Luis Alberto Marín, consejero de Hacienda, no ha dimitido, al menos a estas horas. Ni, por supuesto, el presidente del Gobierno regional le ha pedido que lo haga. No somos Gran Bretaña, donde un clamoroso error ideológico de la primera ministra británica, Liz Truss, también a propósito de la bajada de los impuestos a los ricos, como en la Región de Murcia, se tradujo, primero en la destitución del ministro de Economía, y después en la dimisión de la propia jefa del Ejecutivo. Allí, como aquí, quien ocupaba la presidencia era la responsable política de lo que técnicamente había elaborado su ministro. Y todos a la calle. Se llama democracia.
En Murcia nadie asume responsabilidades políticas. El Gobierno lleva a la Asamblea Regional un decreto al que los servicios jurídicos del Parlamento autonómico califican de inconstitucional, no solo en alguno de sus articulados, sino en todo el conjunto de la Ley, de manera que ha de ser retirado íntegramente. Y no hay alguien que dimita. Al contrario. La portavoz parlamentaria del PP para el caso sube a la tribuna para mentir: «Los servicios jurídicos han señalado que esta Ley es mejorable, y la retiramos». ¿Mejorable? Los servicios jurídicos no han dicho que sea mejorable, sino inconstitucional; no es revisable, sino inviable de hecho en toda su intención, en todos y cada uno de sus capítulos. Aseguraba esta portavoz, menudo papelón, que el Gobierno central pretende amputar con su política fiscal la del Gobierno regional, y de ahí el decreto de San Esteban para limitar en nuestro territorio las competencias del Estado. Se olvidaba de que la Agencia Tributaria es un órgano del Gobierno central y de que las atribuciones fiscales de las autonomías no son propias, sino delegadas por el Estado. Se olvidaba de lo que se suelen olvidar los de ERC y los de Bildu, que sin embargo no se atreven a tanto como el Gobierno murciano.
Con patriotas españoles como estos del PP murciano no hacen falta independentistas, pues pretendían fijar leyes autonómicas para impedir la acción del Gobierno de la nación, nos guste más o menos la composición de éste. España es, para el PP de López Miras, una, grande y libre, menos en la Región de Murcia, donde el Gobierno autonómico se salta la Constitución para establecer leyes ad hoc en favor de los sectores sociales potenciales votantes del partido en el poder.
Lo han intentado, y no ha salido. Y se quedan tan frescos. En realidad es imposible que el consejero Marín no supiera de antemano que legislar contra las competencias del Gobierno central es anticonstitucional. Tan tonto no puede ser. Esto lo sabe cualquiera, empezando por el presidente, Fernando López Miras. Por tanto, hay que sospechar que de lo que en realidad se trataba era de enviar un mensaje al establishment social y económico de la Región: lo hemos procurado, pero no nos dejan, de manera que nos lo tenéis que agradecer con el voto como si lo hubiéramos conseguido.
Cierto es que esta operación conllevaba sus riesgos: ver que a un Gobierno se le tumba una ley, no por insuficiencia de la mayoría parlamentaria, sino por abuso ostensible de sus competencias, es un fracaso político de un tipo que se puede considerar como de infantilismo administrativo: si no sabes que hacer esto es imposible ¿cómo te atreves a gobernar?
La ley era inconstitucional desde la primera palabra a la última, y lo sabían tanto el presidente como el consejero antes de que intervinieran los servicios jurídicos (eso debemos entender para no deducir que ambos son incompetentes en sus respectivos oficios), de modo que no cabe pensar otra cosa que pusieran en la balanza el peso de los riesgos: por un lado, enviaban un mensaje a los poderes fácticos que dominan su electorado básico, y por otro calculaban que el varapalo previsible a la ley no les salpicaría políticamente, pues sería aceptado como una incidencia más de su lucha contra el Gobierno de la nación.
Pero si los bajáramos del burro, sería inconcebible que un Gobierno que ha pretendido, a sabiendas, poco menos que un asalto fiscal al Estado pueda irse de rositas sin que alguien tenga que saldar responsabilidades políticas. En las democracias maduras, el que la hace, la paga, aunque el gesto solo afecte a un subalterno que cargue con la temeridad del principal responsable del Ejecutivo.
