El lunes comienza el juicio del caso Novo Carthago: hasta diez años de prisión

El próximo lunes 27 de febrero comienza el juicio del caso Novo Carthago, por el que el Ministerio Público pide para los acusados hasta diez años de prisión por haber intentado levantar una urbanización de 10.000 viviendas, hoteles y campos de golf sobre 565 hectáreas de suelo no urbanizable por tratarse de un espacio protegido en la franja del Mar Menor.

El fiscal considera que los altos cargos implicados fueron «colaboradores» para recalificar un suelo que formaba parte de un espacio natural protegido. El fin era «que fuera viable urbanísticamente el proyecto Novo Carthago». En concreto, explica que «cada persona emitía un informe en sí mismo insuficiente para aprobar el expediente, pero es la suma de cada informe lo que permitió avanzar y culminar el ilícito proceso de reclasificación».

Entre los acusados se encuentra el consejero de Medio Ambiente de entonces, Antonio Cerdá, como autor de un delito de falsedad en documento público y delito continuado de prevaricación, por el que le piden 3 años y 6 meses de prisión, mismo tiempo de inhabilitación especial para empleo y cargo público y una multa de más de 12.000 euros; Carlos Brugarolas Molina, exdirector general de Medio Natural, como autor de un delito de falsedad en documento público y cooperador necesario en el delito continuado de prevaricación, que se enfrenta a una pena de 3 años y 3 meses de prisión, mismo tiempo de inhabilitación y una multa de más de 7.000 euros; María Antonieta Fernández Cano, asesora eventual del consejero Cerdá, por haber participado en el delito de falsedad de documento público y cooperadora necesaria en el delito de prevaricación, se le piden 3 años y 3 meses de prisión, mismo tiempo de inhabilitación y una multa de más de 9.000 euros.

El Ministerio Público cree que colaboraron para culminar un «ilícito proceso de reclasificación»

El exconsejero de Obras Públicas, Joaquín Bascuñana, y Antonio Alvarado, director general de Calidad Ambiental, se enfrentan a una pena de 6 años y 6 meses de inhabilitación de empleo o cargo público como autores de un delito de prevaricación.

También se enfrentan a 5 años y 6 meses de inhabilitación a José María Ródenas, entonces subdirector de la Dirección General de Urbanismo, Manuel Alfonso Guerrero, exdirector general de Urbanismo y Luis María Romero, asesor de Urbanismo.