Silencios estentóreos

El pasado martes, los miembros de los grupos parlamentarios ERC, Junts y Bildu se ausentaron del Congreso —lo preciso es decir que se incorporaron con retraso a la sesión— para no guardar el minuto de silencio demandado por la presidente de la Cámara, Francina Armengol, en homenaje a los dos guardias civiles asesinados por el narco en Barbate. Como única justificación para su ausencia dijeron que no querían que se instrumentalizase políticamente ese silencio. Cuesta entender que representantes del Estado se nieguen a rendir homenaje a unos servidores públicos que han perdido su vida enfrentándose a una de las mafias más dañinas para los ciudadanos. ¿Debemos interpretar que su ausencia en el momento del homenaje significa que en la lucha fuerzas de seguridad versus narcotraficantes, se sitúan al lado de estos últimos? Seguramente sería excesivo interpretarlo de ese modo. Sin embargo, en estos casos está fuera de lugar el reflejo de oposición a ‘los cuerpos represivos’, como muchas veces ha llamado el nacionalismo militante a las fuerzas y cuerpos de seguridad imprescindibles también en un Estado de Derecho.

Otro silencio ominoso es el que rodea la disolución del grupo OCON-Sur en 2022 por parte del Ministerio de Interior. La vaga alusión a «cuestiones de operatividad» es lo suficientemente opaca y difusa para que se pueda calificar de escandalosa la falta de explicaciones. Hay que ir leyendo entre líneas para tener noticia de que las detenciones masivas de presuntos narcotraficantes y la incautación de sustancias estupefacientes no siempre se acompañaban de éxitos judiciales. Se ha sugerido que la actividad del grupo OCON-Sur daba lugar a macrocausas judiciales en las que, ya tenemos experiencia suficiente desde la Operación Nécora, la eficacia era finalmente dudosa. También circulan explicaciones que justifican la disolución por celos de otros cuerpos policiales respecto a la actividad del grupo comandado por el teniente coronel de la Guardia Civil, David Oliva. El caso es que lo único cierto que sabemos es que hubo una investigación en contra de dicho teniente coronel de la Guardia Civil por colaboración con un clan de narcotraficantes del Campo de Gibraltar, que fue archivada en mayo del año pasado por la Audiencia Nacional. A su vez, este teniente coronel y su segundo al mando del OCON-Sur han presentado una querella por elaboración de pruebas falsas contra la UDYCO, la Brigada Central de Estupefacientes y Asuntos Internos de la Guardia Civil, cuyos informes dieron lugar a la disolución del OCON-Sur. Después se ha sabido que Asuntos Internos de la Guardia Civil reconoce en un informe que presentó pruebas «sin contrastar» contra los jefes del OCON-Sur. Ante un caso así, aunque esté en fase judicial, el Ministerio del Interior tiene la obligación de dejar claro por qué fue disuelto el grupo y qué se hizo a continuación, si es que algo se hizo, para que la disolución no supusiera una merma de efectividad en la lucha contra el narco. Porque la precariedad de medios en esa lucha sí que ha quedado notoriamente de manifiesto. La controversia en asuntos relacionados con el narco, que son siempre tan serios, inevitablemente hace temer que bajo las irregularidades subyace algo turbio.

Ya que estamos hablando de silencios, es también palmario el guardado por la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, tras el formidable fracaso electoral de su formación Sumar, precisamente en la tierra donde tuvo lugar el bautismo político de su impulsora.

Y, de momento, también el exministro José Luis Ábalos calla ante el caso de corrupción que presuntamente afecta a su palmero Koldo García. Tampoco se ha explicado el ‘pase a la reserva’ de Ábalos, que él aceptó a regañadientes en su día.

Todos estos silencios resultan especialmente embarazosos en la política española, que se caracteriza precisamente por los excesos sonoros y los gritos estentóreos.

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