Renovar no es despolitizar

El Consejo General del Poder Judicial es el instrumento de los partidos políticos para mangonear en la Justicia y poner a su servicio uno de los tres poderes del Estado, el único que todavía se les resiste. Los políticos forman el poder Ejecutivo y controlan el legislativo, puesto que son los que ostentan la representación de los ciudadanos.

A través del CGPJ consiguen también poner toda la fuerza del Estado a su servicio. Si a eso le sumamos que el llamado cuarto poder (la prensa libre) también vive mediatizado por los favores de la clase política y las subvenciones de las administraciones públicas, tenemos como resultado que en las democracias occidentales, y especialmente en la española, nada escapa al control de esos mastodontes de voracidad desbocada llamados partidos.

La independencia de la Justicia es un factor fundamental para una democracia porque los tribunales tienen, como una de sus labores fundamentales, verificar que los políticos no se corrompen, que las leyes que hacen se ajustan a la Constitución y que sus medidas desde el poder no socavan derechos individuales de los ciudadanos.

Esas tres cortapisas duelen mucho al político profesional, que no acepta de buena fe que unos magistrados le enmienden la plana. Como todavía no pueden encarcelar a los jueces rebeldes (de momento; a ver qué pasa cuando se apruebe la ley de amnistía), los partidos intentan controlar el órgano que los nombra y adjudica sus destinos jurisdiccionales.

Con eso basta para que la Justicia esté a su servicio y no al del pueblo soberano, de la que emana según reza la Carta Magna. Llegados a este punto resulta irrelevante que el CGPJ se renueve o no a tiempo. En última instancia es un órgano dedicado a legitimar los abusos de la clase política y, en consecuencia, la sustitución de unos vocales por otros solo implica que el equilibrio de poder en el órgano de los jueces caiga de uno u otro lado, según quién ostente la mayoría parlamentaria en cada momento.

Ahora le toca a la izquierda gobernar y por eso andan bramando sus dirigentes, muy ofendidos porque en el órgano de los jueces no se refleja su victoria electoral. A este grado de corrupción hemos llegado en España, una de cuyas asignaturas pendientes es despolitizar la Justicia, como han advertido con insistencia desde la Unión Europea con el éxito por todos conocido.

El PP acepta renovar el CGPJ, pero siempre y cuando se modifique el sistema de nombramientos y sean los propios jueces los que elijan a sus representantes, a excepción de los 8 que nombran las Cortes Generales. La petición es razonable y cuadra perfectamente con esa necesidad de sacar las sucias manos de la política del mundo de la judicatura.

Otra cosa es saber qué hubieran hecho los populares si las tornas se hubieran invertido y tuvieran que convivir con un CGPJ de mayoría progresista estando en el Gobierno. Igual el fervorín democrático no sería tan acusado. Pero nunca es tarde para exigir la dignificación de las instituciones públicas, sobre todo si se trata de la Justicia, piedra angular de cualquier sociedad democrática que pretende avanzar bajo el principio sagrado de que todos somos iguales ante la ley.

El PP lo pide y el PSOE se niega, cada uno por razones comprensibles aunque igual de espurias. Pero lo que no podemos hacer los ciudadanos es caer en esa trampa de los partidos. A nosotros nos interesa más que a nadie que los jueces ejerzan sus funciones con entera libertad. Todo lo demás es chapotear en la charca de una Justicia hiperpolitizada.

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