Negociaciones PP-Vox: en juego el senador autonómico, un acuerdo programático y el Gobierno

A partir del lunes se espera que los equipos negociadores del Partido Popular y Vox se sienten en una mesa para hablar sobre quién cede qué para poder investir al candidato que ganó las elecciones en las pasadas elecciones municipales, el popular Fernando López Miras.

Desde el PP tienen una línea roja clara: el Gobierno regional ha de ser monocolor. A cambio, proponen pactar un acuerdo programático, tal y como hicieron en Baleares esta semana. Esto es del todo insuficiente para Vox, que no cede en sus pretensiones de recibir una consejería en el Ejecutivo murciano —por donde han pasado piden Agricultura—. 

Habrá que esperar a ver cómo se desarrollan las negociaciones, pero programa o Gobierno no son las únicas cartas que Vox va a llevar a la partida. 

Para empezar, la Región de Murcia designa dos senadores autonómicos además de los cuatro que envían los ciudadanos con sus votos en las elecciones generales. La designación corresponde a la Asamblea legislativa y no es la primera vez que los populares ceden uno de estos a otro grupo político con menor fuerza en la Cámara. Es el caso, sin ir más lejos, de Miguel Sánchez, de Ciudadanos, que termina su labor en la Diputación Permanente del Senado una vez que se constituya la nueva Cámara Alta. 

Incluso, desde Vox no se cierran a modificar la actual composición de la Mesa de la Asamblea, constituida hace dos semanas. Tendría que dimitir un miembro del PP y no es seguro que esta maniobra sea acorde a reglamento. 

Lo que es seguro es que, con Gobierno en minoría o de coalición, PP y Vox deberán negociar un acuerdo programático que José Ángel Antelo, que habla por Abascal en la Región, ya ha dicho que deberá ser del estilo del firmado en Valencia.

En él destacan varios puntos, como el relativo a la promoción de políticas que persigan «erradicar la violencia intrafamiliar [...] garantizando la igualdad entre todas las víctimas», sin mencionar a las de violencia de género; o los puntos sobre la protección al «mundo rural, sus tradiciones, fiestas, modo de vida y actividad económica». Sobre el agua, defensa «en todas las instancias de la política de trasvases, como el del Tajo-Segura», así como la ampliación de regadíos. En educación, remarcan la libertad de los padres para autorizar el contenido de las actividades extracurriculares y se comprometen a reforzar la inspección educativa para «sacar la ideología de las aulas».