Atalaya

Crisis de refugiados

Alejandro Mañes

La crisis de los refugiados con la guerra en Ucrania es la crisis humanitaria más grave en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y se añade a una situación de inestabilidad creciente en el mundo. Así no debemos considerarla solo como una crisis de refugiados, pues en realidad es una crisis de solidaridad, que, desde Fundación por la Justicia, entre otras organizaciones, en la convocatoria prevista, «Acceso a la Justicia por Ucrania», para el próximo día 1 de julio, se pretende abordar para facilitar la reparación de los perjuicios ocasionados.

La protección temporal otorgada con motivo de la guerra de Ucrania a los procedentes de este país, garantiza la residencia durante un año, prorrogable hasta tres, a los ucranianos afectados por el conflicto. Pero restan muchos refugiados en estado de verdadera necesidad. La desatención conjunta de la Unión Europea hace que un problema colectivo se resuelva con soluciones individuales. El problema de las identidades, y de sus políticas nacionales, frente al espíritu de Europa, preocupada, desde el principio, más por intereses económicos, que solidarios.

La guerra, iniciada el 24 de febrero de 2022, con la invasión rusa de Ucrania, la hemos sentido más cercana, ya sea por su alta visibilidad en los medios de comunicación, por la proximidad geográfica o por el mayor conocimiento de muchas familias valencianas, acogiendo, desde la tragedia de Chernóbil, 1986, a muchos niños procedentes de aquel país.

Pero en nuestras ciudades siguen presentes realidades que se ignoran. Es la realidad de los «nadie», que dijera Eduardo Galeano, que nadie quiere ver. Son invisibles a nuestros ojos. Personas adultas, familias con menores que viven en estructuras temporales, fábricas en desuso o locales abandonados, allá donde la ciudad cambia su nombre, que dijera Francisco Candel. Recientemente, el pintor Antonio Soto reflejaba con sus cuadros, expuestos en la Casa de la Cultura de Dénia, con fines solidarios, el dolor de sus rostros.

Dramática tragedia ocurrida cuando miles de refugiados tratan de acceder a nuestro continente y, cuando lo consiguen, tras llegar a nuestro país, lo hacen en condiciones deplorables.

Refugiados sin papeles para regularizar su situación, y que acaban siendo ingresados en los Centros de Internamiento para Extranjeros, que el Servicio Jesuita a Migrantes, SJM, analiza en un Informe sobre las diferencias que se generaron, entre unos y otros, en 2022, con el propósito de acabar con el internamiento cautelar como medida lesiva hacia personas que no han cometido delito alguno.

La justificación de cualquier discurso que ignore los derechos humanos, desautoriza a quienes pretenden utilizarlo. Este tipo de explicaciones ha sabido insertarse en un escenario de crisis de solidaridad, que interpreta la presencia de los refugiados en clave de amenaza a la seguridad europea. La ausencia de vías legales, unida al auge de políticas cada vez más restrictivas, penaliza a quienes buscan protección internacional, situándolos, precisamente, en una situación de peligrosidad, para ellos mismos, en la búsqueda de diferentes vías de acceso.

Por ello, resulta imprescindible, con motivo del Día Mundial de los Refugiados, 20 junio, apelar a la responsabilidad compartida, para plantear soluciones reales a la situación de necesidad de las personas que buscan refugio. Soluciones que les auxilien desde los lugares de origen.

Es un imperativo de los derechos humanos, tratarlas con la dignidad que ellos merecen, que nos compromete a todos.

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