Si el varapalo jurídico a la iniciativa del Gobierno se produjo al principio de la semana, los de López Miras no se arredraron para mantener su agenda legislativa en favor de los poderes fácticos de la Región, y el jueves aprobaron la llamada ley de simplificación administrativa, elaborada por la CROEM, que no es más que la legalización de los rodeos para sortear los requisitos medioambientales y burocráticos que impiden todavía que cada cual haga lo que quiera, y después ya veremos. Esta iniciativa viene de lejos, desde aquello que llamaron el Arca hasta las desregulaciones que se produjeron durante la pandemia abusando de que el estado de alarma facultaba a los Gobiernos para hacer de sus capas, sayos. Además, algunos de sus enunciados son redundantes en relación a la legislación estatal, como la ley de unidad de mercado de Soraya Sáenz de Santamaría en cuanto a las licencias de las empresas de otros ámbitos territoriales.
Se acercan las elecciones, y hay que cumplir con los sectores que prefieren un Gobierno de la derecha, aunque sigan desconfiando de que ese Gobierno sea manejado por un inmaduro López Miras. Por eso se vienen produciendo gestos sobreactuados que indican voluntad aunque políticamente se traduzcan en torpezas.
En la Región de Murcia se ha instalado, y con bases consistentes, en todos los órdenes del espectro político, que el futuro Gobierno regional se constituirá mediante un pacto entre PP y Vox y que no habrá otra salida salvo que los populares consigan prescindir de sus potenciales socios por alcanzar la mayoría. Esto parece innegable a efectos prácticos, pero si atendemos a la situación real del ejercicio del PP a lo largo de los últimos cuatro años tendríamos que revisar todos los conceptos que tradicionalemente nos han permitido analizar la salud política de los partidos ante las elecciones.
¿Qué tenemos? Dos expresidentes de la Comunidad acosados por la Justicia. Uno, Pedro Antonio Sánchez, en el banquillo, tirando balones fuera a la responsabilidad de los funcionarios del Ayuntamiento que gobernaba, como si éstos hubieran decidido los pasos que había que dar en los proyectos personalísimos del alcalde. Otro, Ramón Luis Valcárcel, a punto de sentarse en él porque la jueza del caso desaladora considera que no podía ser ajeno a las operaciones de ingeniería empresarial con las que su Gobierno pretendió sustituir las funciones de la Confederación Hidrográfica a través de un Ente Regional del Agua para impulsar artificialmente y dar sostenibilidad sobre el papel al sector del ladrillo.
A efectos públicos, esta secuencia haría desconfiar a cualquiera sobre la gestión histórica del PP, pero López Miras lo administra a su modo: Pedro Antonio Sánchez es su valedor, y después, ya como presidente, él mismo es el valedor para otras cosas de Pedro Antonio Sánchez, del que espera que salga bien librado como en otras ocasiones, aunque fuera entonces moviendo cielo y tierra, por error judicial o por prescripción. Y respecto a Valcárcel, ya que éste optó en su momento por alternativas distintas a las de Teodoro García Egea (Soraya frente a Casado) o el propio López Miras (Patricia Fernández) utiliza sus dificultades judiciales para descalificar a su oposición interna, la de Archena y aledaños.
Pero a esto se añade un escándalo parlamentario permanente a causa del transfuguismo, fenómeno insólito en la experiencia política, no solo de la Región o de España, sino de Europa. Un presidente del Parlamento, Alberto Castillo, que no representa a nadie: fichó por Cs como independiente; al poco, tras ser designado para su función desde la dirección nacional, tomó el carné del partido, y después lo dejó tras indisciplinarse porque tardíamente, para corregir sus errores iniciales, Cs decidió cumplir sus promesas de la campaña electoral: Isabel Franco, hoy vicepresidenta del Gobierno «Queremos acabar con veinticuatro años del Gobierno del PP en la Región de Murcia». Esta semana, el presidente de la Asamblea utilizó su ‘voto de calidad’ (calidad de tránsfuga) para impedir la intervención de la diputada de Podemos María Marín en un debate, siendo ella la legítima portavoz de ese grupo según los resultados electorales, con independencia de los posteriores corrimientos de los trepatrans que no representan a ciudadano alguno. Un gesto que retrata a Castillo, aspirante en la próxima legislatura a que el PP lo designe director general de la Radiotelevisión Murciana y dirigir Onda Regional (¡cuerpo a tierra!).
El pacto de López Miras con Vox para liquidar al Grupo de los exVox y, de paso, anular la voz de Podemos en la Asamblea es otro indicativo de la manipulación del Parlamento desde el Ejecutivo, aunque esto haya conllevado que Roberto Alcázar y Pedrín (es decir, Liarte y Carrera) hayan recuperado el programa máximo y anuncien que no están dispuestos a aprobar los próximos presupuestos regionales si se beca con 50.000 euros (muchísimo menos de los 200.000 que ellos acumulaban en su Grupo, no se sabe bien para qué) a las mujeres científicas. Los exVox han sacado ahora su programa máximo, pero esto, en el fondo, favorece a López Miras, pues lo que queda de este gesto es que dos machirulos que no representan a nadie se oponen a que las mujeres dispongan de igualdad de oportunidades en el mundo de la ciencia.
