El desastre que dejan detrás las guerras de la OTAN

La enorme catástrofe originada por la ruptura de dos presas próxima a la ciudad libia de Derna, que han causado decenas de miles de muertes, ocupan estos días el primer lugar de los noticieros y los principales titulares de la prensa internacional.

El número de muertos y desaparecidos no deja de crecer y entre ellos no sólo están muchos vecinos de la ciudad, súbitamente inundada por las aguas, sino también un número desconocido de migrantes subsaharianos que habían llegado allí en su accidentado camino hacia Europa.

Las televisiones de todo el mundo consultan mientras tanto a expertos, entre ellos ingenieros civiles, sobre cómo evitar en el futuro parecidos desastres, y se habla al mismo tiempo del impacto que pueden tener en ese tipo de catástrofes el cambio climático.

Se explica, por otro lado, que las presas libias estaban necesitadas de mantenimiento y no habían sido reparadas nada menos que en veinte años.

Y se denuncia además la total falta de planificación urbana que posibilitó el que se construyesen tan cerca de una ciudad con cerca de 50.000 habitantes, según cálculos de 2010.

Se informa de que las labores de rescate se vieron obstaculizadas por las condiciones políticas que reinan en el país, donde existen dos gobiernos, el del Acuerdo Nacional, con sede en Trípoli, único reconocido por la ONU, y otro en Bengasi, en el este, que se apoya en el Parlamento de Tobruk y al que sostiene militarmente la rama del Ejército libio comandada por Jalifa Haftar.

A lo que, para complicar aún más las cosas, hay que añadir toda una serie de actores locales, que actúan sobre todo en el sur del país, defienden los intereses de su comunidad o su región y mantienen sobre todo alianzas tribales.

Debido a esas y otras circunstancias, Libia no parecía tener autoridades capaces de alertar de la desastrosa condición de sus infraestructuras, entre ellas las dos presas de Darne.

Es una situación que se mantiene desde 2011, cuando Francia, EEUU y otras fuerzas de la OTAN arrasaron totalmente el país, que atravesaba una situación de guerra civil, para derrocar a su incómodo jefe de Estado, el coronel Muamar el Gadafi en una operación militar que calificaron de «intervención humanitaria».

Desde aquella intervención, Libia no ha levantado cabeza: siguió entre 2014 y 2020 a la primera, una segunda guerra civil entre los mismos grupos armados que habían derrocado a Gadafi y el país quedó irremediablemente dividido en zonas de influencia.

La corrupción reinante en las instituciones libias ha contribuido sin duda a la catástrofe, del mismo modo que los enfrentamientos entre grupos opuestos han obstaculizado las labores de rescate.

Mientras tanto, expertos en el Magreb como Tarek Megerisi, del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, apuntan a la existencia de mensajes en las redes sociales que denuncian que a la actual corrupción está contribuyendo el apoyo financiero de Bruselas para evitar la llegada de migrantes a las costas de Europa y que el odio de los libios a la UE puede crecer si no se le pone rápido remedio.

Es lo que pasa siempre: con el pretexto de la defensa de los derechos humanos o de la lucha antiterrorista Estados Unidos y sus aliados de la OTAN entran como elefantes en una cacharrería en países cuyas sociedades desconocen profundamente, ya se llamen Afganistán, Irak o Siri.

Y el resultado es siempre un desastre como el que vemos ahora en Libia, considerado en la época de Gadafi como el más estable y rico de toda África y hoy un Estado fallido más. Y por supuesto a nadie se le ocurre exigir responsabilidades.

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