Los fiscales conservadores piden a García tratar también la concesión de amparo a fiscales del procés frente al lawfare

El fiscal general del Estado aún en funciones, Álvaro García, que será renovado en su puesto en el Consejo de Ministros del próximo martes, estrenará su nueva etapa con un obligado debate en el Consejo Fiscal sobre la futura ley de amnistía. A ello se unirá, previsiblemente, una segunda convocatoria ordinaria del órgano consultivo que incluya la concesión de amparo a los fiscales del procés y de aquellos que trabajan en Cataluña en procedimentos que previsiblemente serán incluidos en los efectos de la citada norma.

Así lo han solicitado los seis vocales de la mayoritaria Asociación de Fiscales, de corte conservador, en una carta remitida este miércoles a la fiscal inspectora, María Antonia Sanz. Vinculan esta petición al incidente protagonizado la pasada semana por el diputado de Junts en el Parlament Quim Jubert, quien manifestó sobre el número dos del ministerio público en Cataluña, Pedro Ariche, no era bienvenido a la cámara autonómica y le acusó de haber vulnerado la presunción de inocencia en varios casos relacionados con el 'procés'. Estas palabras de Jubert tuvieron lugar en la comisión de justicia celebrada en la Cámara catalana, donde estaba citado el fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, para presentar la memoria de 2022. 

Seguidamente, la Junta de Fiscales de Cataluña emitió un comunicado manifestando su "apoyo" total a la actuación de Ariche y acusando a Jubert de haber perdido la "cortesía" y el "respeto institucional". Para los fiscales, se vulneró la "separación de poderes y la independencia judicial" y que se trata de un "ataque injustificado" que solo busca "generar una corriente de opinión negativa entre la ciudadanía".

Dos debates sobre amnistía

Así, los vocales Jorge Andújar, María Isabel Gómez, Eva Más, Miguel Rodríguez, Beatriz Sánchez y Roberto Valverde Megías señalan que, "con independencia" de la fijación del Pleno extraordinario para tratar sobre la ley de amnistía, y "sin perjuicio del resultado de tal debate", también debe tratarse en el Consejo Fiscal el tema del amparo a los fiscales relacionados con las causas sobre independentismo en Cataluña afectadas por una posible medida de perdón.

Solicitan, concretamente, la "aprobación del expreso amparo, reconocimiento y respaldo del Consejo Fiscal a la actuación de los miembros de la Fiscalía en todos los procedimientos vinculados o derivados del denominado “procés”, realizadas sin excepción conforme a la legalidad vigente y sin que quepa admitir en ellas desviación alguna por motivación política”, según señala la misiva a la que ha tenido acceso El Periódico de España, del Grupo Prensa Ibérica.

Consideran que con ocasión de la publicación del acuerdo suscrito entre el PSOE y Junts el registro ante la Mesa del Congreso de los Diputados la proposición de ley "se ha puesto en entredicho la adecuación a los principios constitucionales de los fiscales que han intervenido y aún siguen interviniendo en los procesos judiciales afectados por tal proposición".

Cuestionamiento de la legalidad

Agregan en su carta que "El cuestionamiento de la sujeción a los principios constitucionales de legalidad e imparcialidad de los Fiscales se extiende a lo largo de toda la Carrera Fiscal", desde los fiscales del Tribunal Supremo que intervinieron en los procedimientos celebrados ante su sala de lo Penal, pasando por las fiscalías ante el Tribunal Constitucional, de la Audiencia Nacional o del Tribunal de Cuentas y llegando a todas las fiscalías de Cataluña, que asumen la llevanza de los distintos procedimientos, desde la fase de instrucción hasta la de ejecución.

"Y, por supuesto, alcanza a la propia Fiscalía General del Estado, que ha tenido conocimiento, supervisado y convenido en cada actuación realizada en estos procedimientos, garantizando con ello el principio de unidad de actuación".

Por ello les resulta "inaceptable" que se atribuya de forma gratuita e infundada a estos Fiscales una desviación del ejercicio de las funciones que nos son propias como integrantes del Poder Judicial con el fin de servir a un "supuesto propósito de judicialización de la política".