Se agota el impulso reformista del Gobierno

En la tarde del pasado 10 de enero, Sánchez sonreía relajado y declaraba que «bien está lo que bien acaba». Culminaba una tormentosa tarde parlamentaria en la que se habían aprobado dos de los tres decretos que el Gobierno sometía a consideración de la Cámara. Uno había decaído, el relativo al subsidio de paro, pero el presidente del Gobierno se mostraba ufano, a pesar del fracaso de una medida que pretendía mejorar la vida de las personas más vulnerables. Quizá porque él y su partido sí habían sido capaces de sacar adelante, con el apoyo de los de Puigdemont, sus propuestas.

Lo cierto es que los tres partidos estatales progresistas que se sientan en el hemiciclo (PSOE, Sumar y Podemos) tuvieron comportamientos que evidencian la existencia de una fuerte competición política-electoral entre ellos, que tiene como consecuencia una rebaja de las expectativas de cambio progresista en este país. Los resultados del 23J, merced al papel más relevante que han otorgado a la derecha soberanista catalana, no han hecho sino consolidar esta tendencia.

Prueba de ello es lo que ha ocurrido con el decreto de medidas anticrisis que la parte socialista del Gobierno ha negociado con aquella. Como es conocido, incluye la rebaja de los impuestos de la luz y del gas por debajo del nivel que mantenían antes de la adopción de las medidas excepcionales, la reducción del IVA de los alimentos básicos, el descuento de transportes, la prohibición de desahucios a personas en situación de vulnerabilidad, el bono social eléctrico para hogares con bajos ingresos y el mantenimiento de los impuestos temporales, por beneficios extraordinarios, a las energéticas y a la banca. Pues bien, esta última medida ha quedado neutralizada por las deducciones fiscales que se podrán aplicar las compañías de energía si llevan a cabo ‘inversiones estratégicas de descarbonización’. Traducción: se les abre un coladero por el que podrán pagar menos impuestos. Las presiones del Repsol y del PNV han surtido efecto y han vaciado de contenido esa mayor aportación que se les exigía a empresas que están obteniendo ganancias estratosféricas, sobre todo en el refinado del petróleo. Ello en un contexto en el que se ha negociado la supresión del IVA al aceite de oliva y no se vislumbra en el horizonte una reforma fiscal progresiva contundente que amortigüe la pérdida de recaudación que suponen estas medidas adicionales. Y sin dinero en la caja, no hay políticas sociales posibles.

Pero además, para conseguir el respaldo de la derecha independentista catalana al decreto, el PSOE cede la gestión de la inmigración a Cataluña (o ‘delega’, según las versiones) y lo hace a requerimiento de una fuerza política, Junts, que en no pocas ocasiones ha mostrado un discurso xenófobo, con unas ideas sobre el trato a las personas migrantes que no están muy alejadas de las de Vox.

En lo tocante al decreto que presentaban Yolanda Díaz y Sumar, hay que decir que nacía recortado respecto de las proposiciones iniciales de la Ministra de Trabajo, que incluían una prestación de 660 euros, durante los primeros 6 meses, a los beneficiarios del subsidio de desempleo. Finalmente, se ha quedado en 570 euros: Nadia Calviño, antes de irse al BEI, dejó su sello en la batalla que libró con su rival en el Consejo de Ministros y Ministras. Con todo, lo que llamó la atención es la negativa de esta a negociar con Podemos una enmienda que pretendía subsanar el recorte que sufría la pensión de los parados mayores de 52 años, al rebajar el porcentaje del 125% que se aplica a la base mínima de cotización (salario mínimo en 12 pagas) al 100%. El argumento que justificó el rechazo a asumir esta propuesta de los morados no puede ser más peregrino: los parados de esa edad van a tener una pensión mayor que la de algunos trabajadores en activo. Efectivamente, como sucedía cuando el salario mínimo estaba en 800 euros. Lo que se pretende con ello es compensar a este colectivo por el largo período en el que malviven con una muy baja renta. Esta demanda de la gente de Ione Belarra coincidía plenamente con lo que sostenían los sindicatos, que además señalaban insuficiencias del decreto en otros aspectos (acceso al subsidio cuando se procede de un empleo a tiempo parcial e insuficiente ampliación a las personas menores de 45 años), amenazando con movilizaciones si el Gobierno no llevaba al diálogo social este y otros asuntos. El hecho de que la propia Yolanda haya afirmado, una vez derrotada la reforma, que todas estas cuestiones van a ser negociadas con las organizaciones sindicales de cara a su tramitación legislativa, hace más inexplicable que Trabajo no atendiera la demanda de Podemos para que sus diputados dijeran que sí al texto que se les ponía sobre la mesa.

Y en lo que respecta a esta última organización, creo que el sentido de su voto, tumbando el decreto, demostró que no tiene claro que en política las formas y los gestos son a veces tan importantes como los contenidos. Votar junto a las derechas extremas, provocando con ello una derrota política del Gobierno a manos de quienes quieren desestabilizarlo para imponer su agenda reaccionaria, en torno a un documento que, con las carencias arriba citadas, beneficia, aunque poco, a ochocientas mil personas, y permaneciendo abierta la vía a un proceso parlamentario que subsane algunas de aquellas deficiencias, es una muestra de inmadurez política, en la que no han caído BNG, ERC y Bildu.

En definitiva, las cesiones del PSOE a las derechas periféricas, el acomodamiento de Sumar a las imposiciones del socio mayoritario del ejecutivo y la manifiesta aversión entre las dos izquierdas de ámbito estatal, que impide cualquier acuerdo entre ellas, están acabando con el impulso reformista del Gobierno de coalición, también en las políticas ambientales, como demuestra el proyecto de ampliación del aeropuerto de Barajas. Y esa es la vía más rápida para sucumbir ante los tipos de la motosierra, esos que nos quieren meter a todos en la cárcel por terroristas.

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