Vox exige la dimisión de Tomás Rubio "porque es un okupa en la alcaldía de Cieza"

Jesús Castaño, líder local de Vox en Cieza, tildó a Tomás Rubio, alcalde de la localidad, de ser "un okupa en la alcaldía" y exigió su dimisión. "Hasta que no dimita no negociaremos nada con el PP. Fue elegido alcalde, con nuestros votos, mediante un pacto de Gobierno que él decidió romper unilateralmente. Por tanto, si el pacto ya no existe, por su culpa, debe cesar de su cargo inmediatamente". Además, negó tajantemente que exista un pacto encubierto entre Vox y PSOE y que se vaya a presentar una moción de censura contra el primer edil: "Vox ya no a formar Gobierno con ninguna formación en esta legislatura; aunque intentaremos que se aprueben nuestras iniciativas políticas, pero desde la oposición. Nosotros vamos a votar a favor de todas las propuestas que sean beneficiosas para la ciudadanía ciezana, con independencia del partido del que provengan, pero no abriremos ninguna vía de diálogo con el PP hasta que Rubio no dimita", remarcó.

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Jesús Castaño, líder local de Vox en Cieza, justificó este sábado las mociones presentadas por su partido (y aprobadas) en el último Pleno municipal, en las que, tanto Vox como PSOE, votaron la retirada de parte de la retribución exclusiva del 100% del acalde y que ahora pasará a tener una dedicación parcial del 82%, lo que se traduce en dejará de percibir 52.000 euros anuales y cobrará 43.624 es decir, una reducción de casi 10.000 euros, y las dedicaciones retribuidas que tenían atribuidas las concejalas populares María Turpín y Gertrudis Juliá; la primera del 100% y la segunda del 65%. Estas dos liberaciones pasarán ahora a un edil de Vox y a otro del PSOE, que tendrán una dedicación del 100% cada uno, con el objetivo de “tener las herramientas necesarias para fiscalizar la gestión del Gobierno local”, aclaró.

“Tomas Rubio, desde que decidió romper unilateralmente el pacto de Gobierno de Cieza, no nos facilita ninguna información y nos dificulta enormemente el acceso a los expedientes. Por ello, es imprescindible que tengamos un concejal liberado, que será Pascual Egea, para que se dedique, en exclusiva, a fiscalizar la gestión del Gobierno local”, explicó Jesús Castaño, quien matizó que, “en realidad, esta decisión no incrementará el gasto público de la corporación, ya que supone una redistribución de ese gasto entre los partidos de la oposición. De hecho, con esta medida, las arcas municipales se ahorrarán 400 euros este año”. 

Asimismo, respondió a las palabras de la concejala popular María Turpín, una de las ediles a las que se le retiró la retribución económica, quien manifestó que, “ahora, los liberados del PSOE y de Vox cobrarán por no ejercer ninguna función de Gobierno”. En este sentido, Castaño expresó que “esta señora, que en la anterior legislatura estaba liberada con dedicación completa, seguramente, cobraría por no hacer nada, y por eso piensa que todos son como ella. Pero está totalmente equivocada, el concejal de Vox sí se va a ganar su sueldo, y con creces”. Además, “justificó” la bajada del sueldo del alcalde, “ya que Rubio, por decisión propia, decidió renunciar a una serie de presidencias, como las de las comisiones informativas, y de algunos consejos locales y también porque la Junta de Gobierno Local ya no tiene algunas competencias que ahora posee el Pleno municipal”.

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En esta línea, el líder de Vox aseguró que los efectos para que su formación disponga de un concejal liberado tendrían que haber entrado en vigor el 5 de abril, al día siguiente de su aprobación en el Pleno, “aunque todavía no tenemos constancia de ello. Se debe ejecutar la decisión plenaria, puesto que de no hacerse sería una prevaricación del Equipo de Gobierno. Tomás Rubio ha anunciado que va a solicitar en los tribunales medidas cautelares y la impugnación de la aprobación que llevó a cabo el Pleno municipal y nosotros, lógicamente, acataremos la resolución judicial; pero, hasta que ésta no se produzca, debe acatar la decisión adoptada por la Corporación municipal, ya que, democráticamente, emana del pueblo de Cieza”.

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Finalmente, enfatizó en que el Gobierno local tiene que permitir el acceso a los contratos menores que se han realizado (aquellos cuya cuantía no supera los 15.000 euros y para los que no es obligatorio la supervisión del departamento de Contratación y su posterior salida a concurso de adjudicación público). “Los contratos menores son imprescindibles para solucionar, con carácter de urgencia, los problemas que afecten a la ciudadanía; lo que no se debe hacer, bajo ningún concepto, es trocear un contrato mayor en varias partes (para que no superen los 15.000 euros y, por tanto, no estar obligados a concursar públicamente) y adjudicarlos por separado”, concluyó el edil, quien puso como ejemplo los que “se hayan podido realizar en alguna feria o celebración festiva”, porque de esta forma podrían acabar esos contratos “troceados” en la misma empresa.