El Tribunal de Cuentas hurga en el caso Auditorio de PAS

El caso Auditorio no terminó con la condena al expresidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, a 3 años de prisión y 17 de inhabilitación. Ahora es el Tribunal de Cuentas el que investiga los contratos que se firmaron para la construcción de las instalaciones de Puerto Lumbreras.

Según ha podido saber esta Redacción, este órgano de control externo pidió a la Audiencia Provincial de Murcia información sobre el procedimiento judicial y se le contestó el pasado 6 de septiembre, facilitándoles una copia de la sentencia y advirtiéndoles de que la misma no es firme.

En marzo de este año, Sánchez se convertía en el primer presidente de la Comunidad condenado por corrupción después de que el juez Juan del Olmo apreciara que sí que cometió los delitos de prevaricación por las irregularidades en la construcción del auditorio.

Pedro Antonio Sánchez: tres años de cárcel y 17 de inhabilitación

Se considera probado que, en 2005, Pedro Antonio Sánchez «encargó, verbalmente y sin previo expediente alguno de contratación», al arquitecto Martín Lejarraga la redacción de un proyecto que permitiera solicitar una subvención a la Comunidad, como finalmente hizo. A este proyecto le seguiría «otro posterior encargo verbal y sin expediente alguno» para realizar el proyecto del auditorio.

Las instalaciones ya estaban en su lista negra y aparecían en un informe sobre edificios en desuso de la Región

Sánchez y la secretaria accidental del Ayuntamiento «hicieron lo posible para evitar la libre concurrencia de profesionales en el concurso», entienda la Sala, que le acusó también de no haber suspendido el proyecto ni haber rescindido el contrato a pesar de «conocer que el proyecto era inviable física y económicamente por múltiples errores del proyecto».

No es la primera vez que el Tribunal de Cuentas se asoma por el caso Auditorio. Este edificio ya estaba en su lista negra desde el año pasado. En un informe sobre los edificios en desuso de la Región de Murcia, ponían de manifiesto que la estructura supuso una inversión de casi seis millones de euros, así como que la obra está sin terminar, aunque fue liquidada por el Consistorio a la empresa adjudicataria. Entonces, no entró a considerar las posibles responsabilidades derivadas de «la redacción del proyecto de obras ni la contratación, ejecución y recepción del inmueble al estar en curso y pendiente de resolución el indicado procedimiento judicial». Sentenciado ya, su investigación continúa.