¿Es España un país corrupto? / La condición humana

La corrupción es compañera inseparable de la política. Eso no implica que los que se dedican a la cosa pública tengan necesariamente mayores dosis de inmoralidad que el resto de los ciudadanos, aunque para medrar en los partidos resulta imprescindible carecer de ciertos escrúpulos. Pero no se trata de que los políticos fueran ya unos golfos antes de entrar en la nómina pública. Es, simplemente, que cuando a una persona se la inviste de poder, inevitablemente surge la tentación de aprovechar la circunstancia en beneficio propio. Es la condición humana y sobre eso no cabe luchar ni escandalizarse demasiado.

Podemos aplicar a los políticos los estándares más altos de ejemplaridad y exigirles el ejercicio constante de una conducta impecable, pero eso no va a evitar que los casos de corrupción sigan aflorando, porque, hombres y mujeres, al fin y al cabo, siempre habrá un porcentaje de ellos que sucumbirá a la tentación de sacar tajada del poder que los ciudadanos hemos puesto en sus manos.

La inevitabilidad de la corrupción política es un principio universal que no conoce fronteras. En el resto de Europa hemos conocido casos gloriosos, como los olivos de cartón piedra, colocados por el Gobierno italiano en los descampados para cobrar las ayudas agrícolas de la UE, y otros muchos de menor cuantía que, por eso mismo, pasaron desapercibidos. Hasta en Alemania, cuna del luteranismo más exigente en términos morales, hemos visto estafas de todo tipo con el epicentro en su clase política, lo que demuestra que la corrupción de los políticos es una circunstancia transversal.

España no es más corrupta que el resto de países de nuestro entorno. Tampoco menos. Es un país democrático en el que la firma de un político puede generar o dar al traste con negocios de millones de euros, como ocurre con las recalificaciones de terrenos o las autorizaciones para instalar determinadas industrias millonarias. Cuando el sistema deja en tan pocas manos decisiones de tanta trascendencia económica, se están sentando las bases para que los sinvergüenzas decidan dar un paso al frente y sacar una buena tajada.

El socialismo andaluz y el separatismo catalán, por señalar los dos mayores focos de corrupción de la historia de Europa, tienen en su origen, precisamente, esa primacía que las democracias ponen en manos de los representantes públicos. Si no tuvieran tanto poder, si la sociedad civil pudiera desarrollarse con mayores cuotas de libertad al margen de la política, los casos de corrupción más famosos no se hubieran producido. Sin embargo, los ciudadanos quieren que los políticos resuelvan todos los problemas, y para eso hay que darles también más poder. De ahí a corromperse solo hay un paso que, por desgracia, no pocos de los cargos públicos acaban dando más pronto o más tarde.

Ahora estamos azacanados con el caso de corrupción de la compra de mascarillas a una empresa recomendada por miembros del Gobierno de España, una trama en la que ya aparece con nombre y apellidos hasta la mujer del presidente. El asunto es espectacular y tiene a la izquierda medio noqueada. Ahí es nada lo que estarían organizando en las calles socialistas y podemitas si la mujer de Rajoy se hubiera reunido con un empresario polémico que, pocos días después, hubiera trincado una millonada en subvenciones gubernamentales. Pero como ahora manda la izquierda, no pasa nada, porque si se corrompen los nuestros ya no es corrupción, sino un tema puntual sin más trascendencia.

Tal vez sea ese el hecho diferencial de España: que aquí la corrupción solo se denuncia cuando es de los otros. En número global de golfos, en cambio, tenemos la misma densidad.

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