La Región, la comunidad en la que más se alargan los procedimientos judiciales civiles

La Región de Murcia es la comunidad española en la que más dura un procedimiento judicial civil. En concreto, la duración media es de 10,8 meses. Por debajo se encuentran Castilla y León (9,8 meses), Madrid (8,7), Andalucía (8,4) y Cataluña (8,3), mientras que Navarra, con 4,2 meses, es la comunidad en la que esta clase de litigios se resuelven con mayor presteza y la media nacional se sitúa en los 7,7 meses. Así queda reflejado en los últimos datos publicados en el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que analizan el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2022.

Los procedimientos judiciales civiles son, por ejemplo, aquellos en los que hay involucradas demandas relativas a derechos del honor, imagen e intimidad de la persona; demandas sobre impugnación de acuerdos sociales adoptados por altas instituciones como la Asamblea General o por órganos colegiados de administración en entidades mercantiles; o cuando se produce una reclamación de cantidades por impago de rentas y cantidades debidas.

En esta línea, la Región de Murcia también se sitúa a la cabeza en cuanto a la duración de los procedimientos judiciales penales. Con una media de 12,2 meses, es la segunda comunidad en la que más duran los juicios de este ámbito, tan solo por debajo de Andalucía (15,9 meses). En este caso la media del país es de 10,5 meses.

En cuanto a los otros tipos de procedimientos judiciales, los penales y los contenciosos, si bien la cifra mejora en función al resto de comunidades, sigue quedándose algo atrás. En cuanto a los penales, con 3,5 meses, se sitúa como la cuarta comunidad más lenta, empatada con Castilla-La Mancha. Por encima se encuentran Castilla y León (5,2), La Rioja (4,1) y País Vasco (3,7). La media nacional es de 2,8 meses. Respecto a los contenciosos, es la quinta más lenta, con 9,3 meses de media, empatada con Castilla y León y por debajo de Islas Baleares (16,9), Cataluña (11,7), Andalucía (9,8) y Aragón (9,7). En este caso la media nacional es de 8,9.

Menos previsibilidad

La tardanza del sistema judicial en dar respuesta definitiva a los litigios que se plantean está directamente relacionada con el déficit de previsibilidad de las resoluciones que dicta un sistema judicial. En este sentido, «a mayor duración de los procedimientos puede predicarse un mayor nivel de imprevisibilidad de la respuesta». Así se desprende del Informe del Observatorio de la Actividad de la Justicia que se presentó en Madrid el pasado 1 de febrero.

Y es que este año el informe ha girado en torno a la previsibilidad de la Justicia en España, «una cualidad esencial de los tribunales que constituye un indicador clave a la hora de analizar el comportamiento del sistema judicial», según refleja el Observatorio. En este sentido, el Informe destaca que «si se acercasen los tiempos de respuesta judicial de las provincias más lentas a las más rápidas, las empresas podrían crecer hasta un 2,8% más y la entrada de emprendedores se incrementaría hasta en un 7%».

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme, que ha colaborado en la elaboración del informe considera que «es esencial dotar a nuestro Ordenamiento de mecanismos adicionales que mejoren los tiempos de respuesta y la certeza sobre el criterio jurisdiccional aplicable en cada conflicto».