Todos somos consumidores

La primera vez que un consumidor se quejó de que le cobraran el papel de envolver al mismo precio que la merluza, se rieron de él. La segunda, también. La primera vez que un usuario de banca denunció el cobro abusivo de comisiones, no le hicieron ni caso. La segunda, la tercera y mil veces después, también.

Todos somos consumidores. Es cierto. Pero solos no conseguiremos jamás que se respeten nuestros derechos. El papel de envolver dejó de cobrarse cuando una asociación de consumidores alzó su voz ante el ministerio correspondiente. Las comisiones de los bancos empezaron a controlarse cuando una asociación de consumidores lo denunció ante la Unión Europea.

Todos somos consumidores. Sí. ¿Pero quién defiende nuestros derechos? Es preocupante escuchar a diversos colectivos menospreciar la labor del asociacionismo en materia de consumo. Más grave es escucharlo de boca de quien administra lo público. Pero, por desgracia, ocurre, bajo el paraguas de «todos somos consumidores».

La Constitución Española, de 1978, contó con legisladores que se echarían las manos a la cabeza si vieran que, casi cincuenta años después, no se cumple lo previsto por ellos en el artículo 51: «Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca».

Porque, si todos somos consumidores, ¿para qué necesitamos una asociación de consumidores? Esta paradoja, tramposa como el mayor de los sofismas, cobra fuerza en diversos foros donde se maneja el poder en esta Región. Corremos un riesgo real de involución que no podemos permitir.

Todos somos consumidores, sí. Pero con asociaciones de consumidores fuertes seremos mejores consumidores.

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