Una semana después de que saltara el escándalo de la presunta trama corrupta en la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC), Yolanda Muñoz, su presidenta, ha dejado de recibir el calor del Gobierno regional. Ni siquiera de los miembros del Partido Popular más cercanos, como Noelia Arroyo, alcaldesa de Cartagena.

Ayer, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, su portavoz, Marcos Ortuño, confió en que Yolanda Muñoz «estará a la altura» de la situación. «Estoy seguro de que la presidenta de la Autoridad Portuaria tomará la decisión más adecuada», afirmó tras reconocer que «es más que evidente que esta no es una situación deseable».

El fiscal Anticorrupción presentó una querella contra ocho miembros de la dirección de la APC tras ver indicios de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, revelación de secretos, falsedad documental y negociaciones prohibidas a los funcionarios en la adjudicación de obras y contratación de personal entre 2015 y 2021 en la APC. El miércoles, la titular del juzgado de Instrucción número 1 de Cartagena ordenó que se investigue tras ver también los mismos indicios de delito que el fiscal.

La directiva no dimite por la presunta trama corrupta e insiste en que todo se realizó "conforme a la ley"

Hace una semana, nada más conocerse la denuncia de la Fiscalía, Ortuño ya marcaba distancias al señalar que «no existe ninguna relación con el Gobierno regional porque la Autoridad Portuaria depende exclusivamente de la Administración General del Estado», si bien es cierto que la gestión de esta institución depende de la administración autonómica, incluido el nombramiento de la presidenta.

Pero el Gobierno regional no es el único que ya ha levado anclas del Puerto de Cartagena. El Pleno del Ayuntamiento de Cartagena pidió ayer la dimisión de la presidenta de la APC, Yolanda Muñoz, investigada por corrupción, tal y como se recogía en una moción presentada por Unidas Podemos IU-Verdes Equo. Eso sí, a la que se añadió una enmienda por parte del Gobierno, incluyendo también la de otros cargos políticos que se encuentran en situación judicial que consideran similar, como es el caso del delegado del Gobierno, José Vélez, y el portavoz del grupo MC Cartagena, José López. «Lo mejor para los intereses de Cartagena es que Yolanda Muñoz se aparte para organizar su defensa frente a las acusaciones», consideraron.

El Gobierno local añadió una enmienda para incluir también la petición de dimisión de José Vélez y José López

La presidenta de la APC no parecía ayer haber captado el mensaje y distribuía un comunicado en el que calcaba sus declaraciones del lunes pasado, afirmando que «todos los procedimientos de la Autoridad Portuaria se realizan conforme a ley, supervisados por informes técnicos y jurídicos y bajo la tutela de la Abogacía del Estado». Además, insistía en que, «hasta la fecha», no ha recibido «ninguna notificación oficial» más allá de lo publicado en prensa. Ni una referencia a cese o dimisión y sí a las dos auditorías, una interna y otra externa, encargadas «que aclaren cualquier atisbo de dudas suscitadas»..