La desaparición del Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea Regional y la incorporación de los cuatro diputados que lo integraban al Grupo Mixto, en el que se han sumado a los dos parlamentarios de Podemos y los dos que siguen perteneciendo a Ciudadanos, puede tener consecuencias imprevisibles para el Gobierno regional y para la mayoría que sustenta al Ejecutivo de Fernando López Miras.
Los movimientos que se han producido no solo pueden restar apoyos al Gobierno, sino que obligan a recomponer los dos órganos que rigen el funcionamiento del Parlamento autonómico, la Mesa y la Junta de Portavoces. La nueva configuración, que ha convertido en portavoz del Grupo Mixto a Francisco Carrera, uno de los diputados expulsados por el partido de Abascal que seguía adscrito al grupo de Vox, puede dejar en el aire cinco leyes que están en trámite en estos momentos o que deben ser enviadas a la Cámara por el Ejecutivo regional.
Además de los Presupuestos de la Comunidad para 2023, la Asamblea regional tiene pendiente en esta legislatura las leyes de Apoyo a las Familias, de Emergencias, la de Simplificación Administrativa y de Autonomía Financiera, entre otras medidas de urgente aplicación, que exigen modificaciones en las cuentas de la Administración regional de este año.
La composición de la Junta de Portavoces resulta determinante en la actividad parlamentaria, dado que es el órgano encargado de decidir «la programación y ordenación de las sesiones parlamentarias estableciendo a tal efecto el calendario de actividades». Tiene, por tanto, la capacidad para tomar decisiones sobre la inclusión de las iniciativas parlamentarias del Gobierno en los plenos y en las comisiones.
Aunque está integrada por los portavoces de las fuerzas políticas representadas en el pleno, desde que se produjo la fallida moción de censura en marzo de 2021 la Asamblea Regional se ha convertido en una miscelánea, en la que no existe correspondencia entre las siglas de los grupos parlamentarios y los diputados que los integran. Sea quien sea el portavoz del Grupo Mixto representará a los ocho diputados que lo integran, aunque su respaldo parlamentario se reduzca a dos votos e incluso a uno, lo que abre la puerta a posibles acuerdos con otros grupos, que podrían frenar cualquier iniciativa del Ejecutivo.
Además, no está claro cuál será el voto en los plenos de los diputados procedentes del Grupo de Vox una vez roto el equilibrio que se había mantenido desde la fallida moción de censura, cuando Mabel Campuzano se incorporó al Gobierno regional como titular de Educación.
El problema al que se enfrenta ahora el Gobierno es que Carrera sea sustituido por un parlamentario ajeno a la mayoría que lo sustenta, como la propia María Marín, lo que puede dar lugar a un bloqueo en la tramitación de leyes emblemáticas como la de Autonomía Financiera, presentada por el propio López Miras como una forma de blindar sus rebajas fiscales frente a una armonización fiscal por parte del Gobierno central. Mientras que el Grupo Popular pidió su tramitación urgente, la oposición la considera un brindis al sol.
Prorrogar el presupuesto colapsaría el gasto de los fondos europeos
Una posible demora en la tramitación de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2023 como consecuencia de los relevos en la Junta de Portavoces y en la Mesa de la Asamblea Regional forzados por los movimientos de los diputados del Grupo de Vox pondría en peligro las inversiones que se financian con los fondos europeos. La prórroga de las cuentas de 2022 no contemplaría las partidas asignadas a la Región para el próximo año, por lo que se quedarían sin ejecutar. Por eso, los Presupuestos de 2023 son críticos para los programas de la UE.
El consejero de Hacienda, Luis Alberto Marín, se ha comprometido a tenerlos aprobados antes de que acabe diciembre, aunque de momento no ha pasado por el Consejo de Gobierno el techo de gasto de 2023, que es el paso previo a la elaboración de las cuentas y constituye el armazón en el que se sustentan las grandes cifras.
