La desaladora de Escombreras tan solo produce 1,9 de los 22,8 hectómetros cúbicos de capacidad

La desaladora de Escombreras apenas ha producido durante el último año hidrológico 1,9 hectómetros cúbicos, el 8,61% de los 22,8 hectómetros cúbicos que puede llegar a aportar, debido a las restricciones que la CHS mantiene a los regantes que compran el agua a la Comunidad. A pesar de su escasa actividad, el Gobierno regional está obligado a pagar en 2023 a la empresa propietaria unos 32 millones de euros en cumplimiento de un contrato considerado leonino, que elevará aún más la factura en 2024. 

En principio, la desaladora iba a abastecer a los municipios de la Región con proyectos urbanísticos que carecían de los caudales para el suministro autorizados por la CHS de acuerdo con la Ley de Aguas. Finalmente, solo dos urbanizaciones llegaron a comprar el agua procedente de Escombreras, que se acabó destinando al regadío.

Tal y como publicó La Opinión, el Tribunal de Cuentas viene recordando cada año en sus informes de fiscalización las pérdidas que la explotación origina a la Comunidad y ha advertido de que solo por su arrendamiento tendrá que abonar hasta 2034 más de 340 millones.  

La desaladora es propiedad de la empresa Hydro Management, perteneciente al grupo ACS, que tiene arrendada la explotación hasta dentro de 11 años. Si no se modifica el contrato, el Gobierno regional estará obligado a abonar hasta su vencimiento, dado que las cláusulas firmadas en 2006 establecían que en caso de impago la dueña podría exigir todas las anualidades por adelantado con una penalización de cientos de millones. Estos contratos han dado lugar al procesamiento del expresidente de la Comunidad Ramón Luis Valcárcel, del exconsejero Antonio Cerdá y de otros antiguos altos cargos, que están pendientes de juicio.

Las pérdidas de la Comunidad se han agravado desde que la situación crítica del Mar Menor llevó a la CSH en 2021 a regularizar las autorizaciones a los usuarios de los caudales, la mayor parte de las cuales sigue en trámite. Según han informado fuentes del organismo de cuenca, durante el último año hidrológico la desaladora solo ha producido 1,96 hectómetros cúbicos de los 22,8 que tiene autorizados, lo que supone apenas el 8,61%.

La falta de actividad de la explotación agrava aún más la factura del arrendamiento, que aumenta cada año

 En aplicación de las medidas cautelares aprobadas para evitar que el acuífero subterráneo del Campo de Cartagena siguiera empeorando la contaminación del Mar Menor provocada por los nutrientes químicos procedentes de la agricultura, la CHS abrió un proceso para la regularización de los caudales de la planta, que hasta ahora solo ha permitido la autorización temporal de 5,5 hectómetros cúbicos de los 63,34 solicitados por los usuarios.

La CHS recuerda que para obtener dichos permisos los solicitantes deben cumplir las condiciones aprobadas en 2020 y garantizar que los usuarios «conocen y están cumpliendo con lo acordado sobre las medidas cautelares, según la zonificación del ámbito de aplicación, de su aprovechamiento». De los 22,8 hectómetros cúbicos que puede aportar la planta, 20 van destinados al regadío, 2,8 a las urbanizaciones y campos de golf cercanos al Mar Menor y 64.747 metros cúbicos a la ganadería.

Situación financiera ‘crítica’

El Informe de Fiscalización de la Cuenta General y del resto de cuentas anuales del sector público de la Región de Murcia de 2020 del Tribunal de Cuentas revela que la sostenibilidad financiera de la desaladora es «crítica».

El documento, publicado en junio, habla de «incertidumbre sobre la capacidad de la empresa para seguir con la actividad», pues eso dependerá de los acuerdos de la Junta General, de los procesos judiciales con la adjudicataria del mantenimiento y explotación de la planta, así como del resultado de las negociaciones con la empresa titular. El Tribunal de Cuentas subraya que la sociedad viene registrando desde su creación unas pérdidas que alcanzaron al acabar 2020 los casi 20 millones.