José Ángel Antelo, acorralado por sus palabras

«No podemos obviar que la infiltración de yihadistas en las pateras eleva el riesgo de atentados», dijo la semana pasada el vicepresidente del Gobierno murciano y líder de Vox en la Región, José Ángel Antelo. En aquellos días llegaron centenares de personas a las costas de Cartagena. También relacionó a estas personas con las «mafias».

No estuvo solo. Días después, el portavoz del partido de Abascal en la Asamblea, Rubén Martínez Alpañez, se sumaba a las palabras gruesas y advertía de que «la gente que viene de forma ilegal no lo hace para ganarse la vida aquí», ya que «no vienen a intentar buscar trabajo» y llegan «huyendo de sus países porque tienen problemas relacionados con la legalidad y la delincuencia».

Las asociaciones Amigos de Ritsona, Convivir sin racismo, Parem (Asociación de ayuda para las Personas Refugiadas y Migrantes en Murcia) y Murcia Acoge se han unido para anunciar que a comienzos de semana presentarán una denuncia ante la Fiscalía por considerar que ambos dirigentes de Vox han cometido un delito de odio. Y no descartan, además, llegar a presentar una querella criminal.

En nombre de la asociación Amigos de Ritsona, el cura y activista Joaquín Sánchez explicó ayer que creen que se ha cometido un delito de odio porque «identifica a todo un colectivo con el terrorismo yihadista», con el peligro que conlleva de que «estos discursos calan en mucha gente buena».

También denunció que desde algunos foros se utilice la expresión «andan sueltos» para informar de que los inmigrantes que llegaron a la Región fueron puestos en libertad tras ser identificados en el CATE (Centro de Atención Temporal de Extranjeros). «Es dolorosísima. Como si fueran perros agresivos», lamentó.

Denuncian que se use la expresión «andan sueltos» para hablar de migrantes: «Como si fueran perros agresivos»

Desde Convivir sin racismo, Carmen Ortega tachó estas declaraciones de «racistas y fascistas» porque «alteran la convivencia» y «generan vulnerabilidad en minorías que conviven en la Región desde hace muchos años». Minorías, matizó, que «vienen a buscar una vida mejor». «Aquellos que llaman yihadistas y terroristas no vienen en patera, sino en avión», agregó. Ortega cree que «representantes de la ciudadanía, que ocupan espacios públicos en nuestras administraciones, no pueden realizar este tipo de declaraciones».

Adriana Trafonsky, de Parem, aseguró que «estos discursos no reflejan la realidad de las personas migrantes, que huyen de situaciones de peligro extremo, como lo han hecho europeos en otros momentos de la historia». Considera que las palabras del vicepresidente de la Región son «desafortunadas» y «lamentables» porque reflejan un «desconocimiento de la realidad».

Macia Ortega, representante de Murcia Acoge, señaló que, «previo a cualquier tipo de regulación están los derechos humanos», y pidió que se deje de usar el término «ilegal» para hablar de personas porque «fomenta la xenofobia y no refleja la diversidad de situaciones» por las que las personas salen de sus países de origen. «Muchos escapan de la guerra», puso como ejemplo.

El cura Joaquín pidió al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, «que se moje y diga si está o no de acuerdo con estas declaraciones», esgrimiendo que «el silencio es cómplice». Lo cierto es que el jefe del Ejecutivo ya se pronunció a principios de semana, cuando dijo que «el Gobierno es uno», negándose a valorar «lo que dicen unos consejeros u otros». Dicho esto, manifestó que «la inmigración ilegal es un drama humanitario y, por lo tanto, hay que actuar contra las mafias». Sobre si vienen o no yihadistas en patera, atenderá «a lo que digan los informes policiales».

Respuesta insuficiente para el secretario general del PSOE regional, José Vélez, que acusó a Miras de estar «atentando contra los derechos humanos» y traspasar una «línea roja al avalar las declaraciones racistas y xenófobas de su vicepresidente de ultraderecha».

El líder de Vox dice que la denuncia anunciada por «asociaciones con nombres raros» es una «cortina de humo» del PSOE

Por si faltaran nuevos actores en la trama, dos ministerios del Gobierno de España, el de Política Territorial (Isabel Rodríguez) y el de Interior (Fernando Grande-Marlaska), están estudiando enviar también a la Fiscalía las declaraciones de Antelo por si fueran constitutivas de delito. Anda a la espera del veredicto el delegado del Gobierno en la Región, Francisco Jiménez, que tachó ayer esas palabras de «muy reprobables y lamentables», además de indicar que no se hubiera pronunciado si ambos políticos de Vox «hubieran asistido a charlas en los institutos contra la homofobia y la xenofobia».

Mientras tanto, al vicepresidente de la Región no parece importarle que la bola se haga más grande. Ayer, aprovechando su paso por una feria de vivienda, Antelo dijo que la denuncia anunciada contra él por «asociaciones con nombres raros» es solo una «cortina de humo por parte del PSOE después de sufrir el bochorno de no conocer la normativa regional para presentarse a senador». Asimismo, acusó al Gobierno de España de provocar un «efecto llamada» en política migratoria y sugirió el «bloqueo naval» como medida para «frenar la avalancha».