Indignación entre los científicos por obligar a becados a abonar sus cotizaciones antiguas

Incomprensión e indignación a partes iguales. No entienden qué afán puede haber detrás o en qué les beneficia que ahora tengan que pagar de su propio bolsillo una gran cantidad de dinero para que el periodo de becas de investigación que realizaron en el pasado cuente como tiempo cotizado en la Seguridad Social. La medida del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones contemplada en el nuevo convenio especial ha provocado que las aguas estén más que revueltas entre la comunidad científica regional.

Pagar 288 euros por cada mes trabajado durante esta fase de su etapa laboral de investigación para rescatar hasta cinco años de los periodos de prácticas no cotizados. Es lo que dicta la orden ministerial publicada en el BOE el pasado 1 de mayo y por la que el departamento que dirige Elma Saiz regula la suscripción del convenio especial con la Seguridad Social (…) por los períodos de prácticas formativas y de prácticas académicas externas.

Esto, alertan los afectados, supondría que una persona que cobraba una beca media de unos 600 euros al mes en el año 2000 tendría que pagar ahora 290 euros cada mes, lo que representa aproximadamente la mitad (el 48%), de la ayuda recibida entonces.

Hay que recordar que antes de 2006, tanto en nuestro país como en el extranjero, el personal investigador en sus etapas iniciales recibía su salario a través de becas que no incluían vacaciones, permisos de maternidad o paternidad, así como bajas médicas. Sin embargo, se consiguió que la Ley de la Ciencia de 2011 estableciera la obligación de la contratación laboral desde el inicio de la etapa de investigador predoctoral, con plena cotización a la Seguridad Social. «El año pasado el Real Decreto-Ley 2/2023 estableció la posibilidad de suscribir un convenio especial para recuperar la cotización de ‘períodos de prácticas’ anteriores al año 2011, incluyendo el doctorado. Se permitía inicialmente regularizar dos años, y posteriormente cinco, de aquel período de formación», recuerdan numerosas asociaciones científicas nacionales en un comunicado conjunto publicado recientemente.

Centenares de miembros de la comunidad científica de la Región de Murcia y que forman parte de asociaciones como la de Divulgación Científica de la Región de Murcia (ADCMurcia) se encuentran en esta misma tesitura. Tras años y años aportando su talento investigador tras una excelente formación, no comprenden cómo tienen que pagar ahora «la friolera» de casi 18.000 euros si quieren que se incluya como periodo cotizado en la Seguridad Social hasta cinco años en los que estuvieron formándose e impulsando su profesionalidad con el amparo de una beca investigadora o alguna ayuda recibida por parte de la administración.

«Han sacado una legislación encaminada a que la gente no realice esa cotización porque es algo desproporcionado», sostiene Pepe Rivera, bioquímico, funcionario del SMS y profesor asociado en la Universidad de Murcia (UMU). En su caso, fue becario de investigación entre 1987 y 1990 del Instituto de Salud Carlos III para hacer su tesis doctoral. «Empecé ganando 70.000 pesetas (unos 420 euros a día de hoy) y acabaron pagándome 90.000 (menos de 600 euros). Nos hemos quedado de piedra que ahora nos pidan cotizar más de la mitad de lo que nosotros ganábamos como sueldo entonces. Un auténtico disparate», lamenta.

Para Marcos Egea, catedrático de Genética de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y director del Instituto de Biotecnología Vegetal de esta misma institución, «España tiene un déficit de pensiones que nadie quiere reconocer y están intentando recaudar de donde pueden».

«Ayudas más que ridículas»

En su caso, estuvo durante una década con contratos en países extranjeros como Israel o Alemania. Consiguió una beca posdoctoral de dos años del Gobierno español de unos 1.200 euros mensuales para vivir en Alemania, lo que era «cobrar la mitad» de las mismas becas posdoctorales alemanas en aquel momento: «Si algo hay que caracteriza a España es que las ayudas que dan son más que ridículas. En este momento, un becario de formación de personal universitario gana unos 1.280 euros netos siendo el mejor de la promoción. Es un insulto a la ciencia y al talento», dice, añadiendo que «ni los gobiernos de la izquierda ni los de la derecha han apostado por la ciencia en España».

Hay una contradicción evidente, sostiene, ya que para ser profesor titular de universidad te piden un mínimo de tres años de estancia en el extranjero que luego no vas a poder cotizar. «Nos mandan a formarnos al extranjero para poder trabajar en investigación y no es solo que no lo reconozcan, sino que ahora te hacen pagar por ello», expone.

«Lejos de ‘hacer prácticas’, lo que hemos hecho ha sido abanderar la armada científica española», dice por su parte Susana Martínez, catedrática de Historia e Instituciones Económicas de la UMU, quien recuerda que para acceder a estas becas de formación investigadora había que formar parte de un grupo de personas ya de por sí muy seleccionado y altamente cualificado: «Ni eran prácticas ni eran regalos. Los requisitos eran muy fuertes y, de lo que había, se elegía lo mejor», apunta.

Con la cuota tan alta de casi 290 euros al mes, continúa Susana Martínez, «entendemos que nos están imputando tanto la parte del trabajador como la parte de la empresa, con la gracia que esta ‘empresa’ es el propio Estado». Para hacer frente a esta situación, esta investigadora cree que es necesario que la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, «se decante», plante cara a su socia Elma Saiz de manera que abogue por los «derechos» de este personal.