Confirman el procesamiento del expresidente de la Región de Murcia en el caso Guardería

El juzgado de Lorca que ha instruido la causa de presunta corrupción conocida por "caso Guardería" ha desestimado el recurso de reforma presentado por el expresidente de la Comunidad de Murcia Pedro Antonio Sánchez (PP) contra el auto que acordó su procesamiento por los supuestos delitos de fraude, falsedad, prevaricación y contra la ordenación del territorio.

Dentro de la causa en la que la jueza investiga presuntas irregularidades en la construcción de los centros municipales de atención a la infancia y la mujer en Puerto Lumbreras cuando el político del PP era el regidor de la ciudad, el fiscal Anticorrupción de Murcia presentó el pasado julio su escrito de conclusiones provisionales, en el que reclama para él penas que suman 13 años y medio de prisión y 36 de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

El juzgado de Instrucción de Lorca, en el auto que acaba de ser notificado a las partes, desestima las alegaciones expuestas por el exmandatario regional, que afirmó que los hechos que se le imputaban no eran constitutivos de delito alguno, por lo que solicitó la revocación de su procesamiento.

Y añade la resolución judicial que el auto recurrido, por el que se acordaba la continuación de la causa por los trámites del procedimiento abreviado, es solo la expresión de un juicio de probabilidad de una posible responsabilidad penal, con independencia de la acusación del fiscal y de lo que finalmente resulte del juicio.

El auto desestima igualmente el recurso presentado por la que era interventora en el momento de los hechos, en los años 2007 a 2010, cuando Sánchez era alcalde de Puerto Lumbreras y promovió el proyecto de construcción de la guardería y del centro para la mujer, que está en el origen de esta causa.

La Fiscalía Anticorrupción de Murcia, en su escrito de acusación, sostiene que Sánchez cometió, presuntamente, diversas ilegalidades en torno a ese proyecto por fraccionarlo indebidamente e incumplir varias formalidades legales.

En referencia al supuesto delito de malversación de caudales públicos, la Fiscalía afirma que cometió el mismo con el pago con sobrecostes y con la emisión de certificaciones y actas de recepción de obras inexistentes.

En cuanto al delito contra la ordenación del territorio, que también le atribuye, el fiscal sostiene que se incurrió en el mismo al aprobar el proyecto del centro de la mujer con una edificabilidad que superaba la máxima permitida.

El auto no es firme, ya que contra el mismo se puede presentar el recurso de apelación, que tendría que resolver la Audiencia Provincial de Murcia.