El Gobierno de Fernando López Miras ha conseguido hasta ahora resolver las situaciones complejas a las que ha tenido que enfrentarse con soluciones a veces rocambolescas e imprevisibles, como ocurrió con la moción de censura, cuando consiguió el apoyo de cuatro de los seis diputados de Ciudadanos que habían firmado el acuerdo con el PSOE para desbancarlo de San Esteban.
El Ejecutivo, que también consiguió sacar adelante los Presupuestos de este año en apenas unas semanas de diciembre, puede verse este año en una situación muy comprometida su pierde la mayoría necesaria.
Si el 1 de enero de 2023 no están aprobados y publicados en el Boletín Oficial de la Región los Presupuestos de laComunidad Autónoma, la gestión de la Administración regional se vería lastrada y sería necesario realizar modificaciones cada vez que hubiese que recoger nueva inversión. Tampoco estarían reflejadas las partidas de los proyectos plurianuales, dado que cambian de un año a otro. El mismo problema se plantearían con los proyectos cofinanciados, en los que participan varias administraciones que ponen dinero.
La misma suerte podría correr la nueva Ley de Simplificación Administrativa, que ya ha tropezado con la oposición de los sindicatos en la Mesa de la Función Pública. El borrador que la Consejería de Hacienda ha presentado a los sindicatos contempla la creación de la Agencia Digital, que integrará a los informáticos de todas las consejerías, y de nuevas unidades administrativas para atender situaciones imprevistas.
Tampoco tendría posibilidades de prosperar la Ley de Apoyo a la Familia presentada por los grupos del PP y de los expulsados de Ciudadanos. El texto conjunto de los socios de gobierno establece medidas de prevención, protección y apoyo a las familias, como exenciones y bonificaciones y ayudas en vivienda, servicios sociales y sanitarios, empleo, ocio y tiempo libre.
Además, un bloqueo de la actividad parlamentaria también podría comprometer las modificaciones presupuestarias que tiene previstas la Consejería de Isabel Franco para subir un 5,38% las retribuciones a las residencias con plazas concertadas de la Comunidad. El acuerdo con estas empresas prevé, además, un incremento del 3,57% en 2023.
Política Social también tiene pendientes la inclusión en las cuentas de este año de partidas para dotar el ‘dinero de bolsillo’ que tienen asignado los usuarios de las plazas tuteladas de salud mental y la atención temprana.
La Consejería de Agricultura y Medio Ambiente tiene en trámite la Ley de Emergencias y Protección Civil, cuyo cometido es «ensamblar» y desarrollar ambas competencias, además de regular la creación del voluntariado. Fue aprobada por el Consejo de Gobierno en julio.
Castillo se convierte en el objetivo número uno de la izquierda
El terremoto político sufrido en el Grupo Mixto le ha explotado en la cara al presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo, que no contaba con el favor de la oposición desde su polémica abstención en la moción de censura.
La decisión de la Mesa de no convocar ayer la Junta de Portavoces —la reunión será viernes—, unida al nombramiento de Francisco Carrera, díscolo de Vox, como nuevo portavoz provisional del Grupo Mixto, ha empujado el Grupo Socialista, el mayoritario de la Cámara, a pedir la dimisión «inmediata» de Castillo.
«Por ser el brazo ejecutor de las cacicadas de López Miras y no garantizar el correcto funcionamiento de la actividad parlamentaria», esgrimió ayer su portavoz, Francisco Lucas. El secretario general del PSRM, José Vélez, dijo que a pesar de la «cercanía personal» que le une a Castillo, se siente «muy apenado» por su actitud.
Podemos anunció el lunes que emprenderá acciones legales contra el presidente de la Cámara. El Grupo Popular salió en defensa de Castillo, indicando que «se han aplicado exactamente las mismas normas para nombrar antes portavoz del Grupo Mixto a la señora Marín, que ahora al señor Carrera».
