Ve con Dios

Ve con Dios 2022. Después de la pandemia, creíamos que no íbamos a tener más plagas. Pero menudo añito en lo judicial se refiere. Desaparece el delito de sedición, en contra de todo pronóstico, incluso europeo. Se reforma el delito de malversación. Nace una ley donde se puede cambiar de sexo una persona con 16 años sin control paterno. La ley del ‘solo sí es sí’ (Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual) está poniendo en la calle, o rebajando las penas impuestas a los violadores, por culpa de los jueces que no saben interpretar la ley, y les gusta revisar otra vez todo el trabajo ya realizado para adecuar la pena a la nueva ley. Los vocales del Consejo General del Poder Judicial iban camino de los cinco años de prórroga sin ser renovados, porque no se ponían de acuerdo los partidos políticos que están obligados a hacerlo. El Tribunal Constitucional tumba leyes del Ejecutivo.

Empezó en el 2021 por la nulidad del Decreto- Ley por el que en marzo de 2020 se modificó la comisión delegada para la inteligencia, que se publicó con el objetivo de introducir en ella, dicen, al que fuera secretario general de Podemos. En junio de 2021, se tumbó la reforma del Ejecutivo que dejaba en manos de los Tribunales Superiores de Justicia el aval de las medidas postpandemia. En julio de 2022 también anuló el primer estado de alarma, donde se ordenaba el confinamiento domiciliario al inicio de la pandemia. También en julio de 2021 declaró nulo el nombramiento de Rosa María Mateo como como administradora única de RTVE. En octubre de 2021, es el segundo estado de alarma el que cae en el Constitucional al declarar también nulo el Decreto Ley que lo impuso, por falta de control parlamentario al Gobierno. Y últimamente, el frenazo más sonado, por inesperado y novedoso, ha sido la estimación de la medida cautelar (por seis votos a cinco) de paralizar una votación del Senado para modificar la manera de nombrar a magistrados del Tribunal Constitucional, simplemente porque se habían saltado todas las formalidades legales y «no guardan conexión de homogeneidad con el texto enmendado» (sic). Se trataba de reformar las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial a través de una ley que nada tenía que ver con ello. Por eso, se decía que se iba a proponer por el Gobierno y sus socios una ley exprofeso para conseguir sus objetivos de reformar esas leyes. Pero quizás ya no haga falta, porque el CGPJ ya ha elegido a dos magistrados para el Constitucional. El poder judicial se ha metido en el legislativo con esa medida cautelarisima, para evitar que el Ejecutivo se meta otra vez en el judicial. Menudo panorama, y por eso el jefe del Estado, en su discurso de Navidad, ha dicho que las instituciones deben respetarse mutuamente.

Pero aún quedan resoluciones clave del Tribunal Constitucional, que afectan a leyes importantes, como son: la ley del aborto, que aprobada en el año 2010 por el gobierno de Zapatero el Tribunal de Garantías debe resolver sobre su adecuación a la Constitución; la ley de la eutanasia; la ley de Educación; la ley de Protección de la Infancia, la ley de la Reforma Laboral; la ley rider que regula a los repartidores de plataformas digitales; y la ley que regula el uso del catalán en las escuelas.

A todo esto, en el año 2023 hay elecciones. Las municipales, el domingo 28 de mayo, para elegir a más de 67.000 concejales en 8.100 Ayuntamientos, y a los alcaldes si se trata de un concejo abierto. A la vez, discurrirán las elecciones autonómicas. Y antes de que acabe el año se disolverán las Cámaras, el 16 de octubre, pues el 10 de noviembre expiran los cuatro años del mandato de las Cortes, según la ley electoral. Por lo que, como muy tarde, habrá elecciones generales, si no se anticipan, que no creo, el 10 de diciembre de 2023.

Menudo año nos espera. Qué pasará en las elecciones. Ganas tengo ya de saberlo.

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