Los desahucios multiplican por 15 las denuncias por okupación en la Región de Murcia

La alarma social generada por parte de algunos políticos alrededor del fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas no se corresponde con la estadística oficial sobre los casos que pasan por los juzgados de la Región de Murcia. Los datos del Consejo General del Poder Judicial revelan que los procedimientos judiciales en marcha en la Comunidad en 2022 por ocupación de viviendas fueron 126, mientras que los desahucios efectuados por los juzgados por impago de alquileres e hipotecas, así como por otras causas, sumaron 1.857 casos en ese mismo periodo, por lo que superan en 15 veces a los primeros.

En concreto, apunta el Poder Judicial, en el año 2022 «se registraron en la Región de Murcia 126 procedimientos por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas poseedoras de vivienda social, un 9,6 % más que en 2021». 

En Cataluña sumaron 657, un 23,6 % del total nacional. Por número de asuntos le siguieron Andalucía, con 536; la Comunidad Valenciana, con 387; y Madrid, con 222, detalla el organismo. 

El número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en la Región de Murcia en 2022 fue de 1.372, un 18,1 % menos que las iniciadas en 2021, concreta el CGPJ en su página web. 

"Hay gente que ha perdido su vivienda y no tiene una alternativa habitacional"

Joaquín Sánchez

— Sacerdote y activista

En términos absolutos, Murcia fue la quinta comunidad autónoma donde se presentaron más ejecuciones hipotecarias tras Andalucía (5.668), Cataluña (4.667), la Comunidad Valenciana (4.161) y Madrid (2.794). No obstante, en términos relativos, con 89,6 procedimientos de ejecución hipotecaria registrados por cada 100.000 habitante, la Región se coloca en la comunidad donde mayor número de acreedores, ante el incumplimiento de la obligación de pago por parte del deudor, tienen que pedir la ejecución del bien sobre el que recae la hipoteca. 

El número de lanzamientos practicados (desahucios) durante el ejercicio 2022 fue de 1.857, lo que supone un descenso interanual del 17,1%. Los lanzamientos afectan a distintos tipos de inmuebles, no solo viviendas, y, en el caso de éstas, no solo a la vivienda habitual. 721 lanzamientos (39 %) fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 1.018 (55 %) se derivaron de ejecuciones hipotecarias. Los 118 (6%) restantes obedecieron a otras causas. 

Los lanzamientos por impago del alquiler experimentaron una disminución interanual del 16,8 % respecto a 2021, mientras que los derivados de ejecuciones hipotecarias se redujeron en un 22,4%, precisa la fuente.

Primer trimestre de 2023

El Poder Judicial maneja datos del primer trimestre del presente año. Los juzgados de Instancia en la Región de Murcia practicaron 172 lanzamientos durante el primer trimestre de 2023, lo que supone una reducción del 68,3% respecto al mismo trimestre de 2022, consolidando así la tendencia a la baja que viene produciéndose desde el último trimestre de 2021.

Más de la mitad de estos desahucios (96) fueron consecuencia de procedimientos por impago derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos.

En el primer trimestre de 2023 se registraron en los órganos judiciales de la Región 18 juicios verbales por okupación, un 55% menos que en 2022. En este periodico se han resuelto ya 17 procedimientos de este tipo y 128 se siguen tramitando. 

"Acoso financiero"

 «Hay familias que perdieron su vivienda, consiguieron la dación en pago y el alquiler social. Fueron renovando el alquiler social, hasta que lo vendieron a un maldito fondo buitre. El fondo buitre no renueva el alquiler social y demanda a la familia, la cual sufre bullying financiero, llamándolos cada día y amenazándolos con el juez y con que la Policía o la Guardia Civil pueden ir en cualquier momento a echarlos, y los chantajean con que si quieren que sus hijos vivan esa situación. Estas familias, que siguen viviendo en esa casa de toda la vida, esperando el desahucio, dicen, con lagrimas en los ojos y con la voz rota: ‘Me siento una okupa, porque la casa ya no es mía, pero sigue siendo mi hogar, dónde nacieron mis hijos’».

Así se expresa Joaquín Sánchez, sacerdote y activista murciano, miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que atiende a La Opinión mientras se encuentra uno de sus muchos viajes solidarios, en esta ocasión en Mozambique. 

El cura conoce los datos del Poder Judicial y subraya que este organismo deja claro que «hay un número elevado de desahucios por falta de pago de alquiler o de la hipoteca», al tiempo que recuerda que «los alquileres han subido muchísimo, al igual que los intereses de las hipotecas». «Hay hipotecas que se estaban pagando a 400 euros y han subido a 700», hace hincapié. 

Con este panorama, «muchas familias ya no pueden pagar», lo cual «es un problema gravísimo», destaca el sacerdote.

Sin embargo, Sánchez tiene claro que «se han magnificado las okupaciones y se ha reducido mediáticamente el tema de los desahucios, que es el problema gravísimo». «La reflexión de fondo es a quién interesa esta situación», plantea el religioso.

A su juicio, es sospechoso «que se ponga de manifiesto continuamente el tema de las okupaciones por parte de sectores políticos de la derecha y la ultraderecha». «Los magnifican», considera, al mismo tiempo que «el drama de los desahicios está totalmente ausente de su discurso, de su realidad». «Es curioso, porque hay oficinas de denuncias de okupaciones y prácticamente no hay oficinas en pro de la vivienda y en contra de los desahucios, que es el problema más grave», insiste.

El sacerdote se pregunta «a quién interesa esta situación» y se responde: «Sin duda, al propio sistema financiero y de fondos buitre». «Mientras ellos puedan desahuciar tranquilamente, sin poner el acento o el foco en ellos, ganan; por otra parte, hay una realidad, que es que gente que ha perdido su vivienda no tiene una alternativa habitacional», recalca el activista. Estas personas en ocasiones no tienen otra que convertirse «también en okupas».

«La Administración se inhibe, se tapa sus vergüenzas poniendo el acento en las okupaciones», las cuales «ahora mismo, son mínimas», reitera el sacerdote. «Con esa estrategia de magnificar las okupaciones, se pretende desahuciar sin problemas», dice.