La residencia universitaria tiene lista de espera para septiembre

El aumento de universitarios que ha experimentado la ciudad en el último año, especialmente por el incremento de estudiantes procedentes de otras partes de España y el extranjero, junto a la escasez de oferta de pisos en alquiler para los alumnos de la Universidad Politécnica de Cartagena y la Universidad Católica San Antonio, han supuesto un crecimiento muy importante en cuanto a la demanda de arrendamiento de habitaciones en la residencia universitaria que abrió el pasado curso en el antiguo edificio administrativo de la calle Sor Francisca Armendariz.

De hecho, aunque con la apertura de este alojamiento de 271 plazas se cerraron las 200 plazas públicas que ofertaba directamente la UPCT en las residencias Alberto Colao y de la Calle Caballero, un año más tarde de su inauguración, no sólo se han llenado, sino que cuentan con un listado de personas esperando a que alguien renuncie a cualquier tipo de las habitaciones de las que disponen.

El edificio cuenta con 239 habitaciones, la gran mayoría individuales, y, mientras el 1 de septiembre de 2021 aún tenían 19 plazas individuales disponibles, este año desde mediados de julio ya no admiten ni solicitantes en la lista de espera de las habitaciones triples y dobles «porque los que hay son residentes que ya estaban antes y ya tenemos suficientes esperando», indican desde la residencia sin precisar cuántos. Desde este equipamiento, si precisan que «quien quiera apuntarse ahora a una habitación individual, lo hará detrás de otras 40 personas que ya hay».

El precio de las habitaciones, que está marcado en un máximo por la UPCT, varía desde los 361 euros por persona y mes en las habitaciones triples con desayuno a los 766 euros al mes en habitación individual con pensión completa.

La antigua residencia de la Calle Caballero dejó de tener esta función con la apertura de la residencia de Mi Campus, al igual que la de Alberto Colao. En la actualidad, la primera acoge a refugiados de la guerra de Ucrania, mientras la segunda espera una reforma para permitir la ampliación de las instalaciones de la Asamblea Regional. La nueva residencia supuso una inversión de unos 10 millones de euros.