La ciudad la hacemos todos

Así es, la ciudad la hacemos todos. Si una urbe aparece limpia es porque hay un servicio eficaz de limpieza, sí, pero sobre todo porque por ella transitan ciudadanos con sentido cívico. Es la unión de una Administración eficaz con una población concienciada sobre la importancia de mantener una ciudad limpia lo que dará como resultado la apariencia de esas poblaciones que llaman en nosotros la atención por su cuido.

Pero la sensación de limpieza no se produce solamente por el estado del suelo de sus calles y plazas, se produce también, por ejemplo, en detalles como la no presencia de cables en las fachadas de las viviendas o colgados en el aire. Porque el avistamiento de cables, que se hace más evidente en los cascos históricos de las ciudades, provoca un impacto visual que muchas veces minimiza la belleza del entorno de los propios edificios, que ven afeadas sus fachadas por la acumulación en las mismas de nudos de cables y, a veces, de apiñadas canalizaciones.

Y comoquiera que la fealdad que aportan en las fachadas y cruzando las calles y plazas es muy evidente, el pasado mes de abril se aprobaba en el Congreso de los Diputados una nueva Ley de de Telecomunicaciones en la que figuraba un artículo destinado a atajar los mencionados nudos de cables y sus antiestéticas canalizaciones para hacer posible que los centros históricos de ciudades, cuya belleza nadie discute, sean liberados de los mismos para realzarlos.

Al hilo de esta Ley, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital asignó a la Región de Murcia un millón y medio de euros de los fondos europeos Next Generation. El objetivo, conceder subvenciones a las comunidades de propietarios de esta autonomía con la finalidad de que se proceda a retirar los cables de las fachadas de sus edificios construidos antes de enero de 2000.

Pues bien, hasta ahora ninguna comunidad de vecinos de la Región ha mostrado interés alguno por recibir dichas ayudas, encaminadas a hacer realidad la retirada del alambraje de las fachadas de los edificios, de las que estas comunidades son responsables. Suena difícil de entender, pero es así. Y seguramente, algunos de los componentes de estas comunidades de vecinos destacan por su capacidad para hacer ruido ante determinadas decisiones de sus gobernantes, olvidando que los ciudadanos, y más si pertenecen a colectivos, tienen, tenemos, una responsabilidad social individual que no es otra cosa que «la conducta ética del ciudadano para consigo mismo y con su entorno, y va mucho más allá del cumplimiento de las obligaciones legales, está relacionada con nuestra actitud en el hogar, con nosotros mismos, con nuestra familia, con nuestros amigos, con el ambiente, con el trabajo» y, por supuesto, con el cuidado y la protección del patrimonio que es responsabilidad de todos, no solo de los dirigentes.

Muchos de los edificios forman parte del acervo artístico y cultural de la ciudad. Y esta Ley refleja la necesidad de proteger ese patrimonio: en este caso, haciendo desaparecer los artilugios. Y no hemos de esperar a que las Administraciones competentes decidan blindar los conjuntos arquitectónicos con la categoría de ‘bien de interés cultural’ (todos ellos no pueden ser reconocidos como tal), para que nos dé la furia de la adecuación de las fachadas a lo que la Ley contiene.

Es ahora, cuando se ofrece la posibilidad de contar con los presupuestos del Estado para adecentar los edificios, para que los cables no crucen de una calle a otra haciendo imposible la contemplación integral del entorno. Pedir que todos los responsables de comunidades de vecinos tengan la suficiente sensibilidad como para valorar estas ayudas quizás seria mucho esperar, pero extraña la ausencia absoluta de sensibilidad hacia la belleza.

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