El Gobierno admite la dificultad de acortar la instrucción judicial para contentar a Junts: "Hay que buscar un equilibrio"

El Gobierno no tiene claro cómo aterrizar la propuesta lanzada por Pedro Sánchez de reformar la ley de enjuiciamiento criminal para acortar los plazos de instrucción judicial, en contra de la posición tradicional del PSOE, como forma de lograr el apoyo de Junts a la ley de amnistía. En público, el Ejecutivo se remite a la negociación entre los grupos parlamentarios. Ahora se abren varias semanas de conversaciones dentro de la comisión de Justicia del Congreso, después de que los posconvergentes frenaran la norma al considerar que dirigentes como Carles Puigdemont, que está siendo investigado por terrorismo por su presunta implicación en el Tsunami Democràtic, no quedaban lo suficientemente blindados. En privado, en cambio, fuentes de la Moncloa admiten la dificultad de la iniciativa. 

“Es complicado. Hay que buscar un equilibrio entre el tiempo adecuado para las investigaciones judiciales y que estas se alarguen durante años y años y acaben provocando indefensión”, señalan los colaboradores más estrechos del presidente del Gobierno. 

En una entrevista en La Sexta, Sánchez abrió la puerta el lunes a abreviar los plazos actuales, que el PSOE amplió en 2020, anulando una reforma del PP de cinco años antes que los acortaba. “Hay instrucciones que se prolongan y que los propios fiscales han puesto en cuestión. Hay elementos que podemos incorporar de mejora para subsanar algunas de las dudas que puedan tener estas formaciones políticas”, dijo el jefe del Ejecutivo, en referencia a Junts. 

El partido de Puigdemont, por el momento, guarda silencio sobre esta propuesta, alegando que la negociación se encuentra abierta. Pero el mensaje de Sánchez, que se esfuerza estos días en mostrarse conciliador con los posconvergentes, admitió pocas interpretaciones. Frente a los recelos de Junts, el jefe del Ejecutivo vino a transmitir que si se limita el tiempo de las instrucciones judiciales (ahora es de 12 meses, pero prorrogables sin límite cada seis meses) el juez Manuel García-Castellón, que es quien investiga por terrorismo al expresident de la Generalitat y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, tendría que elevar ya el asunto a juicio. 

Y allí la acusación de terrorismo, un delito que no entra dentro de la aplicación de amnistía, quedaría en nada. Este martes, sin embargo, los fiscales del Supremo avalaron la investigación de García-Castellón por una amplia mayoría. La decisión que no ha provocado “ninguna sorpresa” en la Moncloa. El entorno de Sánchez insiste en que la decisión final del ministerio público corresponde a la Fiscalía General del Estado, que en principio no comulga con la acusación de terrorismo.

"Valiente y constitucional"

La noticia de los fiscales del alto tribunal ha trascendido justo cuando el Gobierno comparecía tras el Consejo de Ministros, un día después de que Sánchez lanzara su oferta sobre la modificación de la ley de enjuiciamiento criminal en contra de los postulados tradicionales del PSOE. "Es un tema que está sobre la mesa. Somos conscientes de que en ocasiones las instrucciones se alargan. Esta propuesta va muy en línea de ir hacia una Justicia más eficiente. No obstante, el diálogo y la negociación en este caso no recae sobre el Gobierno. Corresponde a los grupos parlamentarios. Al Congreso llegó una ley de amnistía valiente, reparadora y constitucional. Será así la que salga del Congreso”, explicó la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría.  

En cualquier caso, el Gobierno no contempla cambiar la ley de amnistía para que el terrorismo entre sin ambages dentro de la medida de gracia. Dar ese paso, provocaría, según los socialistas, que la iniciativa fuese anulada por el Tribunal Constitucional. Si la norma se vuelve a cambiar dentro del trámite de enmiendas, señalan en la Moncloa, será solo para hacer retoques de tipo “técnico”.