La inversión de la Comunidad está por debajo de la que podía permitirse hace 20 años

La caída de los ingresos que afronta la Comunidad Autónoma desde que se produjo la burbuja inmobiliaria ha multiplicado la deuda autonómica, que superaba los 12.100 millones al terminar el año 2023, pero también ha reducido la capacidad de inversión del Ejecutivo regional muy por debajo de los niveles que podía permitirse en la primera década de este siglo. Según los datos recogidos en un informe de Fedea, por cada 100 euros destinados a nuevas obras y proyectos en 2003 solo se gastaron 77 el pasado año.

Los recursos disponibles que no están comprometidos para sufragar la maquinaria autonómica y los servicios públicos son más bajos si se los compara con los del año 2009, cuando se llegó a superar en un 16% las cifras de principio de siglo.

El año 2019 marcó la mayor caída, dado que la Región destinó a los nuevos proyectos poco más de la mitad del dinero que podía permitirse invertir en 2003. Así, en el ejercicio anterior a la crisis de la covid la Comunidad destinó a inversiones 57 euros por cada 100 que llegó a gastar operaciones de capital en 2003.

La inversión de la Comunidad en comparación con los primeros años del siglo se situaba en 2023 algo por debajo de la media nacional, aunque el País Vasco y Cataluña fueron las únicas autonomías que consiguieron superar los recursos de 2003. El resto de comunidades se han alejado, salvo Galicia, que roza el cien por cien de los buenos tiempos, y Aragón que está en el 95%.

Sin embargo, el volumen de gasto ha seguido una evolución inversa en la Región y en el resto de comunidades autónomas, dado que el pasado año incluso había superado la proporción de 2009, después de haber caído en los años posteriores.

En 2023 el gasto de la Administración regional ha subido a 148 euros por cada 100 de 2003, lo que supone un 48% de aumento. En 2009, antes de que se desplomaran totalmente los ingresos que estuvieron entrando a las arcas regionales en la época del ‘boom’ del ladrillo, el gasto se había incrementado un 42%.

Pese a la crisis, el Ejecutivo regional había mantenido la progresión hasta 2010, cuando empezó a hacer los primeros recortes, que se intensificaron en 2012.

El informe de Fedea, que firma su director, Ángel de la Fuente, señala que «el gasto autonómico por habitante medido a precios constantes es seguramente un indicador razonable del nivel de prestación de servicios de los gobiernos regionales, al menos en circunstancias ordinarias».

Recuerda que el Gobierno central había tratado de «proteger» a las comunidades aplazando la devolución de los saldos en números rojos que arrojaron las cuentas regionales al llegar la crisis. «Las liquidaciones negativas de 2008 y 2009, que deberían haberse pagado al Estado en 2010 y 2011, se aplazaron y todavía se está devolviendo», precisa.

Para la devolución del dinero abonado por el Estado en las entregas a cuenta a las comunidades de acuerdo con las previsiones de recaudación que no llegaron a cumplirse se estableció «un período de más de quince años». Pese al desfase, «el ajuste del gasto fue aún más lento, manteniéndose por encima del nivel de 2007 a pesar de la persistente caída de ingresos».

Fedea apunta que el Gobierno central volvió a «absorber por entero los efectos financieros de la pandemia mediante fuertes inyecciones extraordinarias de recursos estatales y, en alguna medida, europeos. Lo llamativo es que los ingresos adicionales han excedido las nuevas necesidades de gasto, lo que ha permitido a las autonomías reducir su déficit con respecto años anteriores hasta prácticamente eliminarlo en 2021».

En la Región, los fondos destinados a costear los gastos de la covid-19 no dieron para salir de los números rojos y evitar el déficit, pero fueron utilizados para contener la deuda, que apenas aumentó en los años de la pospandemia. «El gasto se mantiene unos diez puntos por encima de su nivel prepandemia, sin tendencia aparente a la baja por el momento», se indica en el informe.

Las obras en carreteras y centros escolares son las más castigadas

El descenso de las inversiones que se ha producido en la Región durante los últimos 16 años ha causado grandes retrasos las carreteras y en la construcción de nuevos centros educativos. El primer proyecto que sacó adelante el Gobierno regional del PP fue la autovía del Mar Menor, que evitó las largas retenciones de los fines de semana en la incorporación al Puerto de la Cadena desde las playas.

También adjudicó en 1999 mediante peaje en sombra la autovía del Noroeste, que aún se está pagando mediante un canon anual. Sin embargo, la Comunidad no ha tenido en los tres últimos lustros capacidad para ejecutar ni la llamada autovía del Bancal, que completará la conexión del Menor por Sucina con la A-7 a través de Zeneta. Esta obra se financia con fondos del Estado, pero cuando el Gobierno central empezó a mandar el dinero la Consejería de Fomento no consiguió gastarlo. Ahora el nuevo consejero ve insuficientes los envíos que llegan y tampoco sale adelante. De igual forma, siguen pendientes otros proyectos, como la conexión entre Caravaca y Lorca.

También hay centros educativos que todos los años salen en los Presupuestos, pero apenas avanzan. Uno de ellos es el nuevo colegio de La Aljorra, cuya terminación se anuncia para finales de 2024 tras casi 15 años de retrasos.