El proyecto de Ley de simplificación administrativa en materia de medio ambiente, medio natural, investigación agrícola y medioambiental continúa su trámite legislativo después de que ayer se rechazaran en la Asamblea todas las enmiendas presentadas por la oposición: las diez del Grupo Mixto (Podemos) y las siete del Grupo Parlamentario Socialista.
Tras el debate en la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua, la diputada del PSOE María Dolores Martínez Pay denunció el «montaje político» que supone el proyecto, una «excusa de simplificación» que, en su opinión, «antepone los intereses de la red clientelar del Gobierno regional al medio ambiente y a la salud de los murcianos». Según ella, los Grupos del PP, Vox y Cs «ni siquiera estudiaron» las propuestas de la oposición, «dejando este trabajo en manos de los negacionistas».
Martínez Pay subrayó que una de las enmiendas socialistas rechazadas buscaba evitar que el Observatorio del Mar Menor cayera en manos del Imida (Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental) y que fuera controlado por un «órgano independiente».
El mismo objetivo tenía otra de las enmiendas de Podemos. Su portavoz en la Asamblea, María Marín, defendió ayer que el Imida es «un instituto con excelentes profesionales, pero que no deja de ser un instituto de investigación y desarrollo agrario y alimentario». Con este paso, explicó, el Gobierno regional demuestra que el medio ambiente «siempre va estar supeditado a los intereses del agronegocio». En la formación morada consideran que «la verdadera intención de López Miras es desregular y suprimir leyes para seguir desprotegiendo el medio ambiente» y «apostar por más ladrillo, más macrogranjas y más carta blanca para quienes contaminan».
Un director de confianza
Una visión muy diferente tienen en el Partido Popular. El diputado regional Juan Antonio Mata adelantó que el director del nuevo Observatorio del Mar Menor será una persona de reconocido prestigio, funcionario o no, de la confianza del consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. En este sentido, al Imida se le dotaría de competencias de sostenibilidad, biodiversidad, cambio climático y medio ambiente.
Así, desde el PP consideran que la Ley de Medio Ambiente del Gobierno regional «contribuirá a consolidar a la Región de Murcia como espacio de libertad y prosperidad». Mata también señaló que «proteger al máximo el ecosistema es perfectamente compatible con reducir la burocracia, simplificar trámites administrativos y, con todo ello, facilitar el crecimiento económico y la creación de empleo».
Por su parte, el parlamentario díscolo de Vox Francisco José Carrera defendió que el componente científico del Imida salvaguarda la parte técnica al tomar decisiones y se ha mostrado contrario a una composición numerosa por su operatividad.
Francisco Álvarez, expulsado de Cs, criticó que PSOE y Podemos hablen de «desprotección del medio ambiente» cuando «solo han presentado 17 enmiendas».
Ocupación ilegal
Previamente se reunió la Ponencia legislativa de la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua para elaborar el informe sobre las enmiendas al proyecto de ley de lucha contra la ocupación ilegal de las viviendas, 27 en total: 19 del PSOE y 8 de Vox, de las que se transaccionaron 8 (7 del PSOE y una de Vox), se aprobaron otras tantas (tres del PSOE y 5 de Vox) y se rechazaron 11 (9 del PSOE y 2 de Vox).
Endometriosis, más de un año con la propuesta de Podemos en un cajón
Podemos registró en la Asamblea en noviembre de 2020 un proyecto de Ley de Endometriosis, una enfermedad ginecológica que afecta al 10% de las mujeres (más de 35.000 murcianas). Ayer fue el Día Mundial de la Endometriosis y desde la formación morada lamentaron que sigue sin haberse dado «ni un solo paso para su tramitación».
La secretaria de derechos sociales de Podemos, Elvira Medina, pidió al resto de grupos que «no dilaten más el proceso y tramiten ya esta ley tan necesaria», asegurando que la «falta de conocimiento y sensibilización» entre la población y la «ausencia de profesionales especializados» hace que las mujeres «tarden años en ser diagnosticadas o no lo sean nunca».
