La Opinión de Murcia

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Agua

Cinco vías jurídicas a las que se aferran los regantes para tumbar el plan del Tajo en los tribunales

Andrés Molina, profesor de Derecho Administrativo de Alicante, apunta como un agravio para los agricultores la pérdida de los derechos sobre los usos del agua de la cuenca cedente

El presidente del Scrats, Lucas Jiménez, junto a los expertos en materia de agua que aconsejan al sindicato. | MARCIAL GUILLÉN / EFE

Un horizonte negro se asoma en el regadío del Levante atraído por la subida de los caudales ecológicos en el Tajo y, como consecuencia de ello, el recorte de agua enviada por el Trasvase al Segura. Los regantes se han reunido este lunes en la Asamblea General ordinaria del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura donde han buscado la unidad entre ellos para presentar batalla en Madrid el próximo día 11 de enero, donde se manifestarán contra los planes del Ministerio para la Transición Ecológica.

De cumplirse los peores pronósticos para los regantes, el sindicato podría aferrarse a cinco claves jurídicas que el profesor de Derecho administrativo y director del Instituto del Agua y las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante, Andrés Molina, presentó ayer ante los miembros de diferentes comunidades de regantes.

Las insuficiencias en el proceso participativo en la elaboración de los planes hidrológicos como el del Tajo, la ausencia de concertación con los regantes del Segura, la falta de control en los estudios técnicos sin justificación, el menoscabo en los derechos de los usuarios del agua del Tajo como los agricultores de Murcia, Alicante y Almería o la «infracción» en el cumplimiento del acuerdo por el funcionamiento del Trasvase son los cinco motivos que, en opinión del profesor de Derecho Administrativo, podría concluir con la anulación del Plan del Tajo.

Molina recordó ante los regantes que la directiva europea del Agua no recoge la necesidad de implementar un caudal ecológico, aunque sí la obligación de mantener en buen estado una masa de agua. «Sin embargo, es un concepto que no va contra la normativa europea», por ello ha tenido una continuidad en el ordenamiento jurídico español como, por ejemplo, en las sentencias del Tribunal Supremo sobre el caudal del Tajo.

Reunión hoy con el presidente valenciano Ximo Puig

El presidente del Scrats, Lucas Jiménez, anunció que los regantes llevarán a cabo una segunda movilización en Madrid el día que el Consejo de Ministros apruebe la planificación hidrológica del Tajo. El día 11 de enero será la primera, una cita en la que el sindicato ha tratado de aunar fuerzas en su Asamblea General. Jiménez se reunirá este martes con el presidente valenciano, Ximo Puig, para tratar los pasos que está dando el líder de los socialistas valencianos para frenar los planes del Ministerio. Tanto a Puig como a José Vélez, delegado del Gobierno en Murcia y secretario general del PSRM, les pide que «sean tan fuertes como García-Page (presidente del Gobierno manchego), que quiere destruir el Trasvase del Tajo».

Recorte a las arcas públicas y reclamaciones millonarias

La cuenca levantina acumula un déficit hídrico de 290 hectómetros cúbicos que se incrementará en 2027 cuando se cumpla el escenario final de elevación de los caudales en Aranjuez a 8,65 m3/segundo. Los efectos perjudiciales de tales recortes están escritos hasta en la planificación hidrológica del Segura, un coste que se definió como «desproporcionado».

Las previsiones que este lunes ha presentado Joaquín Melgarejo, director de la Cátedra del Agua de la Universidad de Alicante, son más pesimistas: 27.300 hectáreas en riesgo por la menor llegada del agua del Tajo (15% del regadío de la cuenca y dos tercios en Murcia), 15.300 empleos destruidos y hasta 5.600 millones en pérdidas de valor patrimonial.

En este punto ha incidido tanto Melgarejo como Andrés Molina, director del Instituto del Agua y las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante, que han recordado que el Ministerio se podría enfrentar a una reclamación millonaria por el agravio en la actividad económica (cese de los cultivos) y bienes de los regantes, es decir, la pérdida del valor del suelo.

«Los regantes no tienen el deber jurídico de soportar» los daños en la economía familiar. Melgarejo habla de «decisión arbitraria» que se eleve el caudal en este tramo con efectos «económicos, sociales y ambientales» para el sureste ambiental. Además, ha incidido en el impacto que supondría para las arcas públicas la pérdida de pagos en impuestos como el IRPF, la seguridad social de los trabajadores o el IVA por los productos.

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