La magistrada del caso Desaladora encamina a Valcárcel al banquillo

El Juzgado de Instrucción número 1 de Murcia considera al expresidente de la Comunidad Autónoma Ramón Luis Valcárcel el impulsor de la desaladora de Escombreras y ha dictado un auto con el que encamina al banquillo de los acusados al que fue jefe del Ejecutivo regional entre 1995 y 2014. La magistrada ha abierto la fase de preparación del juicio oral contra el expresidente por prevaricación, malversación y fraude de subvenciones, según indica en un auto difundido este lunes.

La planta, que la Comunidad alquiló al grupo ACS en 2006, ha costado este año a la Administración regional 27,4 millones , a pesar de que apenas si ha podido suministrar caudales para riego debido a las restricciones establecidas por la Confederación Hidrográfica del Segura a los usuarios para asegurarse de que no contaminan el Mar Menor.

Valcárcel no se libra de la desaladora de Escombreras

La magistrada que ha instruido esta causa paralela del llamado caso Desaladora, en la que está acusado Valcárcel, da 30 días de plazo a la Fiscalía y a la acusación popular para solicitar la apertura de juicio oral. Ha dictado un auto en el que señala que Valcárcel «ordenó la adquisición de la desaladora» y que «conocía todos los pasos que se dieron».

En la causa principal que instruye el Juzgado número 5 están procesados el exconsejero de Agricultura Antonio Cerdá y una veintena de exaltos cargos de la Comunidad, de las empresas del grupo ACS que construyeron la planta y firmaron los contratos que obligan a la Comunidad a pagar durante 25 años y del bufete de abogados que intervino en las negociaciones.

La pieza separada abierta contra Varcárcel había sido archivada en enero de 2021, tras la declaración del expresidente, porque la juez consideró que no había pruebas de que él fuese «conocedor o partícipe de los hechos investigados por la adquisición o gestión de la desaladora de Escombreras» ni pudiera demostrarse que «fuera coautor, esto es, que tuviera conocimiento y dominio de los mismos». Sin embargo, la Audiencia Provincial ordenó su reapertura a raíz de un recurso de la Fiscalía, que no compartía «el desconocimiento de los pormenores» aducido por Valcárcel, dado que algunas de las decisiones que fue tomando el Ente Público del Agua requerían la aprobación expresa del Consejo de Gobierno que él presidía.

«Existen datos objetivos que pudieran avalar que el aquí investigado conocía y sabía lo que iba sucediendo con la desaladora y de sus incidencias más graves», se indica en el auto conocido ayer.

Da treinta días a la acusación para solicitar la apertura de juicio oral contra el expresidente

Ahora la magistrada, siguiendo las indicaciones de la Audiencia Provincial que revocó el sobreseimiento, procede al examen de los indicios «enfatizando el papel garante, como máximo responsable de la Comunidad atribuido al investigado».

Precisa que el expresidente «conocía sus obligaciones y era garante del cumplimiento de la legalidad en todos los pasos que condujeron a la adquisición de la desaladora» y que «intervino por acción u omisión cooperando de ese modo a su ejecución». Apunta igualmente que, ante «el plan diseñado entre la parte pública y privada», mantuvo «una actuación pasiva durante muchos años ante el proyecto de adquirir una desaladora con inversiones millonarias comprometiendo el patrimonio de la CARM», aunque podía haberlo impedido.

La resolución incluye «la cronología real de todos los contratos celebrados» desde 2006 entre la Comunidad Autónoma y las empresas del grupo ACS que promovieron y alquilaron la planta a la Administración regional: Hydro Management, Tedagua, Cobra Instalaciones y Servicios SA, Moncobra SA y Cobra Gestión de Infraestructuras SLU.

Reitera que existen indicios de que «ordenó la adquisición de la desaladora y que conocía todos los pasos que se dieron» y entiende que su participación «podría considerase activa al realizar actos dirigidos a favorecer el ilícito plan diseñado entre la parte pública y privada, con un proyecto de construcción de la desaladora que parece conculcar directamente la Ley de Aguas».

Recuerda que como esta ley exigía una autorización de la CHS a los nuevos desarrollos urbanísticos para garantizar el abastecimiento, el desaparecido Ente Público del Agua (ahora Esamur) trató de sortear la norma garantizando caudales de la planta a los municipios.

El PSOE critica que dos expresidentes del PP están acusados de corrupción

La portavoz y vicesecretaria general del PSOE en la Región, Carmina Fernández, manifestó este lunes tras conocer la posibilidad de que el expresidente Ramón Luis Valcárcel acabe sentándose en el banquillo, que el PP tiene «dos expresidentes juzgados por corrupción».

La dirigente socialista se refiere a Valcárcel y a Pedro Antonio Sánchez, que en este momento está siendo juzgado por las irregularidades en el Auditorio de Puerto Lumbreras cuando era alcalde del municipio.

Carmina Fernández indica que «la herencia de corrupción del PP ha destrozado la economía regional y nos lleva a que no podamos tener la sanidad, la educación o los servicios sociales que necesitamos porque el dinero público se ha ido al bolsillo de unos cuantos». Recuerda que la planta «costará 600 millones», mientras que la de San Pedro II ha salido por 90 millones.

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