Tumbar el pacto verde es un suicidio

Es complicado comentar las actuales movilizaciones agrícolas cuando muchas de las reivindicaciones que se han puesto encima de la mesa son completamente razonables y muy fáciles de compartir, pero, junto a ellas, se mezcla alguna ciertamente peligrosa. No es posible hacer la media y concluir apoyar o no apoyar las peticiones al conjunto. No es fácil, ni conveniente, simplificarlo.

De entre los problemas con que se enfrenta la agricultura subleva particularmente la indigna diferencia de precios entre lo que un agricultor cobrará por sus productos y lo que costará ese producto puesto a disposición del consumidor. De esta parte de la reivindicación no puede caber la menor duda. La ley de la cadena alimentaria está para cumplirse, y aunque no debe ser nada fácil su vigilancia, es imprescindible reforzarla.

Como tampoco cabe dudar de los escollos de tipo burocrático que enfrentan los agricultores familiares para cumplir los reglamentos o acceder a las subvenciones, o la injusta y brutal presión que reciben los pequeños y medianos productores por parte de las grandes plataformas de distribución alimentaria.

También parece razonable la protesta por el trato diferencial hacia terceros países, aunque aquí hay alguna duda, porque al mundo occidental le interesa que al menos los países más pobres puedan comerciar ventajosamente con nosotros si no queremos arruinarlos definitivamente y lanzarlos a inundar nuestras fronteras. Vean, también, por ejemplo, cómo la reivindicación de los agricultores de los países fronterizos con Ucrania de entorpecer su exportación de cereal puede dar al traste con el apoyo económico de occidente a ese país invadido y castigado.

Sin embargo, hay otra parte de la reivindicación que es mucho más delicada. Se trata de la exigencia de retroceder en las cautelas ambientales que se introducen para la producción agrícola y ganadera a partir del conjunto de normas europeas de lo que se ha llamado el Pacto Verde. Aquí hay que ser claro y valiente. Estas normas son absolutamente necesarias, incluso para que el propio campo europeo sea viable y tenga futuro. Tumbar el pacto verde es suicida. Implica pan para hoy y hambre para mañana, máxime en un escenario de desertificación y cambio climático que es durísimo en el sur de Europa.

Otra cosa es que la transición ecológica en la agricultura y la ganadería tenga que ser más eficaz y justa. No más lenta.

Se trata de diseñar de forma acordada con el sector (en España con sus organizaciones representativas y sensatas como COAG, UPA o ASAJA), una hoja de ruta de ayudas claramente ampliadas, de mejor gestión de la PAC con reparto más favorable a los pequeños y medianos agricultores, de corregir los desajustes que se puedan identificar entre lo que proponen los reglamentos comunitarios y la práctica diaria en las explotaciones agrarias, e incluso cabiendo ciertas excepciones puntuales y limitadas en el tiempo en tanto se acierta a resolver el problema de algún subsector o alguna comarca.

Pero retroceder, sin más, ambientalmente sería también, a la postre, retroceder en opciones de futuro y competitividad real.

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