Piden 27 años de cárcel para un exjefe de servicio jurídico de Fomento por cohecho y tráfico de influencias

La Fiscalía ha pedido hasta 27 años de cárcel para el ex jefe del servicio jurídico de la Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda, dependiente de la Consejería de Fomento, por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, falsedad en documento público, prevaricación y revelación de secretos.

En concreto, la Fiscalía considera acreditado que el ex jefe del servicio jurídico de la Dirección General utilizó durante varios años el citado cargo y su despacho oficial para la realización de "captación de clientes" con la finalidad de participar e "intermediar" en actuaciones urbanísticas y de otra índole.

En concreto, el Ministerio Público considera que el acusado solicitaba por ello dinero en efectivo y se servía de otras personas que le valían de "intermediarios", según el escrito de acusación de la Fiscalía. Entre estos "intermediarios" figuran otros dos de los procesados, que actuaban en "connivencia" con el ex jefe del servicio jurídico, amparándose en la "oficialidad" que su situación y ubicación daba a los "clientes".

Se trata, según la Fiscalía, de gestiones que "no se correspondían necesariamente con actuaciones propias del ejercicio de su cargo público y de su competencia concreta funcionarial". El Ministerio Público sostiene que el ex jefe de servicio, "previa petición de dinero, se ofrecía a realizar gestiones para tratar de conseguir que fuesen adjudicatarios de obra pública en concursos de la administración y conseguir la anulación de sanciones impuestas por las administraciones públicas".

Asimismo, según el fiscal, se ofrecía a "conseguir licencias o autorizaciones de la Consejería de Transportes, conseguir reuniones con concejales de urbanismo --lo que llevó a efecto-- pero en el entendimiento de que con sus gestiones se iban a solucionar las dificultades u obstáculos existentes para los particulares".

Para justificar tales peticiones de dinero y vencer las posibles reticencias de los particulares, "generalmente se les citaba en el propio despacho oficial de la Consejería de Obras Públicas y, en ocasiones, se les entregaba mendaces certificaciones públicas elaboradas por el acusado con el sello de la Consejería de Presidencia y Fomento y firmados por una persona inexistente como funcionario de la Comunidad".

Ante tal "escenificación engañosa y aparente", los empresarios particulares "entregaban las distintas cantidades de dinero que les solicitaban confiados en la futura gestión y encargo propuesto", según el escrito de acusación.

En cambio, los acusados sabían "que no iban a hacer generalmente gestión alguna" y, de hecho, "elaboraron documentos mendaces para tranquilizar a los empresarios pagadores viendo lo infructuoso de las supuestas gestiones que iban a conseguir y evitar reclamaciones".

De la misma forma, según la Fiscalía, los acusados sabían "que no tenían capacidad de influencia real en la generalidad de los hechos objeto de acusación más allá de propiciar alguna reunión con algún concejal de urbanismo municipal".

Finalmente, el Ministerio Público sostiene que el acusado era consciente de que "no le iban a pedir cuentas tales particulares de esos pagos realizados en efectivo y sin rastro alguno por la creencia de la aparente ilicitud de las gestiones ofrecidas y aceptadas".

Petición de penas

Para la Fiscalía, el ex jefe de servicio jurídico es responsable de un delito de estafa continuada por el que procede imponerle la pena de ocho años de cárcel y 3.720 euros de multa; así como autor de un delito continuado de tráfico de influencias por el que pide para él la pena de un año de prisión.

Asimismo, el Ministerio Público sostiene que este acusado es autor de un delito continuado de falsedad en documento público por el que pide para él la pena de siete años de cárcel y 4.960 euros de multa; y dos años de cárcel por cada uno de los dos delitos de prevaricación con una multa de 11.160 euros.

La Fiscalía también sostiene que el ex jefe de servicio jurídico es autor de un delito de revelación de secretos por el que procede imponerle la pena de dos años de prisión. Finalmente, el Ministerio Público considera que el procesado es autor de un delito continuado de cohecho por el que pide para él la pena de cinco años de cárcel y 6.200 euros de multa. De forma alternativa, sería autor de un delito continuado de actividades y negociaciones prohibidas por el que pide para él la pena de dos años de prisión y 7.440 euros de multa.