Y esto después de que, por la crisis de la consejería de Educación y Cultura, inicialmente bajo su mando, o eso creían, obligaran al consejero de Hacienda a crear una dirección general para uno de sus amiguetes, y endosaran la gestión cultural al consejero de Turismo con otros dos altos cargos de su ámbito personal (el de los exVox). Lo más estupefaciente es que después de que, tras que el Grupo Mixto quedara convertido en el camarote de los hermanos Marx por ingenio de López Miras y Vox y de que Carrera fuera proclamado portavoz del mismo por la casualidad del orden alfabético, éste haya renunciado esta semana a salir a la tribuna parlamentaria ni siquiera para exigir: «Y dos huevos duros». Es decir, no tienen nada que decir. Y en el caso de Carrera, incluso aunque tuviera alguna intuición de discurso, ocurre que tampoco sabría cómo expresarlo. Su trayectoria es la del diputado mudo. No sabemos qué piensa, y mejor así.
Cuando la portavoz parlamentaria de Podemos se pone un traje anticontaminación y exhibe el rótulo «estercolero regional» no está sobreactuando; está describiendo la situación real del Parlamento autonómico. Las caras de las consejeras trepatrans ante la escena lo dicen todo: intentan mostrar distancia frente a lo que consideran una extravagancia en un espacio institucional, pero quienes lo deshonran son ellas, pues no representan a nadie, mientras que Marín Marín representa no solo a su partido sino a la impresión general de los ciudadanos que no pueden entender que personas que votaron con un discurso regeneracionista se hayan olvidado de sus supuestos compromisos sociales para refugiarse en sus abultadas nóminas, coches oficiales, viajes a tutiplén, dietas para todo y estilos de poder al modo señoritas Rottenmeier.
El punto en el que nos encontramos es el siguiente:
- Un partido en el poder que tiene a un expresidente en el banquillo y a otro a un paso de él. Uno, el que proclamó a dedo al actual presidente; otro, el que representa la trayectoria histórica del PP en la Región.
- Un presidente que pacta preventivamente con la ultraderecha a costa de generar un escándalo parlamentario en que se anula la voz de los representantes reales de la ciudadanía y se arropa a los oportunistas que no representan a nadie, desvelando así un estado de necesidad de coalición futura mediante el que muestra su impotencia.
- Un Gobierno que presenta leyes ante el Parlamento que ni siquiera pueden ser tramitadas, dada su condición inconstitucional, gesto del que no se derivan responsabilidades políticas. Y todas las que presenta, inconstitucionales o presuntamente constitucionales, tratan de beneficiar a los mismos sectores privilegiados o alistados a sus políticas.
- Un Gobierno constituido por tránsfugas que no representan más que su propia ambición personal, con la evidencia de que trabajan por la nómina, ya que nunca se vieron en éstas.
- Un presidente que incumple pactos y acuerdos, verbales y escritos, tanto en el interior de su partido como con sus socios de Gobierno.
- Un Ejecutivo que, a pocos meses de las elecciones, no puede presentar un compacto discurso de gestión, si no es amparada su incompetencia en el latiguillo «Sánchez nos maltrata». No hay nada en lo que reparar salvo en el victimismo. No hay marco, programa ni hoja de ruta. Y el resumen de gestión es cero.
- Y, mientras tanto, se le recortan competencias y recursos al Consejo de la Transparencia para que no sepamos en qué se gastan la pasta y a qué se debe el gigantesco aumento de la deuda más que al mantra del modelo de financiación que Rajoy no revisó ni desde Murcia se le pidió que lo hiciera.
- Por poner un solo ejemplo de impostura. Si accedemos al organigrama de la vicepresidencia del Gobierno (que se asemeja, por su extensión, al de la General Motors) observamos que dispone de diecisiete consejos asesores y un órgano consultivo, pero ningún portal oficial nos informa sobre cuántas veces se han reunido, qué documentos, informes o dictámenes han elaborado. Todo es un gran paripé, como todos esos estamentos creados al amparo de la Ley del Mar Menor, cuyo objeto es diluir las responsabilidades del Gobierno.
En fin, que el consejero de Hacienda no dimite. Y eso que habríamos de suponerle un cierta afinidad con Liz Truss. Pero Murcia no está el mundo, por lo que parece.
