La Fiscalía investiga la vigilancia privada de las reservas marinas de Cabo de Palos y Tiñoso

La Fiscalía de Cartagena ha abierto diligencias para esclarecer un posible caso de intrusismo en la vigilancia privada de las reservas marinas de interés pesquero de Cabo de Palos y Cabo Tiñoso. La denuncia parte de la empresa Escurçó, con sede en Tarragona, contratada por el Ministerio de Pesca para las labores de vigilancia desde hace dos años a través de un agente guardapescas tanto en las aguas interiores como las exteriores del espacio protegido de Cabo de Palos. La mercantil asumió estas tareas tras un informe de la Abogacía del Estado, que negaba la posibilidad de realizar esta vigilancia a la empresa estatal Tragsa, contratada por la Consejería de Pesca del Gobierno regional, en función de la Ley de Seguridad Privada.

La empresa catalana denuncia que tanto Tragsa como los pescadores de Cartagena, que refuerzan la vigilancia contra la pesca furtiva en los alrededores de Cabo de Palos en verano, llevan a cabo tareas de vigilancia de forma ilegal. La empresa pública está encargada de tripular el patrullero que recorre las reservas marinas de Cartagena, pero no de realizar los trabajos de control en dichos espacios, como pedir documentación o abrir expedientes de sanción. En concreto, la mercantil contratada por el Ministerio sí puede pedir los papeles de las embarcaciones que cruzan las reservas, disuadir barcos o revisarlos y levantar actas de denuncias.

Según el gerente de la empresa, Juan Manuel Olivella, a preguntas de este periódico, señala que el marinero y tripulante de Tragsa, al terminar las labores de vigilancia en Cabo de Palos con el guardapescas, dejan a este en puerto y se dirigen posteriormente a controlar las aguas interiores (competencia autonómica) de la reserva marina pesquera de Cabo de Tiñoso, "donde realizan la vigilancia sin estar habilitados para ello, de forma ilegal según la Ley de Seguridad Privada". Asegura que llegan a interceptar embarcaciones para su control y que no realizan tareas científicas," pues no van acompañados por ningún biólogo marino ni personal equivalente".

El escrito del Ministerio Público en el que se anuncia el inicio de la investigación, el fiscal jefe de Cartagena, David Campoy, ha solicitado a la Consejería de Pesca los contratos con la empresa Tragsa y aclarar en un informe la "legalidad de la actuación", así como quién debe realizar las funciones de vigilancia o qué órgano es el competente para realizar dichas contrataciones. Campoy considera que los hechos recogidos en la denuncia podrían "ser constitutivos de un delito de intrusismo y que se han aportado unos indicios suficientes" que motivan la apertura de las diligencias.

La Fiscalía también pide aclarar las funciones de Galpemur (Grupo de Acción Local de Pesca y Acuicultura de la Región de Murcia), entidad privada que sirve de enlace entre el sector pesquero y acuícula con las administraciones. Esta organización lleva a cabo cada año convocatorias de ayudas con fondos europeos para la pesca que financian las labores de vigilancia en julio y agosto por parte de los pescadores en Cabo de Palos.

Posible prevaricación

Más allá de un presunto delito de intrusismo, la empresa catalana habla también de un posible caso de prevaricación al creer que el Gobierno regional ha permitido esta situación sabiendo que iba contra la ley estatal que regula las figuras de guardas rurales en las reservas marinas. La firma Escurçó, además, llegó a consultar la normativa española con los Mossos d'Esquadra, quienes señalan en un escrito que "la normativa de seguridad privada establece que las entidades" que presten estos servicios "tendrán que estar inscritas en el registro correspondiente de seguridad privada, estatal o autonómico, después de haber obtenido previamente la preceptiva autorización para la actividad o actividades específicas de qué se trate", algo que, para la denunciante, no ocurre en el caso de Tragsa.

La entidad contratada por el Ejecutivo central señala a la Fiscalía que los pescadores de la Cofradía de Cartagena "no están acreditados" y carecen "de habilitación" para la tarea de seguridad, "provocando que se pueda actuar ilícitamente ante cualquier falta, negligencia o hecho con motivo de sanción que se suceda en la Reserva Marina".

La Consejería asegura que sus contratos cumplen las normas

La Consejería de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, dirigida por Antonio Luengo, ha señalado que en los contratos formalizados por este departamento existe «total transparencia en el cumplimiento de la normativa». Esta adjudicación, en concreto, a la empresa estatal Tragsa se centra en los «servicio de mantenimiento y conservacion de las reservas marinas de interés pesquero». Es decir, que en las embarcaciones tripuladas por personal contratado por la mercantil, y en cada turno, debe haber un guardapesca jurado. Este profesional es el que está contratado, a su vez, por la empresa que cumple de forma oficial con las labores de vigilancia. «Nuestros pliegos son claros. En nuestro caso pedimos a Tragsa que, en cada turno, uno de los tripulantes sea guardapesca jurado, para que sea conocedor de la legislación pesquera al respecto», apuntan fuentes de la Consejería.  

Respecto a la participación de los pescadores en las labores de vigilancia en la Reserva Marina de Interés Pesquero de Cabo de Palos, la Consejería apunta que sus trabajos se enmarcan «en las actuaciones de diversificación de actividades pesqueras contempladas en el programa operativo del Fondo Europeo Marítimo Pesquero (FEMP), y el apoyo a la ‘vigilancia’ que realizan es una labor de guardería e información a los usuarios del espacio protegido, ya que estamos hablando de ‘reservas marinas de interés pesquero’».

La Consejería añade a sus explicaciones que la tutela y vigilancia de la Reserva es compartida con el Ministerio de Agricultura y encaminada al fomento de la biodiversidad, ya que en este espacio protegido convergen aguas interiores (de competencia autonómica) y aguas exteriores (gestionadas por el Estado). Además en estas tareas de vigilancia también entra en juego la Guardia Civil, que puede, también, pedir la documentación a las embarcaciones o sancionar.