Alfonso X, nación y amnistía

Asistimos en este momento atónitos a una negociación ya no secreta, sino puesta a la luz por los partidos independentistas catalanes de cuáles son sus exigencias para apoyar a Pedro Sánchez en su investidura: amnistía, referéndum e independencia.

No se trata de reiterar argumentos que se están exponiendo en el Congreso de los Diputados y en las tertulias políticas; la igualdad frente a la amnistía, que representa el privilegio de unos políticos independentistas condenados por intentar un golpe al Estado constitucional (antes se procedió a la eliminación de la sedición como delito, los indultos y la atenuación de la malversación de los caudales públicos) o lo que llaman la ‘desjudicialización’ del conflicto político versus cumplimiento de las sentencias judiciales en un orden constitucional.

Se aluden a precedentes que nada tienen que ver con un Estado democrático, como fue la Ley de Amnistía de 1977 o la ley de 1986, que rehabilitó a los militares antifranquistas que no se beneficiaron de las medidas previstas en la ley de 1977 para los militares republicanos.

La cuestión esencial no es la amnistía, que se regulará en una ley por juristas al estilo sanchista, y que, probablemente, será recurrida por vulnerar los principios constitucionales y derechos fundamentales.

Lo fundamental es el fantasma que recorre a España en forma de nacionalismo fragmentario, fundamentalmente en Cataluña, un viejo topo que lleva instalado más de cien años, abriendo socavones en el cuerpo de la sociedad política española.

Autodeterminación e independencia son los fines sobre la base de que España es una prisión de naciones, según la visión del nacionalismo fragmentario al que el sanchismo actual ha dado alas.

Los gobiernos rectos, decía Aristóteles, son aquellos que dominan el todo social para atender el bien común de la sociedad política, mientras que los torcidos son aquellos que dominan el todo en beneficio del bien propio del que gobierna (les invito a los lectores a que imaginen a qué presidente del Gobierno me estoy refiriendo).

Nadie duda de que se hacen concesiones a los independentistas, porque se necesitan para el mantenimiento en el poder (hacer política en el nuevo lenguaje sanchista).

No es lo evidente sobre lo que quería reflexionar, sino centrarme en que todo parte de una guerra cultural e historiográfica que los nacionalistas pretenden imponer, que no es otra que la negación de la existencia medieval de España y la construcción de un relato de que las naciones catalana, vasca o gallega tienen un pasado anterior a la formación de España y la consiguiente deslegitimación de la Transición española.

El Imperio español contó con la participación desde el principio de vascos, catalanes, gallegos, murcianos, andaluces, etc (Elcano, Juan de Garay, Pere Margarit, Joan de Serrallonga…). «No es Castilla la que hace España», decía Ortega, sino América, pues de aquí surge la lengua común.

Es antes, en el siglo XIII, con Alfonso X, cuyo corazón está en la Catedral de Murcia, cuando surge el origen de la nación española, aglutinando en su expansión conquistadora a gallegos, vascos, aragoneses, murcianos, catalanes... bajo el reparto territorial y el enlace genealógico.

Su legado es decisivo para la consolidación de España como nación, surge el gentilicio de españoles y da paso a un periodo de transformación y homogeneización de las estructuras administrativas, económicas y jurídicas de la época.

Luego, en su acepción política, denotativa de soberanía, se plasma en el siglo XIX con la Constitución de Cádiz. La nación está unida a la soberanía constitucional, cualquier otra utilización sesgada o anacrónica del concepto nación pretende confundir y legitimar a los nacionalismos fragmentarios catalán o vasco, cuando en ningún momento se ha utilizado en la historia con ánimo independentista.

Con la crisis de identidad nacional del 98 es cuando surgen los nacionalismos periféricos, nunca antes. España es una nación conformada con el paso de los siglos con el concurso de todos, procedentes de cualquier parte del territorio español. En esta guerra cultural entre la verdad histórica y el discurso distorsionado de la realidad se juega el partido.

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