El nuevo alcalde de La Unión hereda una deuda de medio millón en agua

El Ayuntamiento de La Unión, dirigido por Joaquín Gabriel Zapata, que alcanzó un acuerdo de coalición con Vox para arrebatar el Consistorio al PSOE, ha emitido un comunicado en el que señala que el anterior Gobierno «ha dejado una deuda de más de medio millón de euros por facturas impagadas a Acciona, S.A, la empresa concesionaria de servicios de aguas». El nuevo Equipo de Gobierno, destaca el comunicado, durante este primer mes al mando, ha examinado la contabilidad de varias áreas «sorprendiéndose con las deudas que han ido apareciendo, todas con fecha del gobierno del exalcalde López Milán».

De esta manera, la deuda, afirman, se ha disparado en los años 2021, 2022 y 2023. Y desglosan la cuantía. Así, en 2021 era de 104.780,03 euros; en 2022, de 176.310,62 euros, y en 2023 alcanza los 291.750,70 euros.

Desde el Consistorio afirman que se puede observar cómo en el año 2023 es cuando más facturas se han quedado sin abonar, nueve en total, y, por lo tanto, el año donde más ha crecido la deuda, que resulta un total de 572.841,35 euros.

Por otro lado, una vez estudiada la deuda por parte del Equipo de Gobierno, señalan que «se ha podido apreciar que entre las facturas pendientes de 2023 y la previsión de pagos del Ayuntamiento del mismo año, la cantidad adeudada se vería incrementada en 190.000 euros, es decir, el total de la deuda pasará a ser de 763.000 euros.

«Pero lo más importante», señala el comunicado, es que los directivos de Acciona, S.A. en la reunión mantenida con el alcalde la semana pasada, «aseguraban un impago del agua de hasta un 15% por parte de particulares, y en caso de no remediarse dicha situación, procederían al corte del suministro».

Por eso, el actual Equipo de Gobierno se queja de que se encontraría sin margen de maniobra, pues lo que quiere evitar «a toda costa» es un corte de agua a los ciudadanos y una futura reclamación judicial por ese importe más los correspondientes intereses judiciales.

«Todo esto se podría haber evitado», concluyen, «si en el año 2015 se hubiese actualizado la tarifa del agua según contrato a 0,22/m3, pues con esos beneficios anuales se habría sufragado los costes de infraestructura y no hablaríamos de una deuda de tal magnitud».