los casos de corrupción política de la Región

La huelga de letrados de la Administración de Justicia lleva paralizadas 7.731 actuaciones judiciales en la Región de Murcia. Durante las cuatro últimas semanas, 3.440 juicios y 4.204 diligencias señaladas en los 11 partidos judiciales no se han podido practicar y algunas de ellas ya han afectado a casos de corrupción política. A tan solo tres meses de las elecciones autonómicas y municipales, el retraso de sentencias o declaraciones puede suponer un importante varapalo para los partidos políticos, o bien un regalo para aquellas formaciones que quieran utilizar los asuntos judiciales del contrincante en su propio beneficio.

El próximo lunes, sin ir más lejos, debería comenzar el juicio del caso Novo Carthago, por el que se acusa a dos exconsejeros de la época de Ramón Luis Valcárcel, Antonio Cerdá (Medio Ambiente) y Joaquín Bascuñana (Obras Públicas) de haber recalificado de manera irregular terrenos de la franja del Mar Menor para construir un gran complejo residencial con unas 10.000 viviendas, hoteles y campos de golf. Según el fiscal, Cerdá, único de los dos que se enfrenta a pena de prisión (3 años y medio), «a instancias del Ayuntamiento de Cartagena», ordenó a sus subordinados «manipular» el PORN (Plan de Ordenación de Recursos Naturales) para construir donde estaba prohibido.

El lunes comienza el juicio del caso Novo Carthago: hasta diez años de prisión

Está previsto que el juicio dure dos meses, hasta finales de abril, por lo que un retraso podría implicar que los políticos del PP sigan acudiendo a los tribunales en plena campaña electoral (del 12 de mayo a las 0 horas al sábado 27 a las 0 horas).

El paro no debería suspender la citación de Yolanda Muñoz porque en ese juzgado no se está siguiendo

Más preocupante puede ser la situación para el líder de la oposición el Gobierno regional del PP. El secretario general del PSOE murciano, José Vélez, tenía que haber declarado ante el juez el pasado viernes. Sin embargo, la falta de secretarios judiciales ha obligado a posponer ‘sine die’ la comparecencia. Está acusado de haber cometido un delito de prevaricación administrativa y otro de malversación durante su etapa como alcalde de Calasparra. Según él, se trata de «denuncias falsas» y confía en que saldrá indemne de la imputación. No obstante, eso no pasará sin antes declarar ante el magistrado que lleva su caso. Junto a él, dos concejales del Ayuntamiento del Noroeste también están siendo investigados.

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, llega impoluto a la campaña electoral, pero está por ver cómo llegará la persona que le designó como sucesor en 2017. Entonces, el expresidente Pedro Antonio Sánchez dimitía tras ser investigado por varias causas con la Justicia, como el caso Púnica y el Auditorio. Del último, a pesar de que ya ha sido juzgado, no se conoce la sentencia porque el paro de funcionarios ha impedido notificarla. Más allá de los 19 años de inhabilitación, podría entrar en la cárcel porque el Ministerio Público le pide dos años y tres meses de pena.

Otro expresidente del Partido Popular, Ramón Luis Valcárcel, se encuentra en un escenario muy anterior al de Pedro Antonio Sánchez. Ni siquiera ha comenzado el juicio del caso Desaladora por el que la acusación popular le pide al dirigente popular hasta 13 años de cárcel. En este caso, por cierto, también está procesado Antonio Cerdá.

El caso tiene su origen en una querella presentada en 2010 por el abogado murciano Diego de Ramón a la Fiscalía. Ya entonces afirmaba que se trataba del «mayor escándalo de corrupción» de la Región de Murcia, al suponer un «agujero de 600 millones de euros de deuda para la Comunidad y representar un gasto que oscila entre los 40.000 y los 70.000 euros diarios a las arcas del Gobierno regional».

El juicio del caso Novo Carthago debería terminar, si no hay retrasos, un mes antes de las elecciones

Por otra parte, la titular del juzgado de Instrucción número 1 de Cartagena abrió diligencias hace menos de un mes para que se investigue un posible caso de corrupción en la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC) sobre irregularidades y tratos de favor en determinadas contrataciones. El escándalo acabó con el relevo de Yolanda Muñoz en el Puerto y está prevista su comparecencia ante la jueza este viernes 24. En este caso, parece que sí se celebrará la citación porque en ese juzgado no se está haciendo huelga hasta el momento. El caso puede afectar al PP en tanto en cuanto Muñoz es una dirigente de los populares que fue elegida por López Miras para presidir la APC.

Dada la cercanía de las elecciones, su propio partido en ningún momento mostró intención alguna de arroparla o apoyarla, mostrándole en todo momento la puerta de salida. El portavoz del Ejecutivo de Fernando López Miras, Marcos Ortuño, declaró estar «seguro de que la presidenta de la Autoridad Portuaria tomará la decisión más adecuada» y de que «estará a la altura», dos días antes de su dimisión. Ese mismo día, el Pleno de Cartagena aprobaba una moción en la que se pedía su cese como presidenta del Puerto.

A los populares también les afecta la investigación a Silvia Ruiz, que ha sido elegida recientemente como candidata del partido a la Alcaldía de Alguazas para el 28M. Un juez investiga si pudo haber colaborado con el exalcalde anterior, José Antonio Fernández Lladó, para falsificarle un documento con el que conseguir que Hacienda no le cobrara un recargo del 20% de la deuda que tenía su empresa.

Desde el PP manifestaron entonces que la candidata «está en las mismas condiciones jurídicas que el alcalde de Lorca y que la alcaldesa de Águilas». Efectivamente, ambos regidores socialistas, Diego José Mateos y Mari Carmen Moreno, respectivamente, siguen en calidad de investigados por prevaricación, ya que pudieron haber beneficiado a Cruz Roja en contra de otros potenciales concurrentes para conseguir el contrato del servicio de vigilancia y salvamento en playas del Consistorio aguileño, sin que este nunca se sacara a concurso, sino que se aprobó como un convenio. Mateos está implicado en este asunto porque entonces trabajaba como secretario general de esa Corporación.

Ambos regidores pidieron hace más de dos años que se archive el caso y siguen a la espera de una respuesta.

Los secretarios judiciales, aún en huelga tras 15 horas de reunión con el Ministerio

Caso abierto desde 2005

No parece que la huelga de letrados judiciales pueda afectar al caso Ninette, que data de 2005 y, sorprendentemente, sigue en instrucción pese a que ya hay acusación del Fiscal. El exalcalde de Los Alcázares, investigado, ha visto pasar ya multitud de protestas de los funcionarios de Justicia.

Las relaciones del exregidor con el presunto cerebro del caso Malaya marbellí, Juan Antonio Roca, llevaron a su detención en 2008. Un demoledor informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía concluyó años después que el Ayuntamiento de Los Alcázares engordó facturas municipales de las trabajos de construcción de la Casa Consistorial y del parking subterráneo colindante para financiar obras particulares del ex alcalde socialista, del secretario-interventor Diego Sánchez (fallecido) y del que fuera concejal de Urbanismo Alfredo Blanco.

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