Los exalcaldes de Mazarrón descargan la responsabilidad de las obras ilegales en los técnicos

Los exalcaldes de Mazarrón Ginés Campillo y Francisco García han señalado este miércoles, en el juicio iniciado en la Audiencia Provincial de Murcia acusados de la adjudicación ilegal de obras, que los técnicos del ayuntamiento nunca le hicieron advertencia de ilegalidad alguna, por lo que siempre pensaron que operaban dentro de la ley.

Estos dos exregidores, que dirigieron el consistorio mazarronero entre 2011 y 2015, están acusados por un presunto delito de prevaricación junto con tres exconcejales y tres empresarios de la construcción, para cada uno de los cuales la fiscalía reclama diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por la presunta adjudicación ilegal de obras por importe total de 413.400 euros.

El primero en declarar ha sido Campillo, actual primer teniente de alcalde y concejal por la Unión Independiente de Mazarrón, quien ha asegurado que no conocía que uno de los empresarios presuntamente beneficiados por las adjudicaciones de obras tenía una empresa de construcción, ya que, ha añadido, lo conocía como empleado de banca.

Este acusado ha señalado igualmente que los informes emitidos por el secretario municipal y el interventor no hacían advertencias de ilegalidad, sino que formularon sugerencias, para añadir que en las sesiones de la Junta de Gobierno, a las que el primero acudía, nunca se dijo que las adjudicaciones pudieran ser ilegales, como tampoco lo hicieron ninguno de los concejales.

En otro momento del interrogatorio, Campillo, cuyo partido gobierna en coalición con el PSOE, ha explicado que ignoraba que una segunda empresa supuestamente beneficiada por las adjudicaciones, que lleva el nombre de Mazarrón, fuera de esta localidad.

En cuanto a la contratación de personal ajeno al consistorio para la realización de determinados trabajos, ha manifestado que siempre se hizo porque el concejal del ramo hacía la propuesta al considerar que no se contaba con suficientes empleados municipales para desarrollarlos.

Respecto a los contratos menores, que la fiscalía sostiene que se acudía a ellos para incumplir la normativa de pública concurrencia y publicidad, ha indicado que se aprobaban no por ese motivo, sino por la mayor agilidad que los mismos permiten para acometer obras urgentes.

Sobre el informe con reparos que redactó el interventor municipal sobre la forma en que se adjudicaban las obras, este acusado ha dicho que los emitió meses después de encargadas las mismas, sin que antes hubiera hecho ninguna advertencia que alertara de alguna posible ilegalidad.

El segundo en declarar ha sido Francisco García, que sucedió en 2014 al primero en la alcaldía en cumplimiento del pacto de legislatura suscrito UIDM y PSOE tras las elecciones de 2011, quien igualmente ha señalado que eran los técnicos municipales los que hacían las memorias valoradas de las obras a realizar y los que indicaban cuál de las ofertas presentadas era la más beneficiosa.

García, que fue apartado de las listas del PSOE a las elecciones locales de 2015 tras ser investigado por este caso, también ha explicado que los reparos hecho por el interventor “fueron a posteori”, para añadir que si el secretario general hubiera dicho que la aprobación de cualquier asunto que llegaba a la Junta podía ser ilegal, “por supuesto que el expediente habría quedado sobre la mesa y no se habría adjudicado”.

Al recordarle el fiscal del caso que cuando declaró como investigado en el juzgado de instrucción declaró que el anterior alcalde, Ginés Campillo, le había dicho a quién había que adjudicar las obras, se ha retractado de esas manifestaciones y ha dicho que en aquellos momentos había mucha tensión y estaba muy nervioso.

La vista oral de esta primera sesión del juicio ha dado comienzo con el planteamiento de las cuestiones previas, en las que los defensores de todos los acusados han dejado constancia de su protesta al añadir el fiscal a sus conclusiones iniciales la petición de que las adjudicaciones sean anuladas, algo que consideran les produce indefensión, lo que la Sala ha descartado.

La vista oral continuará esta tarde con la declaración de los otros seis acusados.