Tribunales

La AUGC pide personarse como acusación particular en el caso ‘Cuarteles’ de la Guardia Civil

La asociación sospecha de los altos costes en las reformas de los centros de Archivel y Pliego

Alberto Sánchez

Alberto Sánchez

La Asociación Unificada de Guardias Civiles ha solicitado personarse como acusación particular en el caso Cuarteles, que investiga presuntas irregularidades en la contratación de obras para más de una decena de cuarteles de la Guardia Civil en toda España, pero que también ha salpicado a los centros de Pliego y Archivel (Caracava de la Cruz). La agrupación en Murcia señala tener especial interés en la instrucción del caso, que instruye un juzgado de Madrid para determinar si se cometieron presuntos delitos en contratos fraudulentos de reformas y mantenimiento de los acuartelamientos de Archivel y Pliego, ambos en la Compañía de la Guardia Civil en Caravaca de la Cruz. En el caso del cuartel de Pliego el importe de la reforma asciende a 54.734,27 euros por trabajos de impermeabilización de las fachadas e interiores del mismo y en el de Archivel asciende a 7.042,20 euros, «no constando que los trabajos se realizaran». Sospechan de un «excesivo coste económico».

La AUGC recuerda que el Coronel Jefe de la 5ª Zona de la Guardia Civil en Murcia figura como testigo en la instrucción judicial y que al parecer se contrataron los servicios de la empresa Angrasurcor S.L., del empresario Ángel Ramón Tejera de León (principal investigado), «todo ello mediante un presupuesto descentralizado directamente y sin los cauces habituales» por la Subdirección General de Apoyo de la Guardia Civil. «Al parecer consta en la instrucción judicial que la falta de seriedad y el incumplimiento de los plazos fue el motivo por el cual no se volvió a formalizar contratos con esta empresa, lo cual aplaudimos».

Desde hace años AUGC exige mayor transparencia y control en la licitación y contratos menores realizados por la Guardia Civil y en concreto por la 5ª Zona. Añaden como caso el acuartelamiento de Cartagena, que «amenaza ruina y sus viviendas no son dignas para alojar a las familias de los guardias civiles».

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