Una ley de impunidad para amnistiar la derrota electoral de Pedro Sánchez

Con la aprobación de la ley de amnistía en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, tras nuevas y vergonzosas cesiones a los independentistas, Pedro Sánchez pretende ‘tapar’ la trama de corrupción que implica a su partido y su Gobierno con un acto de corrupción aún mayor: conceder impunidad a golpistas y delincuentes que han cometido actos de sedición, traición, malversación y hasta terrorismo. A tales niveles de degradación de la vida política hemos llegado de la mano de quien irrumpió vía moción de censura prometiendo regeneración y limpieza.

Porque la amnistía no es un paréntesis en la trama de corrupción del PSOE, sino que representa en sí misma la peor de las corrupciones: vender a la nación, quebrar la igualdad y romper el Estado de Derecho a cambio de siete votos que garantizan el sillón de la Moncloa. Ni más ni menos: nos encontramos ante la transacción corrupta de un solo hombre para conservar el poder después de perder las elecciones.

La amnistía no solo va a liberar y dar la razón a quienes se levantaron contra el orden constitucional durante el llamado ‘procés’; también va a perdonar delitos económicos como la malversación, y hasta el 3% de la familia Pujol. Y contra lo que dijeron Sánchez y sus ministros hace apenas un mes, va a incluir delitos de terrorismo y alta traición.

Y es que el PSOE y sus socios han empeorado, todavía más, una ley de amnistía que ya de por sí era injusta, inconstitucional e inmoral, y que de impecable no tenía absolutamente nada. Ahora está plenamente diseñada a la medida de Puigdemont y sus secuaces, y pretende borrar los delitos más graves que existen en democracia, como el terrorismo, la traición al Estado y la corrupción. Cuando el PSOE habla de desjudicializar la política, en realidad lo que hace es crear una casta política por encima de la Ley.

En realidad, en este caso ni siquiera cabe distinguir en el PSOE entre corrupción económica y política: todo es una trama corrupta socialista de favores e impunidad promovida por el sanchismo, que pudre todo lo que toca. Este PSOE de Sánchez asegura que le repugna la corrupción, pero amnistía la corrupción y convive con muchísima facilidad con ella. Proclama que es incompatible con la corrupción, pero su poder está indisolublemente unido a la corrupción.

Un sanchismo que aprovecha las peores crisis para medrar: logró el poder gracias a quienes dieron el golpe de 2017, y ahora empezamos a saber que muchos se llenaron los bolsillos con la peor crisis sanitaria en un siglo. Esa es la razón, y no otra, por la que el PSOE de Sánchez, nada más llegar a la Moncloa, ha colonizado y puesto a su servicio hasta el último organismo y ente del Estado: para asegurarse de que nadie los controla y disfrutar de esa misma impunidad que conceden a sus socios separatistas con la ley de amnistía.

Tras conseguir esa impunidad total que exigían a cambio de la investidura de Sánchez, los independentistas, lejos de moderar sus pretensiones, aseguran que ahora comienza todo, que lo volverán a hacer, y que su próximo objetivo es la autodeterminación. ¿Es esta la distensión y ‘la vuelta a la convivencia’ que Sánchez asegura haber conseguido con sus vergonzosas claudicaciones ante el separatismo?

Bien al contrario, lo que ha logrado Sánchez es envalentonar todavía más al independentismo, que sabe que además cuenta ahora con un marco más favorable que quienes lo intentaron en 2017. Porque a la amnistía se suman los indultos del Gobierno de Sánchez a cabecillas del ‘procés’, y la modificación, al dictado de los independentistas, del Código Penal para rebajar los delitos de malversación y eliminar la sedición. Por desgracia, tenemos un Gobierno que, en lugar de fortalecer y proteger la democracia, pone una alfombra a la impunidad.

En suma, con esta ley de impunidad Pedro Sánchez pretende amnistiar su propia derrota electoral del 23-J, pero los españoles no van a amnistiar su corrupción política. El Partido Popular va a seguir dando la batalla en las instituciones españolas, en Europa y en las calles, frente a una ley contraria, no solo a los estándares democráticos, sino a unos mínimos criterios de moralidad. Continuaremos defendiendo la igualdad de los españoles en los ámbitos jurídico, político y social para devolver a España el Estado de Derecho que se merece.

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